Gobierno de Trump considera invocar el "privilegio de secreto de estado" en vuelos de deportación de venezolanos
Funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Donald Trump debaten invocar un “privilegio de secreto de estado” en respuesta a los cuestionamientos de un juez sobre los vuelos de deportación que transportan El Salvador, según informó este viernes un funcionario del Departamento de Justicia al juez antes de una audiencia.
El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en un documento judicial que hay “discusiones en curso a nivel del gabinete” sobre la demanda del juez James Boasberg de obtener más información. El juez de distrito ordenó al gobierno de Trump que proporcione más detalles sobre los vuelos o que alegue que divulgar tal información perjudicaría “secretos de estado”.
La istración republicana ha resistido en gran medida la solicitud del juez, calificándola como un “sondeo judicial innecesario”. Boasberg desestimó su respuesta como “lamentablemente insuficiente”, lo que aumenta la posibilidad de que pueda declarar a los funcionarios de la istración en desacato al tribunal.
Los abogados del gobierno presentaron la declaración jurada de Blanche horas antes de que el juez diera inicio a la audiencia programada para el caso este viernes en Washington DC.
El gobierno de Trump ha transferido a cientos de venezolanos a El Salvador según una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los vuelos estaban en marcha el 15 de marzo cuando Boasberg emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones y ordenó que los aviones regresaran a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia señaló que las instrucciones orales del juez no contaban, que solo debía cumplirse su orden escrita y que no podía aplicarse a vuelos que ya habían salido de Estados Unidos.
Trump y muchos aliados republicanos han pedido que Boasberg, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama, sea destituido vía juicio político. En una declaración poco común a principios de esta semana, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “el juicio político no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
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