Estos son los argumentos del gobierno que ponen en peligro el futuro de los 700,000 dreamers protegidos por DACA

Tras la audiencia sobre el futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA) el martes en la Corte Suprema, donde abogados del gobierno y defensores del programa presentaron argumentos en contra y a favor, las dudas respecto al futuro de los casi 700,000 dreamers aumentaron, y también las divisiones.

Por una parte, el gobierno insiste en que Donald Trump, en uso de su autoridad presidencial, canceló el programa “basado en su creencia” y ante las “serias dudas” de que la política de DACA, creada por el expresidente Barack Obama “es ilegal”. Y que la decisión respecto eliminar el beneficio la tomó utilizando “la discreción” que al presidente le otorga su Autoridad Presidencial (APA), un tema que no está en juego y no debe ser revisado por el organismo Judicial.

El abogado general del gobierno, Noel Francisco, argumentó ante los magistrados que el presidente, al tomar su decisión, no violó la Autoridad Presidencial, y mencionó dos razones.

Primero, dijo, “la rescisión simplemente terminó una política previa de no cumplimiento por la cual el Departamento (de Seguridad Nacional, DHS) acordó no hacer cumplir la INA (Ley de Inmigración) contra cientos de miles de extranjeros ilegales” (indocumentados).

Pero que la decisión de si se hace o no se hace cumplir la ley, es algo que en este caso compete con la “discrecionalidad del presidente”, apuntó Francisco, y en este caso “no es revisable”, a menos que un estatuto lo restrinja y nada en la Ley de Inmigración INA requiere el DHS u otra agencia de aplicación de la ley diga que no puede aplicar la ley.

El segundo argumento esgrimido por Francisco, quizás menos firme que el primero y el que sembró dudas, fue si la orden producto de la discrecionalidad del presidente fue “razonable” porque puso fin a una política “de incumplimiento”, dijo el abogado general, en referencia que DACA impidió al DHS hacer su trabajo al no proceder con la deportación de inmigrantes indocumentados.

Pero, además, el gobierno argumentó que DACA fue una medida temporal provisional que “podía ser rescindida en cualquier momento”.

Debate confuso

Si bien el planteamiento de Francisco constituye la base del alegato por parte del gobierno, el principal argumento esgrimido por los abogados que defienden DACA se basa en los dictámenes emitidos por las cortes inferiores, de que la cancelación del programa fue una medida “arbitraria y caprichosa” por parte de Trump.

Una de las primeras preguntas que surge entonces es si la Corte Suprema revisará el texto de la cancelación del programa o si el presidente es dueño o no de utilizar su autoridad presidencial para, en base a su discrecionalidad, proceder a la cancelación de un beneficio que fue creado en base al uso de la misma autoridad de que dispone el Ejecutivo.

“El debate hasta ahora es confuso”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Los abogados de ambas partes citaron muchos argumentos, pero el principal es determinar la jurisdicción de la corte, si el poder Judicial tiene derecho a revisar la cancelación de DACA, ordenada por el presidente en uso de su discreción bajo su autoridad presidencial”.

Velásquez dice que cuando se discutió esto durante la audiencia, se habló de “intereses de confianza”, si los dreamers beneficiados por el programa “dependen” de su estatus para ejercer esos derechos. “Y que, debido a esos derechos tan importantes, la corte puede o no revisar la decisión del presidente”.

Y no solo “debido a los grandes intereses que tienen” (los dreamers), agrega. “También se mencionó en la audiencia los intereses de las decenas de organizaciones” beneficiadas alrededor de ellos, sindicatos laborales, asociaciones educativas, etcétera. Se está hablando no solo de los beneficios de los soñadores, sino de los beneficios que recibe el país gracias al aporte de estos jóvenes protegidos por DACA”.

¿Justo o injusto?

El debate presentado ante la Corte Suprema parece llevar a la Corte Suprema a navegar entre dos alternativas. La primera, si la decisión del presidente fue justa o injusta; la segunda, si fue legal o no. Y en ambos casos el fallo sentará un precedente jurídico determinante que marcará el futuro de la política migratoria.

“Por una parte, en la audiencia se dijo que DACA era temporal, que se tenía que terminar y solo era por dos años. Pero ahora están diciendo que esto va más allá de la autoridad ejecutiva, que el presidente debe mirar más allá de su capacidad ejecutiva y no puede dejar a los dreamers a la intemperie, que debe ver por el bienestar de ellos y de todas las asociaciones que dependen de la labor de ellos. Que los intereses de ellos deben ser tenidos en cuenta antes de tomar una decisión. Eso me da un poquito de esperanza”, dice Velásquez.

“El gobierno federal creo intereses en los soñadores, ellos confiaron esos intereses y se generó dependencia de estatus y derecho a trabajar. Lo justo es que la corte escuche el caso y tome en consideración estos argumentos”, indica.

Tras una pausa, reflexiona y dice: “No quiero ser optimista, pero espero que la decisión sea ajustada, no solo apegada a cuestiones legales, sino que tenga en cuenta los aspectos sociales. Los dreamers dependen del fallo y el país necesita de ellos”.

Qué revisará la corte

Los escenarios dibujados durante la audiencia son el reflejo de la división que existe en el país en cuanto al tema de la inmigración. Y al final del día, se espera que la Corte Suprema resuelva la legalidad del uso de los poderes del presidente, que tiene que ver con la Ley de Procedimiento istrativo, para poner fin a un programa que fue creado por su antecesor en el ejercicio de esa misma capacidad ejecutiva.

“En realidad hay dos preguntas en este debate”, dice Phil Agusti, un abogado constitucionalista que ejerce en Washington DC. “La primera, es si la rama judicial puede revisar la decisión del presidente Trump. La segunda, que también tiene que ver con la Ley Procedimiento istrativo, es si la decisión de eliminar DACA fue legal o no”.

De la primera interrogante, Agusti señala que los argumentos del gobierno para defender la independencia de poderes son firmes, y es poco probable que los jueces de la Corte Suprema se inclinen a revisar y/o poner en duda el uso del poder ejecutivo por parte del presidente para cancelar un programa que fue activado por la misma vía y se trataba de un beneficio de carácter temporal.

La duda rodea al segundo argumento, pero se trata solo de eso, una cierta incertidumbre que puede incidir en la decisión final, pero no se convertirá en un factor decisivo. Se trata de la razón que argumentó el exfiscal general Jeff Sessions el 5 de septiembre de 2017, cuando canceló DACA. “El dijo que el gobierno pensaba que, dadas ciertas decisiones tomadas por la Corte Suprema, que esa política (DACA) era ilegal”, indicó Agusti.

“Es decir, en vez de pensar que esto era una mala idea desde el punto de vista político, el gobierno dijo que pensaba que la política decidida por Obama, en uso de su discrecionalidad, era ilegal. Eso abrió la puerta para demandar la decisión de Trump en las cortes inferiores”, indicó.

Cuatro meses después de la cancelación, una corte de San Francisco determinó que la cancelación de DACA fue una decisión “caprichosa y arbitraria” y ordenó que fuera restablecido tal y como se encontraba el 4 de septiembre de 2017, excepto para dreamers que antes no se habían registrado.

“El gobierno dice que, suponiendo que la Corte revise punto, nosotros (el Ejecutivo) tenemos discreción en cuanto a quien vamos a enjuiciar, y era razonable para el gobierno decidir en ese momento que esa política (DACA) era ilegal y no vamos a continuar con ella”, precisa.

Poco probable

El segundo argumento del gobierno no es firme, pero eso no quiere decir que la Corte lo desestime y lo deje aun lado. Porque si lo hace estaría poniendo en duda la capacidad del presidente para usar a su discreción su poder ejecutivo. Por eso las preocupaciones.

En caso de que los magistrados de la Corte respalden el segundo argumento del gobierno, que la cancelación de DACA no se trata de una decisión “arbitraria y caprichosa” como han dictaminado las cortes inferiores, porque el presidente lo ordeno en uso de su capacidad ejecutiva, el gobierno de Trump conseguiría una victoria clave en un año electoral.

“Ellos, en realidad no están argumentando que tratan de evitar la discusión respecto a si esto es no lo lega, se basan en la capacidad ejecutiva, en el poder del presidente”, dice Agusti. “Así es que, en este caso, en realidad no se sabe lo que decidirá la Corte”.

Añade que “tomando en cuenta los argumentos presentados por el gobierno, convierten el debate jurídico en un caso entre un tema que tiene que ver con a Ley de Procedimiento istrativo y en tratar de determinar los limites del poder de la rama ejecutiva”. En este escenario, el talón de Aquiles es DACA y los casi 700,000 dreamers amparados por el programa.

Futuro incierto

El futuro de DACA es incierto. Agusti advierte que, si bien el segundo argumento del gobierno no es firme, los jueces evidenciaron, con sus preguntas, que existe una clara división 4-4 y será el voto del juez presidente John Roberts quien decida el futuro del programa.

Entre las posibles decisiones, asoma una que Agusti llama salomónica y que puede estar incluida en la lista de probabilidades. Que la Corte no ponga en discusión la capacidad ejecutiva del presidente, que devuelva el caso a las cortes inferiores para que a su vez estas le pidan al Ejecutivo que explique las razones por las cuales ha decidido poner fin a DACA, y que el Ejecutivo acepte reescribir el término del programa en uso de la discrecionalidad otorgada por la APA.

“Que los magistrados digan que el razonamiento original era inconsistente y se los envíe nuevamente para que la orden sea escrita con una razón diferente, más bonita”, dice tras una pausa.

“Pero no creo que vayamos a tener un resultado final pronto. Esto se resolverá en el 2020. Si gana el presidente, ahí se acaba todo. Todo depende si para los magistrados son suficientes los argumentos ventilados el martes. Si no lo son, también es probable que regresen el asunto al Departamento de Justicia. Pero no lo creo, no pienso que el presidente cambie la razón, no me imagino que lo haga. Y si se diera el caso y cambie la rescisión, entonces empezaríamos otra serie de pleitos en las cortes”, aseguró.

Agusti dijo además que, si el gobierno de Trump hubiese rescindido DACA de buena manera, “no habría abierto las puertas de las cortes inferiores a los defensores del programa. Ese fue su principal error”.

Lo único seguro, aventuró, “es que el fallo incluirá muchas opiniones” debido a la trascendencia del tema, concluyó.

DACA protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron antes de cumplir 16 años a Estados Unidos y se les conoce como dreamers.