¿Hasta dónde puede llegar el presidente? El fondo del caso de la veda de viajes de siete países ordenada por Trump
Predecir el fallo de un tribunal a partir del tipo de preguntas que los jueces le hacen a las partes en litigio siempre es un ejercicio riesgoso, al fin y al cabo los jueces pueden estar haciendo las veces de ‘abogados del diablo’ para sopesar los argumentos de los litigantes.
Pero en el caso de la audiencia que la tarde del martes tuvo la como la Corte Novena de Apelaciones de San Francisco con los representantes del gobierno de Donald Trump y de los estados de Washington y Minnesota para analizar si se mantiene la suspensión del veto de viajes a ciudadanos de un grupo de países musulmanes que ordenó un juez del estado de Washington, algunos analistas están viendo una tendencia contra la posición de la Casa Blanca.
El debate en el Noveno Circuito se centra en saber si Trump estaba actuando dentro de sus potestades cuando firmó la orden ejecutiva y, de ser así, si el juez James Robart tiene autoridad para alterar una decisión del ejecutivo.
Los jueces presionaron para que el representante del gobierno federal explicara los límites del poder presidencial y la evidencia usada para restringir temporalmente la llegada de ciudadanos de esos siete países de mayoría musulmana (Libia, Irán, Irak, Yemen, Somalia, Siria y Eritrea).
También cuestionaron duramente al abogado del estado de Washington, que logró la suspensión temporal en todo el país del veto, para que demostrara los señalamientos de que la orden presidencial equivale a discriminación religiosa y si la decisión de la corte del Distrito Oeste de Washington de congelar era demasiado amplia.
Los argumentos del gobierno
August Flentje fue el abogado del departamento de Justicia que hizo la presentación ante los magistrados vía telefónica para solicitarles que anulen la suspensión provisional ordenada por el juez Robart en Seattle.
Eso permitiría que la prohibición de entrada de ciudadanos de los países identificados por el decreto del presidente Trump vuelva a entrar en vigor hasta que el caso sea analizado definitivamente en la corte de Robart.
El gobierno aseguró que la decisión del presidente no es susceptible a revision judicial, dados los amplios poderes de los que goza para decidir en temas de seguridad nacional e inmigración.
Flentje negó que la orden fuera un veto a los musulmanes y que los magistrados no deben depender de versiones de los medios para identificar motivaciones ulteriores en la decisión presidencial.
El representante del gobierno federal insistió en que la base de la decisión y el por qué esos siete países está en una medida previa adoptada por el gobierno de Barack Obama (aunque esa medida nunca implicó suspensión de viajes, sino revisiones adicionales a los aspirantes a asilo o refugio)
Los argumentos de los estados
El abogado de Washington y Minnesota, Noah Purcell, insistió en calificar el veto como una acción contra musulmanes de los países identificados y que la medida equivale a una discriminación religiosa, algo que no permite la ley estadounidense.
Además, según dijo Purcell, el veto estaría imponiendo una costosa carga en residentes legales impedidos de regresar a sus hogares en EEUU o hacer planes de viajes.
También las empresas de esos estados también estaría viéndose afectadas por la inhabilidad de atraer talentos extranjeros (algo crucial para empresas tecnológicas) y los gobiernos locales por la potencial pérdida de ingresos vía impuestos.
Las preguntas de los jueces
Dos de los tres jueces parecieron escépticos ante los argumentos del gobierno federal representado por Frentje sobre que se trataba de una decisión de seguridad nacional que no debía ser sometida a revisión judicial.
El juez William Canby, nombrado en 1980 por Kimmy Carter, dijo que el gobierno no ha presentado evidencia de que alguien proveniente de uno de esos países haya cometido un acto terrorista en suelo estadounidense
La jueza Michelle Friedland, nombrada en 2013 por el presidente Barack Obama, aseguró que los estados que demandan a Trump han presentado evidencia que demostraría que la orden tiene intenciones de mantener a los musulmanes fiera del país, como el propio presidente prometió en sus días de candidato.
El juez Richard Clifton, nominado por el presidente George W. Bush en 2002, pareció más abierto al caso del gobierno cuando dijo que la mayoría de los musulmanes del mundo no se veían afectados por el decreto presidencial y que las preocupaciones que generan el terrorismo islámico de esos países “sería difícil de negar”.
La posible decisión
Aunque no se especificó día, la corte prometió anunciar una decisión “probablemente esta semana”.
Si los jueces deciden mantener en pie la suspensión ordenada por el juez Robart, la veda de viajes seguirá sin efecto y el caso será con toda seguridad llevado por el gobierno ante la Corte Suprema de Justicia, aunque algunos especialistas consideran que, llegados a ese punto, la Casa Blanca tendría un caso muy debilitado.
Para los jueces siempre es delicado tratar de determinar los límites de la autoridad presidencial en temas como seguridad nacional, un área en la que se reconoce que el Poder Ejecutivo es la última autoridad por encima de los demás poderes (siempre y cuando actúe apegado a la Constitución y las leyes)
La orden del juez Robart es temporal, hasta que haya una audiencia preliminar para considerar argumentos. Robart estableció el 17 de febrero como fecha para recibir los escritos de las partes. En ese momento podría ordenar una suspensión del veto de viaje.
Si los magistrados de la corte de apelaciones considera que su colega del estado de Washington, Robart, no tenía razones para anular los efectos de la orden ejecutiva, la prohibición volverá a imponerse y veremos ciudadanos de esos siete países siendo impedidos de abordar aviones con destino a EEUU o siendo deportados en los puertos de entrada.
Es algo que para el estado de Washington y los demás demandantes devolvería al país al “caos” que se registró los días inmediatos a la entrada en vigencia de la decisión de Trump
Si la suspensión del veto se mantiene, el gobierno irá con seguridad a la Corte Suprema donde podría sufrir el efecto de un tribunal dividido. En el caso de que la votación en el Supremo quedará 4 contra 4 la decisión de Robart se mantendría en pie, por lo que es riesgoso para la Casa Blanca agotar esa vía tan prontamente.
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