Corte que ordenó liberar niños de cárceles de ICE celebra audiencia luego de vencer plazo sin resultados
Una jueza de distrito del norte de California celebrará este viernes una nueva audiencia para determinar el futuro inmediato de unos 124 menores detenidos en tres centros familiares del gobierno.
La audiencia fue fijada por la jueza Dolly Gee el pasado 25 de julio, fecha en la que expiró el plazo para que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) liberara a los menores de edad y usara su discrecionalidad para poner en libertad también a sus madres.
Pero ICE ha dicho que los menores y sus madres no serán puestos en libertad porque les fueron negadas sus entrevistas de miedo creíble y colocados en proceso de deportación.
Las expulsiones no se han llevado a cabo porque todos ellos forman parte de una demanda colectiva, interpuesta contra el gobierno por violación a sus derechos en el inicio de sus peticiones de asilo.
El dictamen de junio
En junio Gee, quien preside la Corte del Distrito Norte de California, ordenó a ICE la liberación de 124 menores y sus madres a más tardar el 17 de julio.
La jueza dijo que ICE debía cumplir con lo estipulado en el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno detener por más de 20 días a menores de edad en centros federales y deben esperar en libertad la resolución de sus casos de asilo.
Sin embargo, a petición del gobierno, un día antes, el tribunal amplió el plazo para que ICE libere a los niños detenidos en los centros de detención Dilley y Karnes, ubicados en las afueras de San Antonio (Texas) y Berks (Pennsylvania).
La nueva fecha se cumplía el 27 de junio. “Pero no hubo liberación de menores”, dijo Stephany Álvarez-Jones, abogada del Proyecto Dilley que representa a las familias detenidas en ese centro.
El día que venció el plazo el tribunal dijo que la liberación era “inaplicable” por ahora porque no se han cumplido las condiciones para que ocurra.
“ICE no ha cumplido con ninguna disposición de la orden judicial del 26 de junio”, dijo a Univision Noticias la abogada Shalyn Fluharty, directora de Proyecto Dilley. “Los niños no fueron liberados antes de la fecha límite de la corte, el distanciamiento social no se hizo cumplir en las instalaciones, se ignoraron los procedimientos de enmascaramiento y las pruebas de instalaciones de covid-19 se mantuvieron minúsculas”.
“El gobierno debe rendir cuentas por no cumplir con las órdenes judiciales y su promesa de proteger la seguridad y el bienestar de los niños", indicó.
La opinión de Gee
La jueza Gee recordó en el fallo de finales de julio la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y que el gobierno no puede mantener privados de libertad a menores por más de 20 días.
También dijo que el gobierno no puede separarlos forzadamente y que la liberación de los menores debe hacerse con el consentimiento de sus padres, en el caso que los niños sean entregados a tutores o patrocinadores.
Pero simultáneamente el tribunal, como una medida de protección y para evitar una separación, dijo que “en el ejercicio de la discreción de ICE”, puede liberar a los niños con sus progenitoras, ayudando esto a evitar que sigan estando expuestos a ser contagiados por el covid-19.
Como no ocurrió ningún cambio al estatus de los detenidos, la corte dijo que las órdenes emitidas hasta ahora eran “inaplicables”, quedando los menores y sus padres detenidos mientras sigue en curso la demanda de acción de clase.
Nueva audiencia
El tribunal también dijo en esa ocasión que, si bien no puede dictar los resultados de las negociaciones entre las partes, seguirá buscando establecer una especie de protocolo para garantizar el respeto a los derechos de los inmigrantes.
En ese esfuerzo requirió que las partes en la disputa jurídica entregaran un informe actualizado de la situación del caso a más tardar el 5 de agosto, y este viernes en horas de la tarde se presenten a una audiencia donde escuchará a los abogados de las partes.
El Proyecto Dilley dice que no se sabe qué resultará en la audiencia y no tiene indicios de lo que pueda resolver la corte, pero confía en que la jueza Gee vuelva a emitir un fallo ordenando la libertad de los menores, y recomendar a ICE que use su discreción para libertar también a sus madres y protegerlos de ser infectados por el covid-19.
La jueza Gee instó además a las partes a “dejar de difundir la ficción de que las familias serán separadas” y que no habrá separaciones forzadas.
El acuerdo Flores
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reunificarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país. La menor fue mantenida detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia argumentando que no podía entregar niños a "terceros".
Tras conocerse el caso, el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella privados de libertad fueran víctimas de los abusos y atropellos del gobierno.
La demanda
La demanda del CHRCL cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba a personas menores de edad bajo arresto istrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podría tomar varios años.
El grupo de derechos civiles solicitó a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza, mientras que llevaban a cabo los procedimientos de deportación.
El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (diario oficial) de conformidad con la Ley de Procedimiento istrativo, y los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hayan cometido delito alguno.
