El comité del 6 de enero muestra qué salió bien el día del asalto al Capitolio (no solo lo que salió mal)
A medida que las audiencias del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 pasan por su punto medio, han sacado a la luz nuevos detalles que explican estos eventos y los ubican en el contexto de un esfuerzo mayor para anular las elecciones presidenciales de 2020.
En la primera audiencia, Joe Biden como presidente.
La evidencia presentada en los procedimientos, incluidas las imágenes de videos de vigilancia de la violencia cuando una turba agredió a los agentes de policía del Capitolio, ha dado lugar a debates en todo el país y en todo el mundo sobre el sistema democrático de gobierno de EEUU.
Si bien la cobertura tiende a centrarse en todo lo que salió mal durante la transición del poder presidencial, las audiencias también mostraron mucho de lo que salió bien. Es decir, un compromiso generalizado y profundo con el estado de derecho por parte de una variedad de ciudadanos y funcionarios, desde el vicepresidente (Mike Pence) hasta el personal de la istración Trump y asesores externos.
Servidores públicos dedicados
Es comprensible que gran parte de la atención en las audiencias se haya centrado en las acciones del expresidente Trump en el período previo al 6 de enero. Otra cobertura de los medios se ha centrado en los del Congreso que forman parte del comité.
Pero, como estudiosa de la supervisión del Congreso, creo que entre las verdaderas estrellas de las tres audiencias se encuentran los talentosos, y en gran parte no reconocidos, equipos de personal que trabajaron para obtener las pruebas presentadas en las audiencias. A menudo mal pagados, estos individuos se comprometen a hacer que el gobierno funcione.
Y sus esfuerzos dejaron al descubierto a personas en las tres ramas del gobierno con un compromiso similar de defender la Constitución y el estado de derecho.
La segunda audiencia reveló que los profesionales de la campaña, los funcionarios del Departamento de Justicia e incluso los funcionarios seleccionados y designados por el presidente Trump intentaron frenarlo para que no hiciera afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020.
Esa audiencia también enfatizó que, de las 62 demandas interpuestas contra los resultados de la elección presidencial, 61 han fracasado. Estas decisiones provinieron de jueces que fueron designados tanto por demócratas como por republicanos, incluido el propio expresidente Trump.
Como apuntó el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson, a los testigos J. Michael Luttig, un ícono conservador y asesor del vicepresidente Mike Pence, y a Greg Jacob, asesor legal de Pence en la tercera audiencia: dijo que estaba consciente de que “nuestro sistema casi fracasa y nuestra base fundacional democrática casi se destruye, salvo por personas como usted".
Cooperación generalizada y bipartidista
Gran parte del debate público previo a las audiencias del 6 de enero se centró en la negativa del presidente Trump y sus aliados a proporcionar información al comité.
Sin embargo... El comité entrevistó con éxito a más de 1000 personas y revisó más de 125 000 documentos.
Entre los que cumplieron con las solicitudes de información del Congreso se encuentran la propia familia del presidente y del círculo íntimo de Pence.
Reconocimiento del marco legal
Ha habido muchas elecciones impugnadas y escándalos presidenciales a lo largo de la historia.
La infame lucha de Thomas Jefferson y Aaron Burr por la presidencia en 1800 y Richard Nixon en Watergate, resalta los intereses políticos de la presidencia.
En respuesta, los procedimientos exigidos por la ley han regulado la transición del poder de un presidente al siguiente.
Una de las piezas más importantes de este marco legal es la Ley de Cómputo Electoral. Promulgada por el Congreso en 1887, la ley especifica exactamente cómo el Congreso certifica las elecciones presidenciales.
La aprobación de la ley fue el resultado de una batalla partidista sobre quién ganó las elecciones presidenciales de 1876 entre el republicano Rutherford B. Hayes y el demócrata Samuel J. Tilden. Se disputaron los votos electorales de cuatro estados y, finalmente, el Congreso estableció una comisión para determinar el próximo presidente.
Es la única vez en la historia que un arreglo extraconstitucional llevó al Congreso a decidir una elección presidencial.
La audiencia del pasado 16 de junio proporcionó evidencia de desacuerdos dentro de la istración Trump sobre la interpretación de estas leyes.
Sin embargo, casi todos aceptaron las leyes. Incluso John Eastman, el abogado en el centro de la estrategia legal de Trump, reconoció que el plan para bloquear la certificación de las elecciones no se sostendría en los tribunales.
Responsabilizar a los funcionarios electos
Los creadores de la Constitución de Estados Unidos lucharon por compatibilizar el poder presidencial con los valores de la república. En última instancia, los creadores acordaron que los ingredientes para una democracia exitosa requerían que los presidentes fueran personalmente responsables de su comportamiento en el cargo.
Al menos 20 millones de personas vieron la primera noche de las audiencias, que está a la par con los ratings de Sunday Night Football o el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. Muchos más vieron extractos de testimonios o declaraciones en las redes sociales.
Mientras los manifestantes del 6 de enero gritaban en los pasillos del Congreso acerca de recuperar el poder del pueblo, su insurrección fracasó. En cambio, los hombres y mujeres que ayudan al comité del 6 de enero a comprender lo que sucedió ese día están silenciosamente, insistentemente, recordando a los estadounidenses los valores de su república. La visión de los artífices de nuestra democracia tiene su eco hoy.
Este artículo fue publicado en The Conversation bajo una licencia Creative Commons. Lee el original aquí.
Jennifer Selin es codirectora de la Oficina en Washington del Centro Carl Levin para la Supervisión y la Democracia, Universidad Estatal de Wayne.
