Los casos sobre los que decidirá la nueva Corte Suprema de la era Trump

Al día siguiente de las elecciones, la Unión Estadounidense de Derechos Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés) anunció que si Donald Trump cumplía sus promesas de campaña “inconstitucionales”, los abogados de la organización verían al nuevo presidente de Estados Unidos en los tribunales.

Should President-elect Donald Trump attempt to implement his unconstitutional campaign promises, we'll see him in court.

— ACLU National (@ACLU) November 9, 2016

La primera batalla pública empezó el sábado por la noche en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando la ACLU presentó una petición de urgencia contra el decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete nacionalidades en Estados Unidos y logró la suspensión parcial de su aplicación por la decisión de una jueza de Brooklyn.

Es el comienzo de uno de los casos que pueden acabar en la Corte Suprema de Justicia en años que se esperan plagados de batallas legales.

Unas horas después de tomar posesión, Trump ya tenía una denuncia contra él por la violación de una enmienda de la Constitución que prohíbe al presidente aceptar dinero o regalos de gobiernos extranjeros.

Los casos que afectan a la nueva istración tienen que pasar primero por cortes locales y regionales, pero el proceso de apelación puede acabar en el Supremo porque se trata de asuntos que afectan a la aplicación de la Constitución.

Así sucederá con medidas que toquen la libertad de prensa o la libertad religiosa, recogidas en la primera enmienda de la Constitución.

Desde la muerte de Antonin Scalia hace ahora un año, el Supremo tiene sólo ocho : cuatro han sido elegidos por presidentes republicanos y cuatro por presidentes demócratas.

Con el nombramiento de Trump, se volvería al equilibrio de cinco a cuatro de los últimos años, pero entre los conservadores, Anthony Kennedy, nombrado por Ronald Reagan, es el más centrista y vota a veces con los jueces más progresistas. Gracias a él, por ejemplo, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. También ha votado en contra de restricciones del derecho al aborto.

El equilibrio cambiaría si Trump nombrara algún magistrado más durante este mandato y el Senado lo aprobara. Los magistrados son nombrados de por vida, pero se pueden retirar. Los más mayores ahora son dos elegidos por presidentes demócratas, Ruth Bader Ginsburg, de 83 años, y Stephen Breyer, de 78, y su aliado centrista Kennedy, de 80.

La Corte Suprema ofrece uno de los principales límites del poder presidencial como intérprete último de la Constitución. Sus opiniones serán particularmente cruciales y pueden determinar lo que suceda o no en los próximos años.

Algunos casos más inmediatos ya están encima de la mesa y puede que el nuevo juez de Trump no llegue a participar en los debates mientras pasa el proceso de confirmación en el Senado. Otros casos tardarán un año o más en llegar hasta el alto tribunal.

Casos pendientes:

• Los baños y los transgénero

Ha habido varios casos sobre este asunto en el país, pero el que ha llegado al Supremo es esta denuncia contra el Consejo de Educación de Virginia. La querella empezó con un estudiante de 17 años que nació mujer, pero se identifica como hombre y cuyo colegio le impidió entrar en el baño de los chicos.

La mayor polémica nacional empezó en Carolina del Norte por una nueva ley del Congreso estatal que obliga a los estudiantes a utilizar los servicios del género de su nacimiento. Once estados han empujado desde entonces normas similares para los baños o los vestuarios.

Una de las cuestiones de fondo que puede afectar a leyes más allá de la política escolar sobre los cuartos de baño y que tiene que examinar el Supremo es si los colegios receptores de fondos públicos “tratan a los estudiantes transgénero de manera coherente con su identidad de género”. Su decisión servirá de guía para las escuelas de todo el país y también para otras instituciones.

• La Iglesia y el Estado

Otro de los casos que ya ha itido a trámite el Supremo es el de una iglesia luterana de Missouri que denunció al estado por no darle ayudas públicas para mejorar el suelo de un parque infantil dentro de sus servicios preescolares.

El estado de Missouri tiene una ley que prohíbe dar subvenciones a instituciones educativas afiliadas con religiones. La iglesia asegura que es parte del ejercicio de la primera enmienda.

El caso entra en el equilibrio entre la libertad de culto y la separación de Iglesia y Estado.

• Los prejuicios anti-mexicanos

Otro de los casos itidos por el Supremo es el de un residente de Denver nacido en México, Miguel Ángel Peña Rodríguez, que fue condenado en 2010 por acoso sexual a dos adolescentes.

Uno de los del jurado, un ex policía, dijo: “Creo que lo hizo porque es mexicano y los mexicanos toman lo quieren”. Peña Rodríguez denunció al estado de Colorado por discriminación y el Supremo del estado falló contra él.

Tras la apelación, el Supremo federal tiene que examinar ahora si las deliberaciones del jurado deben ser secretas o si están sujetas a control y si comentarios racistas pueden afectar a la validez de la condena.

• Los derechos de los mexicanos de la frontera

La corte empezará a examinar a finales de febrero el caso de un agente de frontera que mató de un disparo en la cabeza a un niño de 15 años que estaba en Ciudad Juárez en 2010.

El chico, Sergio Hernández, estaba en suelo mexicano y el agente en suelo estadounidense. El adolescente estaba jugando con un amigo a tocar el alambre de espino de la frontera. El agente aseguró que el chico le estaba tirando piedras, pero, tras una investigación, el Departamento de Justicia dijo que eran otros jóvenes (no Hernández) quienes lo hacían.

Sus padres denunciaron al agente y en 2015 un tribunal menor dictó que el niño no tenía las garantías habituales por no estar en suelo estadounidense.

El Supremo determinará si los padres tienen derecho a querellarse contra la patrulla de fronteras y su decisión puede tener un alcance mayor sobre las acciones de otras agencias fuera de Estados Unidos. Incluso puede sentar jurisprudencia sobre los ataques con drones.

Casos que acechan:

• El veto de entrada de nacionales de siete países

El decreto del presidente Trump contra personas que tengan nacionalidad de siete países de mayoría musulmana ya está en los tribunales locales, con cuatro decisiones en contra en Nueva York, Boston, Virginia y Seattle para parar las deportaciones, en algunos casos de residentes con todos los papeles en Estados Unidos.
Además, el fiscal general del estado de Washington ha presentado una denuncia más amplia contra el decreto. El fiscal, Bob Ferguson, asegura que hay varias partes de la orden presidencial que son inconstitucionales.

Las denuncias pueden llegar hasta el Supremo, que podría tener que examinar el caso considerando la violación de la primera enmienda que protege la libertad religiosa. El veto hace una excepción para la minoría cristiana de países de mayoría musulmana.

• La enmienda contra las interferencias extranjeras

La primera querella contra Trump como presidente ha sido por la violación de la cláusula del primer artículo de la Constitución que prohíbe a los cargos públicos recibir cualquier regalo o remuneración de un Gobierno extranjero sin tener el consentimiento expreso del Congreso (“ emoluments clause”).

Esta cláusula no se ha aplicado a ningún presidente hasta ahora. Pero Trump, que se ha negado a crear un “fondo ciego” para separarse de sus negocios, puede haberla violado con sus empresas en activo, con el alquiler de la Torre Trump, las reservas internacionales de sus hoteles o la gestión de transacciones relacionadas con gobiernos extranjeros.

• Protección del medioambiente

El actual tribunal ya ha dictado contra medidas de protección medioambiental de la gobierno de Obama para cumplir con los últimos acuerdos de París en la lucha contra el cambio climático.
En febrero del año pasado, el Supremo bloqueó la ley que obliga a los estados a presentar planes para reducir las emisiones contaminantes.

La suspensión era temporal y se dictó justo antes de que muriera Scalia. Este caso está ahora de nuevo en una corte menor, pero puede llegar de vuelta al Supremo.