Separaciones forzadas de familias en la frontera, la huella de terror que todavía persiste
El 29 de julio de 2018 el juez Dana Sabraw ordenó al gobierno de Donald Trump entregar todos los nombres de las familias separadas forzosamente por su gobierno en la frontera con México. La lista, sin embargo, no aparece por ninguna parte. El dictamen de la Corte Federal de Distrito del Sur de California, en San Diego, precisó que los departamentos involucrados en las separaciones, Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS), elaboraran y enviaran el documento.
La sentencia constituyó una importante victoria para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), quien no solo demandó al gobierno para detener las separaciones, sino que pidió al tribunal que las familias reunificadas tuvieran tiempo suficiente para encontrar caminos legales de permanencia y no los deportaran de manera expedita.
“Vamos a necesitar más ayuda para encontrar a los padres y a los menores y poderlos reunificar”, dijo en ese momento a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU. “Este fallo nos permitirá hacerlo”, indicó.
Cuatro años después, el número total de familias separadas no se conoce y unos 1,500 niños (dato actualizado en febrero) siguen perdidos en un limbo que, a juicio de expertos, tampoco se sabe cómo será reparado.
Las separaciones forzadas
Las separaciones forzadas de familias migrantes en la frontera con México provocó una profunda herida en la política migratoria de Estados Unidos.
La nación donde habita la 'madre de los exiliados', como le llamó Emma Lazarus a la Estatua de la Libertad, aquella mujer que alzó la antorcha para recibir al “pobre” y al “agotado” que aspiran “vivir en libertad”, fue testigo durante cuatro años de una tormenta de memorandos y decretos (más de 400) que le declararon la guerra a los que huyen sin papeles, los indocumentados.
Las separaciones comenzaron en secreto el 11 de abril de 2017, cincuenta días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Fueron establecidas a través de un memorando enviado a los fiscales estatales por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, quien ordenó que levantaran cargos criminales a los extranjeros que estaban llegando al país en busca de asilo, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
“La separación forzada de familias durante la istración Trump violó los derechos al debido proceso de las familias”, dice Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
La orden de Sessions
En el documento, Sessions definió la nueva política migratoria en la frontera dirigida a dos objetivos:
- establecer la “legalidad” del sistema;
- “disuadir” la llegada de indocumentados.
El blanco para el gobierno eran los indocumentados que trataban de ingresar, los “ilegales” que cruzan y también quienes los ayudan a llegar hasta la frontera, quienes los transporten y hasta quienes les dan albergue. A todos ellos, explicaba, “se les considerará para ser enjuiciados”. Y la prioridad la tendrán aquellos que “están transportando o albergando a tres o más personas”, categoría que bien pudo ser aplicada, por ejemplo, a matrimonios con un niño.
Sessions, además, ordenó que todas las agencias bajo el mando DHS ayudarán en el enjuiciamiento “de tales violaciones” y que "estas pautas deberían tener como objetivo 'disuadir' a aquellos que por primera vez tratan de llegar a la frontera". En cada caso, se lee en el memorando, los fiscales deben buscar la manera de obtener una orden de deportación, lo que implica que el inmigrante, además, recibiera una condena por el cargo que lo llevó ante el tribunal criminal.
Al respeto, Yale-Loehr dice que los procesos penales contra solicitantes de asilo y otras personas que intentaban ingresar a Estados Unidos “también sentaron un mal precedente. Las personas que huyen de la persecución tienen derecho, según la ley internacional y la estadounidense, a solicitar asilo”.
“La ley de Estados Unidos permite los procesos penales contra otras personas que intentan ingresar ilegalmente al país, pero tales procesos no disuaden a las personas desesperadas. En cambio, necesitamos una gestión fronteriza inteligente y más visas de trabajo temporales para permitir que las personas ingresen legalmente a Estados Unidos”, indicó.
En total secreto
A pesar de las innumerables advertencias hechas al gobierno de Trump para que revirtiera la orden de Sessions, los planes de la Casa Blanca siguieron adelante. La orden del 11 de abril de 2017 se ejecutó en total secreto. El gobierno comenzó a aplicarla por partes en la frontera hasta cubrir todos los espacios posibles. El mandatario no dijo nada sino hasta comienzos de mayo de 2018, trece meses después, cuando la anunció como parte de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.
Fue tal la reacción de condena dentro y fuera de Estados Unidos, que el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para, según dijo, proteger a las familias de las separaciones forzadas, un daño que él mismo había provocado por medio de la orden emitida por su fiscal general a los fiscales estatales.
Seis días después, el 26 de junio de 2018, una corte federal de San Diego ordenó al gobierno que reunificara a la totalidad de las familias separadas en la frontera que, según datos del DHS, eran 2,654 con niños entre solo algunas semanas de nacidos y los 17 años.
Pero de acuerdo con un informe del Congreso publicado en octubre de 2020, el plan de separaciones forzadas no tuvo la capacidad de rastrear adecuadamente a las familias.
“Destrucción y caos”
Titulado “La política de separación familiar de la istración de Trump: trauma, destrucción y caos”, el informe fue redactado por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes liderado entonces por el demócrata Jerrold Nadler.
El reporte de 551 páginas revisó la implementación del programa enmarcado dentro de la política migratoria de Trump que, según el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, se llevó a cabo entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 2018, pero que de acuerdo con evidencia recopilada por el comité fue implementado en secreto desde febrero de 2017, pocos días después de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Incluso antes del memorando de Sessions fechado el 11 de abril de ese año.
“Como resultado de este oscuro capítulo de la historia de nuestra nación, cientos de niños migrantes nunca podrán ser reunidos con sus padres”, se lee en el informe. " Probablemente, nunca se reunirán con sus padres".
Panorama “desolador”
El 2 de febrero de 2022, al cumplirse un año del nombramiento del Equipo de Trabajo de la Casa Blanca de Joe Biden encargado de reunificar las familias separadas forzosamente en la frontera con México durante el gobierno de Trump, unos 1,500 niños todavía no habían sido devueltos a sus padres, muchos de ellos deportados solos a sus países de origen y que no se sabe dónde están.
“Cuando llegamos aquí, hace un año, no había nada, no había espacio para trabajar, no había personas (equipos) trabajando (en las reunificaciones), no teníamos la información de quiénes habían sido separados”, dijo en exclusiva al Noticiero Univision Michelle Brane, directora ejecutiva del ‘trask force’ nombrado por el presidente poco después de asumir el control de la Casa Blanca.
“Solo había un montón de papeles, de archivos, pero no unidos, ni confirmados. Lo que encontramos fueron errores en nombres, errores en números (de registro como extranjeros y de casos), repeticiones, falta de información”, agregó.
El panorama con el que se encontró el gobierno era desolador, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de niños, menores de edad que habían llegado a la frontera sur del país junto a sus padres en busca de asilo, un recurso legal disponible.
Daño “irreparable”
¿Se puede medir el daño provocado por la política de separaciones forzadas de familias en la frontera durante el gobierno de Trump y al debido proceso? Las preguntas fueron hechas a Dana Leigh Marks, una exjueza de inmigración y vicepresidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).
Marks aclara que sus respuestas son “solo mías, no representan a la NAIJ”, y que se atreve a compartirlas con Univision Noticias “ya que provienen de un experto en el campo de la ley de inmigración, con 35 años en el tribunal de inmigración y 10 años de práctica como abogado privado de inmigración antes de eso”.
“Estas son preguntas profundas que son muy difíciles de responder en forma sucinta”, señala. “El daño causado por la política de separación familiar impactará a generaciones de familias que han sido irremediablemente dañadas psicológicamente por esta política bárbara".
En cuanto al daño humano causado, “el alcance no será totalmente calculable durante décadas y afectará a la dinámica familiar de los hijos de estos niños”, indica. “Los expertos en psicología serían los mejor equipados para comentar más sobre el daño que esto ha causado”.
En cuanto a su efecto sobre la inmigración, Marks dice que “creo que no es prudente hacer una comparación o un impacto a partir de esto. La lección que nuestros legisladores parecen incapaces de aprender con respecto a la aplicación de la ley de inmigración es que ningún muro, ninguna amenaza de encarcelamiento, ningún enjuiciamiento, ninguna separación de familias detendrá el flujo de migrantes que enfrentan condiciones aún peores en sus países de origen”.
El éxodo sigue
Marks, al igual que la postura manejara por el gobierno y el ‘ task force’ liderado por Brane, dice que “la desesperación hace que las personas asuman riesgos”, defiriéndose a los inmigrantes que huyen de sus países para venir a Estados Unidos en busca de asilo.
“Los problemas solo se resolverán cuando trabajemos en cooperación con los países cuyos ciudadanos están huyendo para hacer que las condiciones allí sean soportables. La historia de nuestras políticas con México muestra que permitir que las personas vengan a trabajar, regresen a casa cuando no haya trabajo y regresen sin penalización, sirvió tanto a las empresas estadounidenses como a las familias afectadas por tales patrones de inmigración”, agrega.
“Personalmente, creo que el modelo de (implementado por la) Unión Europea, de fronteras relajadas y la capacidad de trabajar en los países del grupo, sería un mejor modelo para seguir en las Américas (Norte, Centro, Sur y Caribe)”.
En cuanto al trato de la istración Trump hacia los solicitantes de asilo, “el daño allí también es irreparable”, precisa. “Ha causado vergüenza y pérdida de respeto internacional a Estados Unidos. El gobierno de Biden no ha podido revertir ese daño y necesita dedicar muchos más recursos a ayudar a los solicitantes de asilo y cumplir con la Ley de Refugiados de 1980 en lugar de tratar de evitarlo reduciendo las protecciones otorgadas a los refugiados o haciendo que el proceso sea más engorroso”.
A su vez, Marks señala que “el Congreso debe proporcionar recursos adicionales para desenredar este lío, ya que los cambios de política por sí solos no lo resolverán. Y que la decisión del Departamento de Justicia de Sessions, de procesar a los inmigrantes ilegales, muchos de los cuales son refugiados, simplemente enturbió aún más las cosas”.
“Volviendo a mi punto anterior, no existe una disuasión viable para la migración excepto la mejora de las condiciones en el hogar. Lo que hicieron los procesos penales fue enfatizar indebidamente los tribunales penales cercanos a la frontera, en detrimento de la aplicación efectiva de la ley para delitos más graves. No sé cuánto tiempo llevará recuperarse de esa política desacertada”, apuntó.
Discurso arraigado
De los 28 estados gobernados por republicanos, al menos 20 siguen añorando la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump. El dato asoma de la batalla judicial entablada por Texas y Louisiana en contra de las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), contienda que será resuelta por la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de emergencia interpuesto por el gobierno luego de dos fallos contrapuestos emitidos por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º Circuitos.
Además de Texas y Louisiana, la lista la integran Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Indiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Utah y West Virginia, quienes se unieron a los demandantes esgrimiendo los mismos argumentos: que la política de Biden ha generado una crisis en la frontera, pero no reconocen que la llegada de miles de inmigrantes en busca de asilo deben ser manejados de acuerdo con el debido proceso establecido por el Congreso.
A la pregunta acerca de por qué a casi dos años de su salida de la Casa Blanca todavía muchos republicanos siguen proponiendo este tipo de políticas, Roberto Izurieta, director de los programas de América Latina y Campañas Políticas de la Universidad George Washington, respondió: “Porque lo pensaban antes. O sea, Donald Trump propuso esta política porque sabía que existía resonancia”.
El expresidente “sabía que existía resonancia en un gran grupo de electores. Él siempre ha hecho lo que le ha convenido", indicó.
En cuanto a si la tolerancia cero decidirá el control del Congreso en la elección de medio término de noviembre, cuando los electores acudan a las urnas, Izurieta dijo que “generalmente toda elección está determinada por la economía, mucho más cuando se enfrenta una situación económica difícil. No veo por qué esta sea distinta”.
A cuatro años de una tragedia que sigue causando llanto y tristeza entre quienes se vieron afectados, Univision Noticias publica una segunda edición de ‘Terror en la Frontera’, una recopilación de artículos y documentos que evidencian cómo el gobierno, en 2018, fabricó una crisis cuyo objetivo fue definido por la política de tolerancia cero hacia los miles de indocumentados que venían huyendo de sus en busca de asilo en Estados Unidos. Descarga ahora tu ejemplar aquí.
