Entra en vigor la restrictiva ley antiaborto de Texas, que prohíbe interrumpir el embarazo después de las 6 semanas
Ante la ausencia de una decisión de la Corte Suprema, este miércoles embarazo.
"La Corte Suprema no ha respondido a nuestra solicitud de emergencia para bloquear la nueva prohibición radical del aborto de seis semanas de Texas, la SB8. La ley ahora entra en vigencia. El a casi todos los abortos acaba de ser cortado para millones de personas. El impacto será inmediato y devastador ", tuiteó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) la madrugada del miércoles.
La respuesta del máximo tribunal se esperaba para este martes. Debe responder a una apelación de emergencia introducida por organizaciones, clínicas y médicos que piden suspender la ley antiabortos, pero por el momento no se ha pronunciado, por lo que la legislación entró en vigor.
Si la Corte Suprema vota por que la ley siga adelante, esta sería la restricción más dramática al derecho al aborto en Estados Unidos.
La ley prohíbe el aborto una vez que se pueda detectar un latido fetal, lo cual ocurre alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Ese es justo el tiempo en que entre 85% y 90% de las mujeres en Texas recurren al procedimiento, con lo cual quedarían casi sin a un aborto seguro. De hecho, algunas clínicas en el estado estaban negando las consultas a pacientes desde mediados de agosto como consecuencia de esta ley.
"El resultado es que muchas tejanas se verán obligadas a tener embarazos en contra de su voluntad", añadió la organización.
Esta ley, la SB8, contradice el precedente de la Corte Suprema en Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Ese fallo se reafirmó en 1992 con el caso Planned Parenthoold vs. Casey, que acordó que restringir el aborto a nivel estatal antes de la llamada 'viabilidad fetal' es inconstitucional.
La viabilidad fetal es un concepto relativo que implica que el feto pueda llegar a vivir bajo condiciones normales fuera del útero, según los estándares estadounidenses, alrededor de las 24 semanas de embarazo.
"Cazarrecompensas"
Según ACLU, otro resultado de esta ley es que a partir de ahora los individuos, incluidos los activistas en contra del aborto, sin conexión alguna con los pacientes, no solo podrán demandar a quienes crean que están realizando abortos sino a cualquiera que pueda estar en conocimiento o ayudando a alguien a acceder al procedimiento después de las seis semanas. Por denunciar podrán recibir una recompensa de al menos $10,000 si tienen éxito.
La ley "anima activamente a los particulares a actuar como cazarrecompensas", dijo ACLU.
La Universidad de Texas anticipa otra consecuencia ante medidas como esta: por miedo, los médicos no darán información a los pacientes sobre las opciones que tienen ante un embarazo no deseado.
Los grupos antiaborto en Texas, se lee en una nota de prensa de Planned Parenthood, ya han creado formularios en línea para reclutar a personas para demandar a cualquiera que crean que está violando la ley. También están motivando a que se envíen "sugerencias anónimas" sobre médicos, clínicas y otras personas a los que indagar.
Para 2019, en Texas había unas nueve millones de mujeres en edad reproductiva. Para la gran mayoría de ellas, ahora con la ley en vigencia, la clínica de aborto más cercana está en estados que también tienen políticas restrictivas al aborto, como Louisiana, donde las pacientes ya batallan con restricciones y donde son pocas las clínicas que realizan el procedimiento (solo 4 para 2017). Esas barreras —y requisitos como cumplir con dos visitas médicas— podrían hacer que algunas personas que viajen desde Texas tengan que ir incluso a otro estado para poder recibir atención médica.
Según el Instituto Guttmacher, una organización que investiga el al aborto, con la ley en vigor, las más afectadas serán las mujeres con menos recursos, que tendrán que viajar —si es que pueden— de 12 a 248 millas para acceder a un centro de aborto para realizarse el procedimiento de forma segura.
“Los residentes de Texas, como cualquier otra persona en este país, deben de poder contar con un al aborto seguro en su propio estado. Ninguna persona debe verse forzada a conducir cientos de millas o continuar con un embarazo en contra de su voluntad", dice Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health and Whole Woman’s Health Alliance. "Le pedimos a la Corte Suprema que proteja el la salud de nuestros pacientes y nos permita seguir proveyendo los cuidados de salud esenciales que los residentes de Texas se merecen", agrega.
"Este es un asalto a gran escala contra los pacientes, nuestros proveedores de atención médica y nuestros sistemas de apoyo. Esta prohibición del aborto es descaradamente inconstitucional. No dejaremos de luchar hasta que sea bloqueada", agregó ACLU.
"El daño que causará esta ley será insuperable para demasiadas personas en Texas, particularmente para las personas negras, latinas, indígenas, aquellos con bajos ingresos y personas en áreas rurales que ya enfrentan barreras significativas", dice en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de la Federación Planned Parenthood of America.
Apelación
Proveedores de servicios de aborto y organizaciones apelaron este lunes ante la corte para una orden judicial de emergencia que bloqueara de forma inmediata la entrada en vigor de esta ley, mientras continúan los desafíos legales.
Según los demandantes, esta ley limitaría "inmediata y catastróficamente" el al aborto para el 85% de las pacientes y obligaría a muchas clínicas a cerrar en todo el estado, algo que ya está ocurriendo.
La Corte Suprema reconsiderá los precedentes legales sobre el aborto este otoño, en un caso de Mississippi que determinará si todas las prohibiciones del aborto previas a la viabilidad son inconstitucionales o si se debe aplicar un nuevo estándar.
Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones sobre el aborto en etapas tempranas del embarazo, pero la entrada en vigor de estas ha terminado siendo bloqueada.
Incluso si la Corte Suprema llegara a bloquear la aplicación de esta ley, los proveedores de servicios de aborto aún podrían ser considerados "legalmente responsables" por los abortos realizados después de que la ley entrara en vigor este miércoles 1 de septiembre y antes de quel el tribunal superior la bloqueara, dijo al Texas Tribune John Seago, director de la organización antiaborto 'Texas Right to Life'.
Proveedores y médicos también temen caer en bancarrota por una avalancha de demandas contra ellos y sus empleados, ya que bajo la nueva ley SB8 los demandantes no tienen que proporcionar ninguna conexión personal con la persona o entidad a la que demandan.
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