La mujer que quiere que Putin pague un alto precio por los crímenes de guerra en Ucrania
Por ahora, Iryna Venediktova tiene un solo propósito: hacer que Vladimir Putin y las fuerzas rusas paguen por sus crímenes en Ucrania.
Si bien hay funcionarios de muchos países trabajando para dirimir las responsabilidades de Rusia, la mayor parte de la investigación, y la mayor cantidad de procesamientos, probablemente la llevará a cabo la propia Ucrania. Y como fiscal general, Venediktova lidera el esfuerzo.
Para Venediktova, esto es personal.
“Protejo el interés público de los ciudadanos ucranianos. Y ahora veo que no puedo proteger a estos niños muertos”, dice. “Y para mí es doloroso”.
Venediktova, la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de Ucrania, habla con determinación de acero y humor ocasional, y aborda su tarea con una ética de trabajo implacable.
Venediktova, una exprofesora de derecho de 43 años, está en movimiento cada pocos días, las chaquetas y los vestidos de su antigua vida son reemplazados cada vez más por un uniforme verde oliva y un chaleco antibalas. Toma las comidas apresuradamente en el auto o se las salta por completo. Ella comienza temprano, termina tarde.
Su oficina ya abrió más de 8,000 investigaciones criminales relacionadas con la guerra e identificó a más de 500 sospechosos, incluidos ministros rusos, comandantes militares y propagandistas.
“Las principales funciones de la ley son proteger y reparar. Espero que podamos hacerlo, porque ahora son solo palabras bonitas, no más Estado de derecho”, dice Venediktova. “Son palabras muy hermosas. Quiero que funcionen”.
Cómo se recopilan en Ucrania las pruebas de crímenes de guerra
Sus días los pasa hablando con funcionarios extranjeros y donantes, buscando coordinar esfuerzos y obtener apoyo. Pero también corre de pueblo en pueblo, visitando centros de refugiados en todo el país y en los cruces fronterizos donde ha estacionado fiscales para recopilar las historias de los ucranianos y transformarlas en hechos probados antes de que desaparezcan.
Las entrevistas pueden llevar horas. Inclinados sobre las computadoras portátiles, los fiscales esperan las lágrimas de la gente para preguntar cómo sonó el bombardeo, cómo se esparcieron las municiones al impactar. Preguntan qué uniformes y qué insignias llevaban los soldados. Esta es la materia prima de la rendición de cuentas, el primer eslabón de una cadena de responsabilidad que Venediktova espera conectar hasta las más altas esferas de Rusia.
Recientemente, visitó la oficina en Leópolis, donde Ala, de 34 años, se sienta con los fiscales y les explica cómo había perdido su casa. No quiere que se publique su apellido porque su hija de 8 años sigue atrapada en territorio ruso.
Ala promete volver con un fragmento de un mortero que destruyó su apartamento en Vorzel, un pueblo a unos kilómetros al oeste de Bucha. Había recogido el metal, denso y gris en sus manos, como un recuerdo de lo que había sobrevivido. Y como prueba.
“ Necesitamos pruebas para que sean castigados”, dice Ala. "Soy afortunado. Todavía estoy vivo para hablar de lo que me pasó”.
Cuando el presidente Volodymyr Zelensky nombró a Venediktova, en marzo de 2020, heredó una oficina plagada de acusaciones de corrupción e ineficiencia, y un código legal que, según expertos externos, necesita una reforma urgente.
Se ha presentado a sí misma como una reformadora. Miles de fiscales han sido despedidos por no cumplir con los estándares de integridad y profesionalismo, por lo que tiene un departamento que no cuenta con el personal necesario para preparar casos de crímenes de guerra contra, según predice ella, 1,000 acusados.
Venediktova ha estado construyendo alianzas con grupos de derechos humanos, algunos de los cuales tienen un historial de antagonismo con las autoridades ucranianas, y un público a menudo desconfiado.
Este mes, 16 grupos de la sociedad civil ucraniana formaron la Coalición 5AM para documentar posibles crímenes de guerra. Además de analizar material de código abierto, istran redes de monitores capacitados que reúnen pruebas en todo el país para compartirlas con los fiscales.
A ellos se unen investigadores de todo el mundo, en lugares como el Centro para la Resiliencia de la Información, Bellingcat y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos, que han estado revisando la avalancha de publicaciones en las redes sociales para verificar qué sucedió y quién es el responsable.
Venediktova también ha alentado a los ciudadanos comunes a envíen la información que puedan recopilar con sus teléfonos a warcrimes.gov.ua. A la quinta semana de guerra ya había más de 6,000 entradas.
Una de las prioridades de Venediktova es requisar el dinero de los criminales de guerra y dárselo a las víctimas. Necesitará la cooperación de países de todo el mundo donde los sospechosos rusos han escondido su riqueza. Muchos países no pueden confiscar legalmente activos para un tribunal extranjero.
Ucrania también está colaborando en esta búsqueda del tesoro global con un portal en inglés, ruso y ucraniano al que cualquiera puede enviar sus pistas sobre estos activos.
Hay, por supuesto, un premio aún mayor que está fuera de nuestro alcance: cientos de miles de millones de dólares en activos rusos congelados por EEUU, la UE, el Reino Unido, Suiza y otros. Tal vez algún día eso también podría usarse para financiar la reconstrucción y las reparaciones en Ucrania.
Poco antes de las 9 p. m., Venediktova aparece en la televisión nacional, como lo hace la mayoría de las noches. Asegura a su pueblo que la culpa será castigada y el sufrimiento compensado.
“Mi primera alegría será la victoria de poder vender la villa y el yate de alguien, y nuestros ucranianos comunes, que se vieron obligados a huir de sus hogares, reciban esta compensación”.
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Esta historia es parte de una investigación en curso de The Associated Press y Frontline que incluye la experiencia interactiva War Crimes Watch Ucrania y un próximo documental.
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