La militarización de las fronteras mexicanas dispara las detenciones arbitrarias, según informe
La política migratoria de México bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está basada en la militarización y no tiene enfoque alguno sobre Derechos Humanos: uno de cada cinco militares mexicanos está dedicado a proteger sus fronteras.
La participación militar ha incrementado el número de detenciones arbitrarias, violencia física y sexual y la discriminación racial, de acuerdo con un informe elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático.
La suma total de detenciones contra migrantes en los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador es de 846,927. Aunque el actual mandatario mexicano apenas ha rebasado la mitad de su periodo de gobierno, la cifra supera ya el total alcanzado por sus dos antecesores, Felipe Calderón (509,402) y Enrique Peña Nieto (823,905).
El presidente mexicano, quien en campaña dijo en varias ocasiones que retiraría al Ejército de las calles, tiene una relación más poder que ninguno de sus antecesores, y la política migratoria no es una excepción.
Y esta decisión ha tenido consecuencias. En junio de 2019, apenas seis meses después de la llegada al poder del presidente López Obrador asumiera el poder, las detenciones se habían disparado un 150%.
Para enero de este año, el gobierno mexicano había enviado 28,397 del Ejército y la Guardia Nacional para vigilar las fronteras mexicanas, lo que corresponde a un 19.11% del total de elementos desplegados en todo el país.
Las detenciones arbitrarias ejecutadas por el gobierno mexicano son una – pero no la única– violación del derecho internacional en materia de inmigración. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la detención migratoria “está prohibida” para menores de edad y “debe ser una medida excepcional y de último recurso”. La realidad ofrece una imagen muy distinta.
Los gobiernos suelen usar eufemismos para referirse a sus acciones migratorias, tales como “rescates”, “tramitación” e “internamiento”. El informe señala que “las personas detenidas no tienen libertad para marcharse” y que por tanto, “sin importar el término que utilice el Estado, si se priva a una persona en razón de su condición migratoria es un caso de detención migratoria”.
La distancia entre la teoría y la práctica también se refleja en el modus operandi de las autoridades mexicanas. La ley indica que la Guardia Nacional debe ser acompañada por el Instituto Nacional de Migración mexicano (INM) en las detenciones, pero el informe apunta que su investigación descubrió que esta labor es realizada prácticamente por los cuerpos armados.
“Incluso en entrevistas realizadas a agentes del INM y de la Guardia Nacional, expresaron que no sabían que era necesaria la presencia del INM durante la detención de personas migrantes”, indica el informe.
Las detenciones se realizan de forma sistemática y sin realizar “un análisis caso a caso”. Un oficial de la Guardia Nacional citado por los investigadores explica que ha recibido la orden de “no dejar pasar a ningún extranjero”. El informe, además, indica que muchas de estas detenciones no quedan registradas. Un funcionario que pidió no ser identificado, dijo: “Ellos [los cuerpos armados] hacen las detenciones, luego llaman a Migración y se los entregan”.
