¿Podría la estadidad apurar la ayuda a Puerto Rico luego de catástrofes?
Durante toda la semana posterior al huracán María y su paso por Puerto Rico, la istración Trump declinó suspender un conjunto de regulaciones de carga marítima que podría haber ayudado a acelerar la entrega de alimentos, gasolina y otros productos a la isla.
Recién el jueves 28 la Casa Blanca anunció que permitiría la llegada de estas embarcaciones. Sin embargo, para muchos esta medida llega tarde, especialmente teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sí había suspendido estas regulaciones para llevar ayuda a víctimas del huracán Harvey en Texas y el huracán Irma en Florida. Estas normas son parte de la Ley Jones, una regulación de 1920 que limita los embarques entre las costas del país solo a buques con bandera estadounidense. El gobierno ha suspendido esta ley muchas veces después de emergencias, aunque no sin debate. Suspender la Ley Jones requiere algo más que simplemente activar un interruptor: a menos que la solicitud provenga del secretario de Defensa, enfrenta numerosos obstáculos.
En otras palabras, la suspensión de la Ley Jones exige que las autoridades empleen algo de capital político. La demora de la istración Trump en el caso de Puerto Rico pone de manifiesto el abismo político entre este territorio insular y el resto de Estados Unidos. Y esto se condice con la postura de la opinión pública en el continente: aproximadamente la mitad de los estadounidenses encuestados recientemente no sabían que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses. Tomando en cuenta que el presidente Trump pasó el fin de semana discutiendo con los jugadores afroestadounidenses de la NFL en Twitter en vez de hablar del huracán María, él podría estar entre quienes no lo saben.
Para algunos, la diferencia pasa por dejar de ser estado libre asociado y ser un estado más de la unión. "La única forma de solucionar a largo plazo la situación en Puerto Rico es a través de la estadidad", dice José Fuentes, presidente del Consejo para la Estadidad de Puerto Rico. La crisis ha fortalecido el prolongado debate sobre si Puerto Rico merece ser itido formalmente a la unión de estados estadounidenses, una cuestión que se remonta al caso Balzac v. Porto Rico[sic], una decisión de 1922 en la que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó las aspiraciones de los territorios estadounidenses. "Después de cien años de ser ciudadanos estadounidenses, de combatir en todas las guerras desde 1917, y que básicamente el congreso nos haya convertido en el equivalente a un estado, pero sin la financiación, es el momento para que el congreso actúe".
Las necesidades a corto plazo de Puerto Rico son enormes y el gobierno ha tomado medidas para hacerles frente. El 21 de septiembre, el presidente Donald Trump declaró zona de gran desastre a Puerto Rico y el martes modificó la declaración para proporcionar más ayuda federal. La Marina de Estados Unidos está desplegando un buque hospital, el USNS Comfort, en Puerto Rico, después de ciertas persuasiones por parte de Hillary Clinton. Sin embargo, en las declaraciones de la Casa Blanca falta el sentimiento de alarma real. Al preguntársele sobre la decisión de su istración de negar la suspensión de la Ley Jones el miércoles, Trump displicentemente citó los intereses de la industria del transporte marítimo: "Mucha gente que trabaja en la industria del transporte marítimo que no quiere que se levante la Ley Jones", dijo. "Tenemos muchos barcos ahí afuera ahora mismo".
Por cierto, la Asociación Marítima Estadounidense, una coalición que representa a la industria naviera nacional, posteriormente declaró que las preocupaciones por levantar la Ley Jones eran exageradas. De acuerdo a ellos, el cuello de botella es la distribución de suministros desde los puertos, no llegar con estos productos al puerto, algo que ya se está viendo.
Pero la profundización de la crisis humanitaria en Puerto Rico revela una respuesta en casos de desastre que es radicalmente diferente a las acciones emprendidas a raíz de los huracanes que azotaron el territorio continental estadounidense recientemente. Aunque Fuentes elogió los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y del senador de la Florida Marco Rubio, resumió varias necesidades que pueden no estar en perspectiva.
"A corto plazo, mañana ya, Puerto Rico necesita una exención de la Ley Jones, para que podamos empezar a traer cosas sin la imposición de esta", indicó Fuentes el martes, antes de que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera un veredicto. "Los hospitales están funcionando con generadores. Los almacenes de alimentos congelados están funcionando con generadores. Necesitamos diésel si queremos mantener esa comida".
En los días que vienen, el congreso tratará el tema del paquete de ayuda en caso de huracán para Puerto Rico. O quizás no: Politico informa que aún faltan semanas para que haya una solicitud formal de financiación, pues la devastación en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses es tan amplia que no se puede hacer una evaluación. Aún así, el congreso aprobó un importante paquete de ayuda en caso de huracán tan sólo seis días después de que el huracán Harvey azotara Texas. Anteriormente, el gobierno suavizó la Ley Jones para lidiar con el derrame de petróleo del Exxon Valdez, una tragedia ecológica en Alaska, pero que distó mucho de ser una catástrofe humanitaria.
Puerto Rico no tendrá ninguna voz real en cualquier decisión que tome el congreso. Pero lo que se jugará en este debate no puede ser más relevante para sus ciudadanos: una estimación coloca los daños por el huracán en más de 72,000 millones de dólares. María se produjo justo un mes después de que Puerto Rico declarara una ‘quiebra suave’ en mayo, tras una crisis de endeudamiento que Fuentes y otros críticos dicen que fue impulsada en gran medida por la desigual clasificación de Puerto Rico con respecto al resto del país. Es posible que los daños causados por María puedan incluso superar la deuda que arruinó financieramente la isla.
En el largo plazo, varias características del estatus de Puerto Rico como un territorio no incorporado podrían agravar su sufrimiento. Las deducciones fiscales por hijos que disfrutan las familias estadounidenses en los estados de Estados Unidos no son plenamente aplicables a Puerto Rico, donde sólo las familias con tres o más hijos podrán recibir la deducción. El Crédito sobre el Impuesto a las Rentas, una forma de alivio tributario para familias de bajos ingresos, no se aplica a Puerto Rico.
Las instituciones de inclinaciones progresistas como el Centro de Prioridades Políticas y Presupuestales han argumentado en favor de extender estos beneficios fiscales a las familias puertorriqueñas, mientras que los grupos conservadores como la Heritage Foundation han apoyado lo contrario. De cualquier manera, los puertorriqueños no tienen ni voz ni voto en la decisión (la isla está representada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Jenniffer González, una comisionado residente sin derecho a voto).
Los contribuyentes en Puerto Rico pagan todos los impuestos federales (excepto impuestos sobre la renta generada en la isla). Sin embargo, a pesar de pagar Medicare y Medicaid, a los residentes de Puerto Rico se les reembolsa a tasas mucho más bajas que las de los estados de Estados Unidos. Según Johnny Rullán, exsecretario de Salud de Puerto Rico, "el programa de Medicaid de Puerto Rico recibe [una] tasa de reembolso 70% menor que la de cualquier otro estado y tiene un tope".
Enfocándose en el lejano asunto de la reconstrucción, Fuentes dice que Puerto Rico tendrá que reformar por completo su infraestructura, desde carreteras y puentes hasta la red eléctrica. "Simplemente no se puede arreglar lo que hay actualmente", dice. "Tiene que reconstruirse desde cero". Esto significa oportunidades económicas y empleos para los puertorriqueños, pero también requerirá el apoyo del gobierno federal en forma de Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario y otras formas de apoyo que la istración Trump ha prometido recortar.
Una vez más: Puerto Rico no tiene voto en ninguno de los proyectos de ley, paquetes o reformas que dictarán su destino. Sus residentes, quienes han disfrutado de la ciudadanía estadounidense desde hace 100 años, desearían que esto no fuera así: un 97% de los votantes apoyó un referéndum sobre la estadidad en junio (aunque solo un 23% del electorado participó y la opción de la independencia sigue sonando fuerte entre algunos de la sociedad boricua).
Tomando en cuenta el actual congreso, parece ser casi imposible que se proponga la estadidad para Puerto Rico desde el punto de vista político, aunque algunos votantes puertorriqueños son de tendencia conservadora. Además, es difícil decir cómo los puertorriqueños votarán en las elecciones congresionales, ya que la isla tiene partidos políticos totalmente diferentes a los del territorio continental. Sí se puede decir que no son muy afines a Trump: una columnista del Miami Herald sugirió que el desinterés del presidente en cuanto a Puerto Rico puede ser una consecuencia del hecho de que Clinton obtuvo muchos votos puertorriqueños en Florida durante la elección de 2016.
Un esfuerzo por la estadidad podría itir a Puerto Rico junto con el Distrito de Columbia como nuevos estados, con el fin de neutralizar las ganancias en el congreso que les corresponderían a cada partido, pues los nuevos representantes de Puerto Rico probablemente compensarían los Washington DC, los cuales tienen una fuerte inclinación demócrata. Concederles la estadidad a los residentes de Puerto Rico es una idea que ellos se merecen: son personas que pagan impuestos federales y mueren en guerras en el extranjero pero que no pueden votar por un senador o un presidente.
Con el huracán y la crisis financiera, el argumento en favor de la estadidad para Puerto Rico ha adquirido nueva urgencia. Las futuras decisiones sobre la reforma fiscal, el gasto en infraestructura y los recortes a la seguridad social —por no hablar de los paquetes de ayuda más inmediata ante el congreso— servirán de marco para un proceso de recuperación que podría durar toda una generación.
"Treinta y dos territorios se han convertido en estados", dice Fuentes. "Hacer esto no requiere ser científico espacial. Sabemos cómo es el proceso".
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.
