Todo listo para el juicio que puede sacar a Lula da Silva de la carrera presidencial de Brasil
SAO PAOLO, Brasil.- Todo está listo para el juicio más esperado del año en Brasil. Este miércoles 24 de enero, el expresidente brasilero Luis Inácio Lula da Silva será juzgado en segunda instancia ante el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de Porto Alegre (TRF4), donde tres jueces analizarán la sentencia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero que le impuso en julio de 2017 el magistrado Sergio Moro.
Ni las vacaciones de verano ni los ensayos de Carnaval han logrado que esta fecha se borre de la memoria de los brasileños. Como si se tratara de una final de Super Bowl, las hinchadas a favor y en contra se preparan para jornada.
Los medios desmenuzan cada detalle: la seguridad del evento, los actos antes y después del juicio, los intelectuales que apoyan y los que condenan, el perfil de los jueces, y en definitiva, la gran pregunta: ¿Qué se puede esperar de la sentencia del 24 de enero? Como si en esa respuesta se pudiera entrever el futuro de Brasil.
En parte, eso también está en juego. La ratificación de la condena puede dejar a Lula da Silva fuera de la carrera presidencial justo cuando las encuestas le dan como el candidato favorito de los brasileños.
Pero en este juicio no solo se juega la inocencia o culpabilidad del exmandatario, sin quererlo también se ponen en discusión dos modelos de país.
Para los lulistas, el retorno del exsindicalista a la presidencia supone una esperanza de que Brasil vuelva a apostar por las políticas sociales de redistribución de la renta. Pero sus detractores ven en Lula el símbolo de la corrupción y piden su cabeza para “comenzar un nuevo Brasil limpio con menos poder del Estado y más neoliberal”, repiten los jóvenes líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) en todos sus discursos.
Una sentencia débil y polémica
Este miércoles, tanto Luiz Inácio Lula da Silva como el juez Sergio Moro (encargado de dirigir la investigación de los desvíos millonarios de Petrobras de la Operación Lava Jato) serán juzgados. El primero por los crímenes que se le imputan: el expresidente es acusado de ser el supuesto dueño oculto de un apartamento en la costa de Guarujá (Sao Paulo) que le habría dado la constructora OAS a cambio de que intercediera para conseguir tres contratos entre la constructora y la estatal petrolera Petrobras.
Pero Moro y su condena a nueve años y medio de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva también serán observados con lupa. Desde que el juez de Curitiba dio a conocer su parecer los más de 600 folios de sentencia han sido analizados por juristas de diversas tendencias políticas que coinciden en un mismo adjetivo: sus argumentos son frágiles. Falta de pruebas, un excesivo protagonismo del magistrado, contradicciones y “vicios” legales son algunas de las críticas. Los tres jueces de Porto Alegre tendrán que optar por anular la sentencia o ratificarla, pudiendo aumentar o disminuir la condena.
Más de cien juristas brasileños señalaron en el ensayo Comentarios de una sentencia anunciada los tres puntos más débiles y polémicos de la sentencia del juez Moro. El primero tendría que ver con la incapacidad del magistrado para demostrar que el apartamento de Guarujá perteneciera al expresidente.
El jurista Antonio Carlos da Ponte, de la Universidad Católica de Sao Paulo (PUC) recuerda que “para hacer una sentencia de corrupción pasiva y lavado de dinero se necesitan datos concretos y en ninguna parte hay unas escrituras a nombre de Lula o cualquier otra prueba que lo relacionen como dueño del inmueble”.
La segunda debilidad sería que el magistrado no logra señalar el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por Lula a favor de la constructora OAS. Según la sentencia serían “actos indeterminados”, por lo tanto condenaría al exmandatario por actos que el propio juez desconocería.
El tercer punto más polémico tiene que ver con el hecho de que la culpabilidad del reo se haya basado en la declaración del exejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, preso desde 2014, y que ya había cambiado su declaración tres veces. Tras firmar un acuerdo de delación premiada que le reduciría la pena, Pinheiro reconoció que el apartamento de Guarujá pertenecería a Lula da Silva. Sin embargo, no presentó pruebas de lo declarado.
La defensa de Lula solicitará la nulidad de la sentencia y de todo el proceso bajo un argumento que el propio juez Moro les ofreció cuando respondió a uno de los recursos que colocaron los abogados del exmandatario: “Jamás afirmo en la sentencia o en cualquier otro lugar que los valores conseguidos por la constructora OAS a través de esos contratos con Petrobras se usaran para pagar ventajas indebidas para el expresidente”.
Según Valeska Teixeira Martins, una de las abogadas de Lula, esta afirmación del magistrado “no sólo absuelve a mi cliente sino que deja claro que no se ha comprobado que el dinero de esa supuesta corrupción viniera de Petrobras, por lo tanto el magistrado no tendría competencias para juzgar a mi cliente ya que él solo trata procesos de Lava Jato, todo el juicio debería ser nulo”, nos dice la letrada.
¿Juicio político?
Los abogados del expresidente también han denunciado en diversas ocasiones que el juicio al que está sometido Lula sería político y no jurídico. Según la letrada Valeska Teixeira “la falta de pruebas” sería el principal argumento para entender que “las leyes no se están teniendo en cuenta” y que uno de los objetivos principales sería “deslegitimar la imagen de mi cliente y sacarle de la carrera presidencial a toda costa”.
La rapidez con que se ha analizado el proceso en segunda instancia da alas a la teoría de la defensa. Los tiempos son claves por lo que se juega políticamente el reo. Cuanto más demorara en discutirse la sentencia, más posibilidades de que no afectara a la candidatura presidencial. Aquellos que pensaban que sería rápido hablaban de los meses de mayo y abril, nadie pensó en enero.
El proceso de Lula da Silva ha pasado por delante de otros siete casos vinculados con Lava Jato que supuestamente se analizarían antes. Según un análisis de la revista Veja, el TRF4 suele demorar en revisar las sentencias de Lava Jato una media de 390 días, en el caso de Lula da Silva han conseguido estudiarla en 154.
Según el histórico de los tres magistrados que analizarán el caso el día 24 la ratificación de la condena sería el resultado más probable, ya que el 97% de los casos de Lava Jato tratados por este Tribunal fueron ratificados y un 70% tuvieron la pena original aumentada. Si ninguno de los jueces solicitara un pedido de vista que pudiera aplazar el juicio sine die para comprobar algún aspecto del proceso, el resultado se conocería el mismo miércoles y los abogados de la defensa tendrán dos días para presentar los recursos oportunos.
Lo que se especula en estos momentos es sí la condena será o no por unanimidad, un dato que puede ser clave para la carrera presidencial del expresidente. Si todos los votos le condenaran, el líder del PT igualmente podría inscribirse el próximo 15 de agosto como candidato, pero después su candidatura pasaría a ser analizada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) que con la Ley de la Ficha Limpia (que considera inelegibles a los candidatos condenados por crímenes contra la istración pública) podría eliminarle de la carrera presidencial.
Si la condena tuviera al menos un voto a favor de Lula, el TSE lo tendría más difícil para dar su veredicto ya que podría plantear dudas razonables sobre la inocencia del candidato. El cumplimiento de la condena sólo se llevará a cabo una vez que se agoten todos los recursos de la sentencia.
Los abogados de Lula no quisieron informar sobre qué estrategias se plantearían pero confirmaron a Univisión que se valdrían de la justicia nacional como de la internacional para demostrar la inocencia de su cliente.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha asegurado que independientemente del resultado de este miércoles, Lula da Silva se mantendrá como el candidato presidencial de la sigla. En principio una posible condena no impediría que continuara con su campaña, por eso el próximo mes de marzo el petista recorrerá dos estados del sur del país en la que ya sería su tercera caravana presidencial por Brasil de los últimos seis meses.
La salida definitiva de Lula del intento de conquistar de nuevo el Palacio de Planalto sólo se concretará a finales de agosto cuando todas las candidaturas se inscriban y entre en juego el trabajo del Tribunal Superior Electoral. Pero la ratificación este miércoles de la condena del juez Moro sería un jaque a la reina antes del jaque mate final.
