La MS-13 tiene granjas avícolas, cafetales y recibe dinero de políticos: lo que reveló exmarero en masivo juicio en El Salvador
Uno de los procesos judiciales más grandes emprendidos contra la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador, que ha sentado en el banquillo de los acusados a más de 400 jefes y de la banda, terminó exhibiendo cómo esta sanguinaria organización criminal tiene una estructura financiera sofisticada y un vínculo con los gobernantes más estrecho del que se pensaba.
Treinta años después de que un puñado de mareros deportados regresaron a su tierra natal, la MS-13 ha logrado amasar una fortuna a través de “cuotas” que impone a múltiples negocios (un ingreso de hasta 24 millones de dólares al año), los cuales blanquea usando varias empresas legítimas. Cafetales, granjas avícolas, cultivos de hortalizas y taxis son istrados por testaferros de la pandilla.
Así lo reveló “Noé”, el testigo clave de la Fiscalía salvadoreña y quien durante 25 años fue uno de los cabecillas de la Mara, en el juicio que se realizó del 8 de octubre al 4 de noviembre. Contra los imputados pesa una amplia gama de delitos, incluyendo terrorismo, homicidios, narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armas de fuego. El 12 de diciembre una corte antimafia emitirá su veredicto.
A cambio de beneficios judiciales, este pandillero anónimo se presentó en el tribunal para detallar cada una de las complejas funciones de la MS-13, semejantes a las de un grupo delictivo que ha madurado. Hace unos años, Estados Unidos le puso la etiqueta de organización criminal transnacional.
Según las declaraciones de “Noé”, los mareros colectan a punta de pistola y amenazas hasta 24 millones de dólares cada año, sin sumar otros 8.4 millones de dólares que obtienen por la venta de narcóticos.
“Son más de 1,000 vehículos, más de 1,000 motos, más de 1,000 pistolas y 700 fusiles”, describió el testigo cuando la defensa le cuestionó sobre los vehículos y el arsenal que poseen.
Pero el testigo no se guardó nada sobre las finanzas de estos delincuentes. A mediados de octubre, él aseguró que las clicas en el este de El Salvador tenían unidades del transporte público, cuyas ganancias le servían como un ingreso adicional. En el departamento de Ahuachapán, por ejemplo, la clica Hollywood operaba mototaxis. Mientras que la Western istraba taxis piratas en zonas turísticas que, de acuerdo con sus cálculos, generaban una ganancia de unos 17,000 dólares mensuales.
En otras zonas, afirmó el pandillero, la MS-13 posee negocios más lucrativos, como el departamento La Libertad, donde tiene cafetales, granjas avícolas y plantíos de hortalizas. En esa zona, el dinero le llega sin ensuciarse las manos: renta los terrenos obteniendo más de 30,000 dólares cada mes.
Con esas ganancias la pandilla adquiere armamento y narcóticos, aseguró “Noé” en su declaración. En La Libertad, relató, unos 200 jefes de la Mara fueron entrenados en el uso de rifles por dos militares.
La llamada ‘Operación Cuscatlán’, que puso bajo custodia a los pandilleros señalados en este caso, buscaba dar “certeros golpes a las estructuras financieras” de dicha organización. Luego de dos años de investigaciones, las autoridades informaron en febrero de 2018 que habían confiscado 14 inmuebles, 63 vehículos, 27,000 dólares en efectivo y otros 194,000 dólares que estaban en varias cuentas bancarias.
En total, esos bienes sumaron más de 1.8 millones de dólares. Esto fue resultado de una de las investigaciones más grandes realizadas contra la pandilla en años recientes.
De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, la Mara blanquea capitales invirtiendo lo que recibe de las extorsiones o “derecho de piso” en negocios establecidos, pero también abriendo empresas nuevas.
La Mara y la política salvadoreña
“Noé” afirmó que el dinero también les llegó a los pandilleros de algunos gobernantes y mencionó a personajes en las altas esferas políticas.
Según este pandillero, en 2014 y 2015 cabecillas de la banda se reunieron con Norman Quijano, quien fue candidato presidencial del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Se habrían visto unos días antes de la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 2014 y en ese entonces le pidieron un millón de dólares a cambio de su apoyo.
“Desmiento totalmente sus señalamientos. Nunca participé en reuniones con pandillas y nunca ofrecí un millón de dólares”, respondió Quijano, presidente del Órgano Legislativo, en su cuenta de Twitter.
Hasta el presidente Nayib Bukele opinó al respecto, pidiendo que Quijano sea investigado y exigiéndole al funcionario que renuncie a su cargo. “Yo que Arena no caería en el mismo hoyo y me desvincularía. Pero no entienden nada. Allá ellos. El pueblo está observando y pasará factura”, dijo en un tuit.
Arena, por su parte, le exigió al mandatario a través de un comunicado “no entorpecer las investigaciones” y respetar el resultado del caso. “No manipule a su conveniencia política información que, con base en el espectáculo y de forma parcial, pretende ocultar los grandes problemas que tiene el país”, criticó el partido.
Las acusaciones de “Noé” también salpicaron al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, otro miembro de Arena. El testigo aseguró en la corte que el gobernante entregó unos 69,000 dólares a jefes mareros a cambio de votos en las elecciones legislativas y municipales de 2015.
Muyshondt, quien ya ha sido señalado por negociar con pandilleros, negó que dio dinero a delincuentes y señaló que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades para limpiar su imagen.
Pero en el juicio de la ‘Operación Cuscatlán’ también se mencionaron nombres de políticos del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Se dijo que entregaron más de 200,000 dólares a la Mara para que le diera sus votos en 2014, cuando ganó en las elecciones presidenciales.
A decir de “Noé”, la MS-13 usó el dinero “para invertir en droga, algunos préstamos y para ayudar a las zonas para mover el voto”.
Los más de 400 acusados siguieron el juicio desde distintas cárceles a través de videoconferencia, por la estricta vigilancia en torno a ellos. Algunos están en la prisión de máxima seguridad de Zacatecoluca, ubicada a 36 millas de San Salvador.
La pandilla nació en Los Ángeles en la década de 1980, pero sentó sus reales en el triángulo norte de Centroamérica cuando comenzaron a deportar a sus convictos. Allá se engendró su versión más sanguinaria, al grado de volverse una de las causas del éxodo masivo de migrantes hacia EEUU.
