El DHS compró datos de ubicación de móviles y creen que fue para ubicar inmigrantes, según ACLU
El gobierno federal hizo uso extensivo de datos de ubicación de teléfonos móviles incluyendo a extranjeros y ciudadanos estadounidenses, devela un informe publicado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Basado en registros obtenidos en el transcurso del 2021 a través de una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), los datos arrojan “nueva luz” sobre la capacidad del gobierno para obtener “nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal”, dice el principal grupo de derechos civiles del país.
El reporte incluye la publicación de miles de páginas de registros inéditos que explican “cómo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras partes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están eludiendo nuestro derecho de la 4ª Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables del gobierno al comprar a, y el uso de grandes volúmenes de información sobre la ubicación de los teléfonos móviles de las personas extraída silenciosamente de las aplicaciones de los teléfonos inteligentes”.
“Estos documentos (más de 6,100 páginas) son una prueba más de que el Congreso necesita aprobar la Ley de no venta de la 4ª Enmienda, que pondría fin a la práctica de las agencias de aplicación de la ley de comprar el requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda”, señala.
La denuncia del 2020
En febrero de 2020 el diario The Wall Street (WSJ) reportó que agencias federales estaban utilizando datos de ubicación de teléfonos celulares para aplicar la ley de inmigración. El
periódico dijo que la herramienta fue conseguida tras la compra del a una base de datos comercial que rastrea y mapea los movimientos de millones de teléfonos celulares.
El diario dijo en aquella ocasión que la información “la están utilizando para la implementación de la ley de inmigración y la seguridad fronteriza”, y que los datos de ubicación “se obtienen de aplicaciones de teléfonos celulares comunes, incluidas las de juegos, clima y comercio electrónico, para las cuales el ha otorgado permiso para registrar la ubicación del teléfono”.
El diario denunció en aquella ocasión que el DHS utilizó la información para detectar a inmigrantes indocumentados y otras personas que pueden ingresar ilegalmente al país. También que ICE, agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, ha utilizado los datos para ayudar a identificar a los inmigrantes que posteriormente fueron arrestados.
La CBP también utiliza la información “para buscar actividad de teléfonos celulares en lugares inusuales”, tal como zonas remotas en el desierto que se extienden a lo largo de la frontera con México, dijeron las fuentes mencionadas por el periódico.
Nuevas demandas
Tras la denuncia del WSJ sobre la compra sin orden judicial de a la información de ubicación confidencial de las personas a principios de 2020, ACLU dijo que “presentamos una solicitud de FOIA al DHS, ICE y CBP, y demandamos para obligar a las agencias a responder a la solicitud en diciembre de 2020”.
La Unión dijo además que, “aunque el litigio sigue en curso, hacemos públicos los registros que CBP, ICE, el Servicio Secreto, la Guardia Costera y varias oficinas que operan bajo el mando del DHS, nos han proporcionado hasta la fecha”.
El informe indica que los registros publicados “arrojan luz sobre los millones de dólares de los contribuyentes que el DHS usó para comprar a la información de ubicación de teléfonos celulares que dos intermediarios de datos en la sombra, Venntel y Babel Street, agregan y venden”.
“Los documentos exponen los intentos de esas empresas, y del gobierno, de racionalizar esta venta sin restricciones de cantidades masivas de datos frente al precedente de la Corte Suprema que protege los datos de ubicación de teléfonos celulares similares contra el del gobierno sin una orden judicial”, advierte ACLU.
Datos de los vendedores
En 2020 el WSJ reportó que el a la base de datos comenzó a ser tramitado en 2017 por una división del DHS.
El proveedor era Venntel Inc., de Herndon, Virginia, una compañía tecnológica que comparte varios ejecutivos y patentes con Gravy Analytics, una pieza importante en el sector móvil.
El reportaje añade que en 2018 ICE compró licencias Venntel por valor de $190,000. Y en septiembre del 2019 la CBP compró $1.1 millones en licencias para tres tipos de software, incluidas las suscripciones de Venntel para datos de ubicación.
El periódico dijo además que el DHS y las agencias bajo su mando “reconocieron” haber comprado el a la base de datos, pero no discutieron los detalles sobre cómo los están utilizando en las operaciones policiales.
Otras fuentes familiarizadas con protocolos de operación de las agencias indicaron que la herramienta se utiliza para “generar pistas de investigación sobre posibles cruces fronterizos ilegales y para detectar o rastrear grupos de migrantes”.
CBP dijo que tiene “protecciones de privacidad” y límites sobre cómo usa la información para ubicar teléfonos. Agregó que solo accede a una pequeña cantidad de datos de ubicación, y que garantiza “proteger la privacidad de estadounidenses”.
Precedente jurídico
El informe de ACLU advierte que en 2018 la Corte Suprema de Justicia, en el caso Carpenter v. Estados Unidos, “dictaminó que el gobierno necesita una orden judicial para acceder al historial de ubicación del teléfono celular de una persona de los proveedores de servicios celulares debido a las 'privacidades de la vida' que esos registros pueden revelar”.
Ese caso, dependía de una solicitud de información de ubicación histórica de un sospechoso durante un período de varios meses. “En los documentos que recibimos durante el año pasado, encontramos materiales de marketing de Venntel enviados al DHS que explican cómo la empresa recopila más de 15,000 millones de puntos de ubicación de más de 250 millones de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles todos los días”, agrega.
Con estos datos, ACLU dice que las fuerzas federales del orden pueden "identificar dispositivos observados en lugares de interés" e "identificar visitantes habituales, lugares frecuentados, identificar asociados conocidos y descubrir patrones de vida", según un folleto de marketing de Venntel.
Los documentos explican cuán precisos y esclarecedores son estos datos, lo que permite el "análisis del patrón de vida para identificar personas de interés", precisa el reporte. “Al buscar en este tesoro masivo de información de ubicación a su antojo, los investigadores del gobierno pueden identificar y rastrear a individuos específicos o a todos en un área en particular, aprendiendo detalles de nuestras actividades y asociaciones privadas”, añade.
Uso indebido
“No se debe permitir” que el gobierno compre estos datos “eludiendo las protecciones constitucionales fundamentales contra las búsquedas irrazonables de nuestra información privada”, precisa la ACLU.
Agrega que, ante las obvias implicaciones de privacidad del sin orden judicial a esta información, “estas empresas y agencias hacen todo lo posible para racionalizar sus acciones”. Y que, a lo largo de la revisión de los documentos, “la información de ubicación del teléfono celular se caracteriza de diversas formas como un mero ‘escape digital’ debido a que no contiene ‘PII’ (información de identificación personal) porque está asociada con el identificador numérico de un teléfono celular en lugar de un nombre, aunque el propósito completo de estos datos es poder identificar y rastrear personas”.
Según ACLU, “los registros también afirman que estos datos son ‘100 por ciento opcionales’, que los s de teléfonos celulares comparten "voluntariamente" la información de ubicación y que se recopilan con el consentimiento del de la aplicación y el ‘permiso del individuo’”. Pero explica que este consentimiento “es una ficción: muchos s de teléfonos celulares no se dan cuenta de cuántas aplicaciones en sus teléfonos recopilan información del GPS, y ciertamente no esperan que esa información se venda al gobierno en grandes cantidades”.
Según el grupo de derechos civiles, “algunos empleados del DHS expresaron preocupación con documentos informativos internos que, incluso reconocieron que ‘las revisiones legales, de políticas y de privacidad no siempre han seguido el ritmo de las tecnologías nuevas y en evolución’”.
“De hecho, en un correo electrónico interno, un director principal de cumplimiento de privacidad señaló que la Oficina de Ciencia y Tecnología del DHS parecía haber comprado a Venntel a pesar de que nunca se aprobó una evaluación del umbral de privacidad requerida”, indica. “Varios hilos de correo electrónico destacan la confusión interna en la oficina de privacidad de la agencia y las posibles brechas de supervisión en el uso de estos datos, hasta el punto de que todos los proyectos relacionados con los datos de Venntel se detuvieron temporalmente debido a preguntas legales y de privacidad sin respuesta”, indica.
Herramienta peligrosa
En diciembre de 2020 la ACLU la ACLU advirtió que la compra secreta y uso de datos de ubicación de teléfonos celulares para ubicar y rastrear personas en Estados Unidos, incluso para la aplicación de leyes de inmigración, era “inquietante”.
Los chips de GPS en los teléfonos inteligentes modernos nos brindan muchas comodidades, lo que permite que las aplicaciones de nuestros teléfonos mapeen rápidamente nuestra ubicación, brinden actualizaciones del clima y más, agregó.
“Pero muchas de esas aplicaciones no guardan nuestra información de ubicación para sí mismas”, dijo en un comunicado Nathan Freed Wessler, abogado senior del Proyecto de Habla, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “No puede haber responsabilidad sin transparencia”.
Citando un reporte de The Wall Street Journal en febrero de ese año, Wessler dijo que estos datos confidenciales de ubicación no solo están a la venta a entidades comerciales, pero que ahora también los están comprando agencias gubernamentales, incluido el DHS “para localizar y arrestar inmigrantes”.
“Estas prácticas generan serias preocupaciones de que las autoridades federales de inmigración están eludiendo las protecciones de la 4ª Enmienda para la información de ubicación de teléfonos celulares al pagar por el en lugar de obtener una orden judicial”, precisó.
Wessler dijo que en la demanda la ACLU exige al DHS, el CBP e ICE “que divulguen información sobre su compra y uso de información precisa sobre la ubicación del teléfono celular”.
Entre las preguntas a las que buscamos respuestas “se encuentra cómo el gobierno puede justificar la obtención de datos confidenciales de ubicación de teléfonos celulares sin obtener una orden de registro” firmada por un juez competente, añade.
Las compras siguen
A pesar de las preocupaciones internas, ACLU dice que, “no obstante, el DHS ha seguido adelante con estas compras masivas de datos de ubicación”. Y que el volumen de información confidencial sobre la ubicación de las personas obtenida por la agencia “es asombroso”.
El reporte denuncia que “entre los registros que CBP nos entregó había siete hojas de cálculo que contenían un pequeño subconjunto de los datos de ubicación sin procesar comprados por la agencia a Venntel”.
Detalla además que, “aunque las coordenadas de ubicación para cada entrada de la hoja de cálculo están eliminadas, la fecha y la hora de cada punto de ubicación no lo están”.
También halló que “las 6,168 páginas de registros de ubicación que revisamos contienen aproximadamente 336,000 puntos de ubicación obtenidos de los teléfonos de las personas. Durante un lapso de tres días en 2018, los registros contienen alrededor de 113,654 puntos de ubicación, más de 26 puntos de ubicación por minuto. Y esos datos parecen provenir de una sola área en el suroeste de los Estados Unidos, lo que significa que es solo un pequeño subconjunto del volumen total de información de ubicación de las personas disponible para la agencia.
Los investigadores de ACLU advierten además que los documentos destacan “preocupaciones particulares sobre la privacidad de las personas que viven cerca de las fronteras de nuestra nación”. Y que de acuerdo con un documento interno del DHS de 2018, ese ministerio “propuso usar los datos de ubicación para identificar patrones de inmigración ilegal, amenazando con barrer indiscriminadamente información sobre personas que llevan a cabo su vida diaria en las comunidades fronterizas”.
“También existe la posibilidad de que las entidades locales encargadas de hacer cumplir la ley obtengan a esta gran cantidad de datos de formas que normalmente no podrían. Esto se ilustra con una solicitud preocupante al DHS de un departamento de policía local en Cincinnati, en busca de análisis de datos de ubicación relacionados con sobredosis de opioides en su jurisdicción”, se lee en el estudio.
Denuncia de enero
A principios de enero de este año un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno reveló que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) compartió información de dreamers con otras agencias federales, entre ellas ICE.
El reporte precisó que el servicio de inmigración entregó a la agencia encargada de las deportaciones información personal de unos 900 dreamers cuyas peticiones del Programa de Acción Diferida (DACA) habían sido rechazadas por no cumplir con los requisitos entre junio de 2012 y junio de 2021.
DACA fue creado en 2012 por medio de una orden ejecutiva para amparar de la deportación a unos 1.2 millones de jóvenes indocumentados que entraron a Estados unidos antes de cumplir 16 años y se encuentran en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 o antes. Los beneficiarios reciben un amparo de deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años.
El período de revisión incluyó los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump y los cinco primeros meses de Joe Biden.
Tras conocer el reporte, la comunidad de dreamers dijo que los resultados justifican los reclamos por un estatus legal de permanencia permanente en Estados Unidos.
“Los resultados del informe muestran la realidad que viven miles de dreamers, quienes a pesar de estar protegidos de la deportación bajo DACA, todavía tenemos encima el riesgo de la deportación”, dijo en esa ocasión José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream, (UWD).
“También nos dice que es de gran urgencia que el Congreso actúe y apruebe una legalización permanente de millones de indocumentados porque esa es la única protección definitiva”, agregó.
Muñoz indicó además que “el amparo de deportación de DACA y el permiso de trabajo que renovamos cada dos años no son suficientes. Tenemos mucha urgencia de tener una solución que nos dé un camino a la ciudadanía, no solo una protección temporal”.
Hay más datos
Por último, ACLU dice que todavía hay información que no se conoce. “El DHS nos debe más documentos, pero independientemente de lo que muestren, ya está muy claro que la práctica de las fuerzas del orden público de comprar las protecciones centrales de la 4ª Enmienda debe terminar”.
“Hay una legislación bipartidista en el Congreso en este momento que haría exactamente eso. La Ley de la 4ª Enmienda no está a la venta, requeriría que el gobierno obtenga una orden judicial antes de obtener los datos de los estadounidenses, como la información de ubicación de nuestros teléfonos inteligentes, de los corredores de datos”, reitera.
El informe concluye indicando que “el principio aquí es simple: no se debe permitir que el gobierno compre su camino eludiendo las protecciones constitucionales fundamentales contra las búsquedas irrazonables de nuestra información privada. No hay fin en torno a la 4ª Enmienda de la Constitución. Los legisladores deben aprovechar la oportunidad para poner fin a esta invasión masiva de la privacidad sin demora".
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