Sin voto de por vida: la sentencia en Florida a quienes cometen delitos

Tallahassee, Florida— Con pasos cortos, parsimoniosos, pero anticipando apresurado su bastón a cada pisada, Gilberto Hernández se aproxima al estrado del Capitolio de Tallahassee, Florida, donde Rick Scott, la máxima autoridad del estado, decidirá si le permite votar estas elecciones.

Por mucho tiempo ha esperado este momento.

Su esposa Mercedes Hernández camina a su lado para cerciorarse de que no se caiga. Después de tres ataques cardiacos, un Parkinson precoz y varios episodios de convulsiones, las piernas de Gilberto son muy débiles.

“Desde que me quitaron mis derechos civiles mi vida ha sido un infierno", lee Gilberto de una hoja de papel doblada que guardaba en su chaqueta de paño.

"Desde ese día he sentido que soy menos que un ciudadano porque no puedo votar”.

Gilberto es una de las 1.7 millones de personas en Florida privadas del derecho al voto por haber cometido un delito mayor. A nivel nacional, la cifra supera los 6.1 millones, según los datos de la organización que lucha por una reforma penitenciaria, The Sentencing Project.

La práctica conocida en inglés como felony disenfranchisement (privación de derechos a exconvictos), es común en casi todos los estados, pero Florida tiene las leyes más duras del país. Aquí quienes fueron sentenciados por un delito mayor no pueden votar de por vida, ni ser parte de un jurado, ni competir por un cargo público, y la única manera de recuperar los derechos es por medio de un proceso individual de indulto que puede demorar décadas.

A Gilberto—que ahora tiene 65 años— le ha tomado la mitad de su vida.

En 1981 el comerciante de porcelanas importadas y suministros de oficina se vio envuelto en un escándalo por compra de mercancía robada. Para entonces era el presidente de la empresa familiar y aunque estaba enterado de los movimientos ilícitos de algunos de sus parientes, no dijo nada.

El juez encargado del caso consideró que su delito no ameritaba ir a prisión, y le mandó servir dos años de trabajo comunitario, que se redujeron a seis meses por buen comportamiento. Gilberto pagó la fianza que le fue impuesta, cumplió el periodo de prueba, hizo todo lo que le dijeron. Pero nunca le informaron que no podía volver a votar .

"Para Gilberto votar es como comer", le dice Mercedes al gobernador Scott.

Nerviosa, la mujer de 65 años toma el micrófono para explicar que por desinformación y por una necesidad intrínseca de "hacer parte del proceso político", su esposo siguió votando sin autorización hasta el 2008, cuando le llegó una carta del gobierno federal avisándole que no tenía derechos civiles.

"Eso fue devastador para él", agrega Mercedes antes de soltar el rosario de argumentos que evidencian que su marido es un ciudadano decente.

"Déjeme explicarle: llevamos 45 años casados, tenemos dos hijos, dos hermosas nietas...vamos a la iglesia, ayudamos mucho a la comunidad... él nunca en su vida infringió la ley...".

El sentimiento de vergüenza

Al igual que Gilberto, medio centenar de personas se presentaron el 21 de septiembre ante el Consejo de Clemencia en Tallahassee, la capital de Florida.

La junta, conformada por el gobernador Scott, la fiscal general del estado Pam Bondi, el jefe de finanzas, Jeff Atwater, y el comisionado de agricultura, Adam Putnam, se reúne cuatro veces al año para evaluar a los exconvictos que piden la restitución de sus derechos.

Para muchos de los solicitantes era inevitable ocultar el sentimiento de vergüenza al tener que dar explicaciones de su pasado a los funcionarios más poderosos del estado en una sala llena de extraños, por eso a menudo se referían a sus delitos con frases como "lo que pasó" o "mi error".

Learlean Rahming conoce bien ese tipo de bochorno.

Acompañada de su hija, la mujer de 62 años viajó desde Miami a Tallahassee solo para asistir a la audiencia. Los récords estatales muestran que hace dos décadas cumplió su condena por múltiples cargos de hurto, posesión de drogas y robo.

"Acepto la responsabilidad de todos los errores estúpidos que cometí", dice apretando los dientes.

Su expresión se transforma en disgusto cuando Scott le niega la restauración de sus derechos al descubrir que había intentado votar usando un apellido diferente.

Rahming trata de explicar que no estaba enterada que había perdido sus derechos, que pensó que todo estaba solucionado, pero finalmente se entrega a la exasperación: “¡Yo solo quería saber si podía votar de nuevo!”, espeta.

La misericordia tardía

Durante la audiencia del Comité de Clemencia, las personas que hayan cometido un delito mayor deben demostrar ser ciudadanos de bien, " completos" de la sociedad, según el formulario de petición de restauración de derechos civiles disponible en Internet.

Se les recomienda traer una carta "explicando su remordimiento por sus acciones", cartas de empleadores, familiares, líderes de la iglesia, o representantes de organizaciones sociales y "copias de certificados de logros", reza el documento.

"La clemencia es un acto de misericordia. No hay ningún derecho o garantía", dice Scott a su audiencia en Tallahassee, exhortando a los solicitantes a aceptar la culpabilidad de sus actos.

Bajo las leyes estatales, él es el único que tiene la potestad para restituir los derechos civiles de los exconvictos. Pero para Scott, el camino a su misericordia es un enmarañado vía crucis.

En la anterior istración del exgobernador, Charlie Crist, el Consejo de Clemencia aprobó que se flexibilizaran las leyes y se le otorgara la restauración automática de los derechos a quienes cometieron delitos no violentos. Gracias a la iniciativa, 155.000 personas recuperaron sus derechos civiles a lo largo de tres años.

En 2011, poco después de asumir la gobernación, Scott revocó la política de Crist con el respaldo de la fiscal general Pam Bondi.

Según argumentaron ambos funcionarios a los medios, la estrategia detrás de su movida es usar el derecho al voto como un incentivo para que quienes cometieron delitos se mantengan fuera de problemas.

En sus seis años de istración, Scott sólo ha restaurado el derecho al voto a 2.339 personas (un 1% de lo de lo alcanzado por istración anterior), llegando así al récord de las cifras anuales más bajas en casi dos décadas, según los datos de la Comisión de Revisión de Infractores de Florida.

Otros 10.463 hombres y mujeres están actualmente en la lista de espera, solo para saber si pueden presentarse ante el Consejo de Clemencia. El número sigue creciendo.

Mientras tanto, debido al escabroso proceso, cientos de miles de personas ni siquiera se molestan en pedirle al estado que le devuelvan su derecho a votar.

Diseñado para renunciar

Bajo las leyes impuestas por Scott, si quieren recuperar sus derechos civiles las personas que cometieron delitos mayores deben esperar de cinco a siete años tras haber cumplido su sentencia, libertad condicional y periodo probatorio para pensar si quiera en aspirar a una cita con el Comité de Clemencia en Tallahassee.

Después de eso el gobierno puede tomar de tres a diez años para responder a la petición.

Y si durante ese tiempo se comete alguna infracción mínima-- tan insignificante como un ticket de aparcamiento-- se reinicia el conteo y los investigadores pueden usarlo como un motivo para rechazar la petición automáticamente.

Los investigadores también pueden rechazar la solicitud en cualquier momento sin dar ninguna razón, y ordenar entrevistas en las que se debe responder a preguntas personales sobre la familia, ingresos, hábitos de consumo de alcohol e historial de trabajo.

“Es un proceso diseñado para darse por vencido”, dice a Univision Noticias Tomas López, director adjunto del Brennan Center for Justice de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York.

"No solo hay un papeleo burocrático imposible de seguir, la gente también tiene que vivir la humillación de tener que seguir pidiendo perdón aunque ya cumplieron su condena. Muchas personas simplemente se dan por vencidas y se resignan a que nunca más en su vida podrán votar"

Según López, más de la mitad de las personas privadas del derecho al voto han cumplido sus sentencias enteras y su periodo probatorio. Tres cuartos de ellos "viven, participan, y hacen parte de su comunidad".

"Estamos hablando de millones de personas que cumplen con sus deberes como ciudadanos, pero que no pueden ejercer una parte fundamental de su ciudadanía: tener voz y voto” agrega.

Dejar atrás

En el capitolio de Tallahassee Gilberto espera inquieto a que su mujer diga lo que él no puede porque el temblor incontrolable de su mandíbula le entumece la lengua. En parte es por el Parkinson, en parte por es la tremenda angustia que lleva sintiendo desde hace 35 años.

Mercedes ya no sabe qué más decir. La mujer de expresión férrea ha estado conteniendo la ganas de llorar desde que empezó la audiencia.

"Ha sido un proceso muy duro", le cuenta Mercedes al gobernador Scott, quien detrás de las frías gradas del tribunal del capotolio, mira impávido a la pareja de abuelos a través de sus anteojos.

Cada día de elecciones le recuerdan a Gilberto que aunque nunca pisó una prisión lo siguen tratando como si fuera criminal.

Por años le ocultó a sus amigos y familiares que no podía votar, y para despistar a los curiosos solía ponerse en la solapa de su chaqueta la estampita de " I voted", que le daban a su mujer a la salida de las urnas de de votación.

"Si me preguntaban por quién había votado yo les decía: ah, voté por este o por el otro", le dijo Gilberto a Univision Noticias a la salida de la audiencia.

Las últimas palabras que escuchó de Scott cerraron finalmente ese capitulo de su vida.

"Te devuelvo tus derechos", soltó en seco el gobernador antes de pasar al siguiente caso.

Univision Noticias ofrecerá los resultados en vivo de las elecciones presidenciales el próximo martes día 8 a partir de las 07:00 pm EST