El gobierno de Biden demanda a Texas por su restrictiva ley antiaborto al considerarla "inconstitucional"
El abortos tan temprano como a las seis semanas de embarazo, según anunció el fiscal general Merrick Garland.
La decisión de Garland de iniciar este procedimiento en una corte de Austin se produce después de que la Corte Suprema se negara a frenar la aplicación de la ley, la más restrictiva del país y que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas en una etapa en la que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.
El fiscal general catalogó la ley texana como "claramente inconstitucional bajo el precedente de larga data de la Corte Suprema". Se refería a Roe Vs. Wade, la decisión del máximo tribunal que en 1973 despenalizó el aborto en Estados Unidos.
"Este tipo de esquema para anular la Constitución de Estados Unidos es algo a lo que todos los estadounidenses, sin importar su postura política o su partido, deberían temer", dijo el fiscal general en una conferencia de prensa desde el Departamento de Justicia.
La demanda asegura que la ley antiaborto de Texas es inválida pues viola la Claúsula Suprema de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la Constitución, las leyes federales dictadas bajo su mandato y los tratados celebrados bajo su autoridad constituyen la "ley suprema del país" y que, por tanto, están por encima de cualquier ley estatal en conflicto. También explica que viola la Décimo Cuarta Enmienda, que prohíbe a los estados privar a cualquier persona de la libertad sin el debido proceso.
Además, pide al juez que la declare ilegal, la frene y "proteja los derechos que Texas ha violado".
La semana pasada, el 1 de septiembre, entró en vigor la ley antiaborto de Texas, la SB8, que prohíbe todos los abortos y solo establece una excepción: cuando la vida de la mujer está en peligro. Pero además, esta legislación otorga una 'recompensa' de hasta $10,000 a los ciudadanos que denuncien a quien realice, aconseje a una mujer para que se realice el procedimiento e incluso a quien la lleve hasta la clínica. En ese espectro entran desde las clínicas y médicos, hasta quien pague por el procedimiento. Este es un elemento que la diferencia de otras leyes similares y complica a su vez las posibilidades de anularla, ya que convierte la prohibición en una simple operación de cazarecompensas. Y las demandas pueden aplicarse en cualquier corte de Texas, lo cual, por ejemplo, podría hacer que un médico de Houston tenga que viajar a El Paso si la demanda en su contra está sentada en ese condado.
La ley había sido firmada en mayo por el gobernador el máximo tribunal se negó a hacerlo, por lo que la ley ya se está aplicando. Como consecuencia, algunas clínicas de Texas —temerosas de una demanda— están sometiéndose al texto y ya han cancelado consultas. Aconsejan a las pacientes que viajen a otros estados para realizarse el procedimiento.
La ley de Texas es la primera entre al menos una docena de leyes antiaborto que logra entrar en efecto. En otros estados, los proyectos han sido vetados por jueces federales que han considerado que violan la decisión de 1973.
El anuncio sobre la demanda es celebrado por organizaciones como Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos. Su presidenta Alexis McGill aseguró en una nota de prensa que, tras la aprobación de la ley, los pacientes en Texas "están asustados, confundidos y sienten que los dejaron atrás al no tener a dónde acudir para acceder a abortos".
Para Helene Krasnoff, vicepresidenta de leyes y litigación de políticas públicas del proveedor de salud, "la SB8 es descaradamente inconstitucional. Va en contra de 50 años de precedente y ha hecho que el aborto sea prácticamente inaccesible en el estado de Texas".
Esfuerzos para contrarrestarla
Desde que se anunció la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la ley texana, el presidente Biden dejó claro que su istración haría todo lo posible por contrarrestarla. Según Biden, la legislación es "un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer bajo la decisión Roe v. Wade, que ha sido la ley federal por casi 50 años". La catalogó además como "casi antiestadounidense".
El mandatario agregó que estaría poniendo al "gobierno entero" en función de responder a la legislación texana y que iba a pedir a los departamentos de Salud y Servicios Humanos y de Justicia que vieran "qué pasos puede tomar el gobierno federal para asegurarse de que las mujeres en Texas tengan a abortos legales y seguros".
Este lunes, el fiscal general, Merrick Garland, explicó que el Departamento de Justicia "protegerá a aquellos que buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva" bajo una ley de 1994, la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (Libertad de a las Entradas de las Clínicas, FACE).
La ley FACE, firmada por el entonces presidente demócrata Bill Clinton, prohíbe obstruir físicamente el paso e intimidar a una persona que busque acceder a servicios de salud reproductiva. Asimismo, prohíbe los daños a la propiedad de las clínicas donde se practican abortos y otros centros similares.
"El departamento proporcionará apoyo de las fuerzas de seguridad cuando una clínica de abortos o un centro de salud reproductiva esté bajo ataque", indicó Garland.
Los fiscales del estado también están explorando opciones para impugnar la SB8.
El diario The Wall Street Journal entrevistó a expertos legales que explicaron que la particularidad de esta ley es que pone el peso en las demandas de ciudadanos que buscan sus recompensas por hacerla cumplir, lo cual reduce las opciones del gobierno federal para demandar, pues no está claro contra quién imponer la demanda.
Otras opciones para intentar anular esta ley, según los expertos, serían la de restringir los fondos federales de Texas y asegurar que se puedan practicar abortos seguros en instalaciones ubicadas en ese estado pero que pertenezcan al gobierno federal, ya que en ese caso no tendrían que cumplir con la legislación estatal.
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