¿Puede el presidente de EEUU ser enjuiciado por obstrucción a la justicia?
Si Donald Trump dispara contra alguien en la Quinta Avenida de Nueva York y es capturado por la policía ¿puede ir detenido y ser enjuiciado en una corte? Es una pregunta hipotética -aunque surge de la afirmación que hizo en sus tiempos de candidato para ilustrar que nunca perdería el fervor de sus seguidores- pero sirve para plantear el viejo tema de la sujeción del primer mandatario del país a la justicia.
La duda de fondo de si puede un presidente ser enjuiciado se reactivó en estos días a raíz de un tuit de Trump sobre la suerte de su primer consejero de seguridad nacional, Michael Flynn, en el que algunos vieron la ‘confesión’ de que el presidente intentó obstruir la justicia al sugerir al FBI que no siguiera investigando al exgeneral con el argumento de que era “un buen tipo” y luego despedir al jefe de buró James Comey.
Inmediatamente el abogado personal del mandatario, John Dowd, salió a asumir la autoría del mensaje y de paso aclarar que, aunque no reconozca que haya allí ninguna ‘confesión’, el presidente no puede ser acusado de ningún delito porque él es la máxima autoridad judicial federal y por ley no puede ser procesado ante tribunales.
Es la reedición de la lógica de la defensa de Richard Nixon, quien aún después de haber renunciado a la presidencia para evitar el inminente juicio político en el Congreso por el encubrimiento del caso Watergate, sostenía que las acciones del presidente eran siempre legales porque “si el presidente lo hace significa que no es ilegal”. ¿Será así de simple?
¿Rey o presidente?
Algunos aseguran que al despedir en mayo a Comey del FBI y reconocer poco después que lo hizo por su insistencia en seguir investigando el llamado ‘ Rusiagate’, sumado a que en su tuit da a entender que sabía que Flynn había mentido a los investigadores, demuestra que su intención fue descarrilar una investigación federal.
Los abogados de Trump destacan que el mandatario puede ordenar la apertura o el cierre de investigaciones, incluyendo aquellas en las que él sea objeto de la investigación, y que puede despedir a cualquiera que trabaje para el Departamento de Justicia, incluido el fiscal especial Robert Mueller, quien tras la salida de Comey se encargó de las averiguaciones sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016.
Aunque nadie discute la potestad del presidente para ordenar a discreción su equipo de trabajo, algunos señalan que la intencionalidad es lo que limita su capacidad de decidir sobre las investigaciones federales. Eso es lo que diferenciaría la relación entre el jefe del poder ejecutivo y la justicia estadounidense de la que habría en una monarquía tradicional o una dictadura.
Este domingo, la senadora demócrata Dianne Feinstein reveló en una entrevista de televisión que el Senado podría presentar un caso de obstrucción a la justicia contra Trump.
"Creo que estamos comenzando a ver que todo se está juntando para un caso de obstrucción a la justicia", dijo Feinstein, la figura demócrata de más peso en el comité judicial del Senado a raíz del polémico tuit presidencial.
En este punto muchos recuerdan a Nixon, quien en octubre de 1973 despidió al fiscal especial que investigaba la conexión de la Casa Blanca con el espionaje de las oficinas del Partido Demócrata en el edifico Watergate de Washington, y agravó a tal punto la crisis de su gobierno que a mediados del año siguiente renunció al cargo.
Pese a aquellas aseveraciones de Nixon sobre la ‘infalibilidad’ presidencial y el argumento actual de los abogados de Trump, lo cierto es que la inmunidad del presidente a ser procesado judicialmente nunca ha sido desafiada en el sistema legal estadounidense.
La Oficina de Consejería Legal del Departamento de Justicia establece que un presidente no puede ser procesado por crímenes mientras esté en ejercicio, porque afectaría su capacidad para cumplir con su trabajo de jefe del poder ejecutivo poniendo en riesgo la marcha del gobierno.
Sin embargo, entre 1994 y 1998 el entonces presidente Bill Clinton tuvo que enfrentar una demanda interpuesta por Paula Jones, una exempleada del estado de Arkansas que sostenía que había sido acosada sexualmente por este cuando fue gobernador de ese estado sureño.
Los abogados de la Casa Blanca argumentaron que Clinton tenía inmunidad presidencial, pero una corte de apelaciones revirtió una decisión de un tribunal menor y permitió que el caso siguiera adelante. Incluso la Corte Suprema no aceptó la solicitud de que se pospusiera hasta que saliera de la presidencia.
La diferencia es que la demanda de Jones contra Clinton, que finalmente se saldó con un acuerdo extrajudicial con el pago de 850,000 dólares, era por algo que había ocurrido antes de su llegada al poder y por tanto no deja sentado precedente en el caso de que el delito sea descubierto mientras el presidente está en la Oficina Oval.
Juicio político
Pero los presidentes pueden ser sometidos a juicio político o impeachment, como estuvo a punto de sucederle a Nixon en 1974 por el encubrimiento de Watergate y a Clinton en 1998 por haber cometido perjurio en el trascurso del caso de Paula Jones sobre su relación romántica con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
Aunque la Constitución no establece expresamente nada sobre la inmunidad del presidente, se entiende que si perdiera el juicio político y quedara fuera del cargo el mandatario destituido puede enfrentarse a la justicia por delitos cometidos.
Es muy improbable que Mueller, como funcionario del Departamento de Justicia, vaya a ir en contra de la doctrina establecida por la Oficina de Consejería Legal, aún en el caso de que al final de sus indagaciones encontrara indicios suficientes para acusar al mandatario de algún tipo de crimen.
Si así sucediera, seguramente Mueller cumplirá con su obligación de dar un reporte final a sus superiores del departamento y ofrecer una versión confidencial a los líderes de las comisiones judiciales del Congreso.
Estos últimos decidirán qué hacer con esa información y si es suficiente para abrirle un proceso de impeachment al presidente. Todo esto es un escenario hipotético que luce muy lejos de concretarse por ahora y que antes de que la posibilidad pueda siquiera plantearse activará un debate político y judicial de grandes dimensiones.
