El expresidente de Brasil Lula da Silva es condenado a más de 9 años de prisión por corrupción
El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado este miércoles a nueve años y seis meses de cárcel por delitos vinculados a corrupción pasiva y lavado de dinero. Estas implicaciones refieren a la red de corrupción que operó en la petrolera brasileña Petrobras.
Nunca un expresidente brasileño había sido sentenciado a prisión por delitos ligados a malversación de fondos públicos.
Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, de 71 años, quien aún responde a otras causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras. Estos procesos fueron solicitados por la Corte Suprema basados en confesiones de exdirectivos del grupo Odebrecht y también por algunas revelaciones de ejecutivos del grupo empresario cárnico JBS.
Por otra parte, esos testimonios dados por los dueños de la empresa JBS, llevaron a la fiscalía a hacer una denuncia formal por corrupción pasiva contra el actual presidente, Michel Temer, que podría ser despojado de su cargo si el Congreso avala el inicio de un juicio penal.
El tribunal del juez Sergio Moro en Curitiba, responsable de las investigaciones sobre la trama de corrupción en la petrolera, indica en su fallo que el exmandatario (que gobernó entre 2003 y 2010) podrá "presentar su apelación en libertad".
Esta condena es en un tribunal de primera instancia, por lo que mientras se resuelva la apelación, da Silva estará en libertad.
El caso
La sentencia dictada este miércoles proviene de la acusación de la fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido supuestamente la suma de 3.7 millones de reales (1.1 millones de dólares) en sobornos en el marco de contratos entre la constructora OAS y Petrobras.
El pago de esas dádivas se habría realizado según la Justicia en la reserva y reforma de un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, y en pagos recibidos durante su gestión.
El apartamento aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido a cambio de "favores" a la constructora desde el poder. El juez ordenó confiscar el inmueble.
Lula siempre negó categóricamente los cargos y los atribuyó a una conspiración para impedir su candidatura en las presidenciales de octubre de 2018.
Un abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, anunció que apelará la sentencia y se mostró confiado en que la corte suprema revocará el veredicto porque afirma que la evidencia que respalda al expresidente fue ignorada, un reclamo que el juez Sergio Moro rechaza.
A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones, algo que solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia.
En las encuestas, Lula aparece es el político más valorado. El expresidente no ha dicho que será candidato aún oficialmente, pero en repetidas ocasiones deslizó su deseo de volver a competir.
