Redada en Mississippi no fue una sorpresa: ICE reportó inconsistencias en identidades de trabajadores
La redada del miércoles en siete plantas procesadoras de alimentos en Morton, Mississippi, que terminó con 680 trabajadores inmigrantes arrestados, no fue una sorpresa. Y tanto patronos como trabajadores estaban avisados de que el gobierno federal les había colocado en la mira.
“La empresa hace varias semanas envió a los empleados una carta indicándoles que había inconsistencias en los datos que proporcionaron con la información del Seguro Social”, confirma a Univision Noticias Luis Espinoza, de la Alianza de Mississippi para los Derechos de los Inmigrantes (MIRA) en la ciudad de Conton, donde opera una de las plantas procesadoras de pollo allanada por decenas de agentes federales de inmigración.
Las otras seis procesadoras afectadas se ubican en un radio de 60 millas. La mayoría de los arrestados son trabajadores de origen centroamericano. De los 680 arrestados, 107 son mexicanos, según reportes consulares.
El primer aviso
A finales de julio del año pasado la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo que había enviado “más de 5,200 avisos de auditoría I-9 a empresas”. Agregó que las cartas anunciaban que sus registros de contratación iban a ser auditados en el marco del programa E-.
Durante una primera fase, entre el 29 de enero y el 30 de marzo del 2018, la Unidad de Investigaciones Especiales (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ejecutó 2,540 inspecciones que culminaron con 61 arrestos.
En una segunda fase, entre el 16 y el 20 de julio, la HSI llevó a cabo 2,738 inspecciones e hizo 32 arrestos, indicñó la agencia.
La redada del miércoles en Mississippi dejó un saldo de 680 detenidos, la mayor redada registrada en un solo estado desde la implementación del programa E-.
Los efectos
“Este no es un delito sin víctimas", dijo Derek N. Benner, Director Asociado Ejecutivo Interino de HSI. "Los trabajadores no autorizados a menudo usan identidades robadas de trabajadores legales, lo que puede afectar significativamente el crédito de la víctima del robo de identidad, los registros médicos y otros aspectos de su vida cotidiana", añadió.
Mientras la agencia lleva a cabo investigaciones en el lugar de trabajo para cumplir con la ley federal, “la unidad de investigaciones especiales está aumentando el número de auditorías I-9 (E-) en un esfuerzo por crear una cultura de cumplimiento entre los empleadores”, indicó Benner.
El funcionario dijo además las operaciones también incluyen la presentación de cargos criminales as los empleadores que infringen la ley a sabiendas.
El segundo aviso
En mayo el diario The New York Times reportó que el gobierno de Trump había enviado a empleadores más de 570,000 cartas de no concordancia debido a inconsistencias entre los datos proporcionados por los trabajadores y la base de datos del Seguro Social.
La información auditada proviene de los formularios de impuestos W-2.
En algunos casos los motivos de la falta de concordancia pueden deberse a un error, el cambio de nombre de un trabajador al contraer matrimonio o por una falla tipográfica al momento de llenar el documento. Pero el gobierno señala que también puede deberse al uso indebido de documentos por parte de trabajadores indocumentados.
La ley dice que los empleadores no pueden tomar medidas en contra un empleado, sino que exige que verifiquen y corrijan la falta de concordancia en un plazo de 60 días.
“Muchos de los trabajadores de la planta aquí en Canton recibieron cartas de la empresa donde les comunicaron que había un problema, y les dieron plazo para aclararlo. Pero vino la redada y se llevaron a 680”, dijo Espinoza.
La redada
El DHS dice que el HSI dice que es la agencia encargada de hacer cumplir la ley “que requiere que los empleadores verifiquen la identidad y la elegibilidad laboral de las personas que contratan”.
Añade que “estas leyes ayudan a proteger los empleos para los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales de Estados Unidos”, uno de los principios de la política migratoria de Trump.
La agencia añade que las auditorías seguirán llevándose a cabo y que éstas “eliminan las ventajas competitivas injustas para las empresas que contratan ilegalmente una fuerza laboral ilegal y fortalecen la seguridad pública y la seguridad nacional”.
ICE explicó además que “las investigaciones de cumplimiento en el lugar de trabajo a menudo involucran actividades criminales adicionales, tal como el tráfico de extranjeros, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el fraude de documentos, la explotación de los trabajadores y/o salarios y condiciones laborales deficientes”.
Una guerra avisada
La ejecución de redadas fue advertida por Trump a finales de junio, al tiempo que urgió al Congreso que cambie la ley de asilo y lo que él define como “lagunas” legales que permiten a los migrantes llegar a la frontera a pedir asilo.
Dos semanas más tarde, en Cuccinelli, director interino de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), dijo que las batidas de inmigrantes "sin duda van a ocurrir".
Simultáneamente, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pidieron no ser identificadas, confirmaron a Univision Noticias que las operaciones son "inminentes", y que los agentes están listos para proceder desde hacía dos semanas.
Cuccinelli también dijo en aquella ocasión que el gobierno tiene en sus manos “más de 1 millón” de órdenes finales de deportación que no se han cumplido, las que serán ejecutadas por ICE, cabeza de la fuerza nacional de deportaciones del gobierno.
En dos mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, Trump anticipó el 22 de junio que “las personas que ICE detendrá ya han sido ordenadas para ser deportadas. Esto significa que han huido de la ley y han huido de los tribunales. Es gente que se supone que debe regresar a su país de origen. Rompieron la ley al entrar al país, y ahora al quedarse. Cuando las personas entren ilegalmente en nuestro país serán ¡DEPORTADAS!”.
En casa de herrero
El escándalo en la contratación de trabajadores no autorizados en hoteles y clubes de golf del presidente desatado a principios de año puso en evidencia a la Organización Trump por no usar el sistema federal de verificación de empleo, y la publicación en enero de un comunicado indicando que lo haría a partir de ese momento.
La decisión dejó en claro deja en claro que no todas las empresas Trump lo estaban haciendo, en parte porque no es obligatorio, pero contradice el discurso del presidente quien, incluso en la campaña, prometió deportar a la totalidad de los indocumentados porque, según sus palabras, quitan trabajos a los estadounidenses y provocan daños multimillonarios al presupuesto.
Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, dijo que "estamos empeñados activamente en uniformar este procedimiento en todas nuestras propiedades e instalaremos E- en todas las propiedades que actualmente no lo tengan".
Para acallar las críticas surgidas por denuncias de contratar a indocumentados en sus empresas, la organización despidió el 18 de enero a un grupo de trabajadores, algunos de los cuales llevaban más de 12 años laborando en los hoteles y los campos de golf sin autorización legal para hacerlo.
La explicación aportada por el hijo del mandatario señala que, “como compañía, tomamos muy en serio esta obligación y si hay un caso en que un empleado ha presentado documentos falsos tomaremos las medidas apropiadas”.
