Gobierno limita arrestos o redadas de inmigrantes en tribunales de justicia
Las autoridades de Donald Trump se hizo frecuente.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo durante el anuncio que la nueva guía ¨limita las acciones de ejecución civil” de la Patrulla Fronteriza (CBP) “en o cerca de los juzgados”.
Las nuevas instrucciones fueron transmitidas al personal de ambas agencias federales en un memorando firmado por el director interino de ICE, Tae Johnson, y el comisionado interino de CBP, Troy Miller.
Los arrestos en y alrededor de los tribunales de justicia formaron parte de la asilo, un recurso legal disponible.
Las excepciones
El DHS dijo que proporcionará “orientación adicional” a los agentes federales de ICE y del CBP sobre “actualizadas de cumplimiento de la ley de inmigración”.
Indico además que, a pesar de la prohibición, se puede tomar una acción civil de cumplimiento de la ley de inmigración en o cerca de un juzgado solo en los siguientes casos limitados:
- Se trata de un asunto de seguridad nacional;
- Existe un riesgo inminente de muerte, violencia o daño a cualquier persona;
- Implica la persecución de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública;
- Existe un riesgo inminente de destrucción de material de prueba para un caso penal.
La nueva regla provisional indica además que “se permite la aplicación de la ley de inmigración civil contra amenazas a la seguridad pública en ausencia de persecución cuando sea necesario y con aprobación previa".
El debido proceso
De acuerdo con la guía, el objetivo del gobierno es “preservar el a los tribunales” y proteger el debido proceso migratorio.
“Asegurar que las personas tengan a los tribunales impulsa la istración justa de justicia, promueve seguridad para las víctimas de delitos y ayuda a garantizar la igualdad de protección ante la ley”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas.
Indicó además que la regla provisional “es el último paso en nuestros esfuerzos por enfocar nuestros recursos civiles de aplicación de la ley de inmigración en las amenazas a la seguridad nacional y pública”.
En enero, tras la toma de posesión del presidente Joe Biden, el gobierno estableció nuevas prioridades de deportación, enfocadas en aquellos extranjeros que han cometido crímenes graves o constituyen una amenaza a la seguridad nacional.
Por el Contrario, Trump decretó el 25 de enero de 2017 que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad publica y nacional de Estados Unidos.
Carta de exjueces
En diciembre de 2018, tras la implementación de la política que permitió arrestos en tribunales de justicia y sus alrededores, un grupo de 70 exjueces de inmigración enviaron una carta al entonces director interino de ICE, Ronald Vitiello, para pedirle que frenara la detención de inmigrantes en los juzgados.
Los jueces retirados señalaron en la misiva que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, deben tener derecho a visitar las salas de los tribunales sin miedo a ser detenidos.
“Sabemos de primera mano que para que los tribunales puedan hacer justicia de manera efectiva, garantizar la seguridad pública y servir a sus comunidades, el público debe poder acceder a ellos de manera segura y sin temor a represalias”, indicaron.
Los exjueces añadieron en la carta que, debido a las actividades de ICE en el interior de los juzgados, para muchos los tribunales se han convertido en “lugares a evitar”.
El llamado no fue atendido y en los tribunales de Arizona, California, Connecticut, Colorado, Illinois, Florida, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Washington se registraron aumentos en los meses siguientes.
Activistas esperan que la nueva regla genere confianza en la comunidad inmigrante. “Era un problema serio la política anterior, porque la gente no se presentaba por miedo. Y si no lo hacía se generaba un problema doble, porque el juez entonces emitía una orden de deportación en ausencia”, dice Francisco Moreno, director ejecutivo de la Federación de Confederaciones Mexicanas en Los Ángeles (California).
Creemos que esta nueva regla provisional cambiará las cosas y permitirá que nuestra comunidad navegue libremente dentro del debido proceso, como debe de ser”, indicó.
