Cómo un fallo emitido por una corte de apelaciones puso en duda los arrestos de ICE
Un reciente fallo judicial que anuló dos mandatos emitidos por una corte inferior puso en la mirilla la legalidad de los arrestos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y generó interrogantes sobre si los llamados ‘detainers’ (solicitudes para que una Agencia de Aplicación de la Ley (LEA) mantenga detenida a una persona bajo custodia federal) violan o no la Constitución de Estados Unidos.
El 11 de septiembre, un de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló dos mandatos relacionados con la detención de un ciudadano estadounidense por el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (California) a solicitud de ICE, que equivocadamente pensó que el individuo estaba sujeto a una deportación.
El dictamen apunta directamente a los ‘detainers’, un proceso que se apoya en una base de datos del gobierno cuya información puede estar equivocada o ser imprecisa y en un mandato que puede estar en contra de lo que estipula la Constitución, sobre todo en el tiempo de privación de libertad y la formulación de cargos.
"Un caso que puede cambiar la dinámica de inmigración"
La disputa jurídica se basa en el caso del ciudadano estadounidense Gerardo González, quien fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles bajo cargos estatales. Según la demanda, un agente de ICE cotejó el nombre de González con la base de datos de la agencia y determinó que el individuo estaba sujeto a deportación. La agencia envió entonces el ‘detainer’ a la oficina del Alguacil para que lo mantuviera retenido por hasta cinco días en la cárcel del condado.
González fue detenido más allá del tiempo estipulado por la 4ª Enmienda de la Constitución y, después de varios días, ICE comprobó que se trataba de un ciudadano estadounidense.
“La ley exige que toda persona detenida en un plazo de 48 horas tenga una audiencia ante un juez neutral, independiente. Eso no ha cambiado, es un derecho que asiste a toda persona que vive en Estados Unidos, incluyendo a los inmigrantes”, añade.
En muchos casos, cuando ICE arresta, “no hace caso” a lo que estipula la Constitución, que una persona no puede estar privada de libertad por más de 48 horas sin que exista causa probable, escribió el profesor de derecho de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, Michael Kagan, en un artículo de opinión publicado por el medio The Hill la semana pasada.
“Por lo general las retienen durante semanas antes de que cualquier juez evalúe si ICE tenía una base legal válida para realizar el arresto”, agrega.
Indicó además que, de acuerdo con el fallo del de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, las reglas constitucionales habituales que se aplican a la policía en todo el país “también se deben aplicar a ICE” y que la 4ª Enmienda de la Constitución “requiere una pronta determinación de causa probable” por parte de un juez.
Sin embargo, advierte, “la aplicación de la ley de inmigración navega bajo lo que define como una “sombra constitucional donde no se aplican las reglas habituales”. Es decir, cuando ICE arresta a personas la única revisión inmediata “la hacen los propios oficiales de ICE”.
La demanda
En la demanda planteada a la corte federal se pide que la 4ª Enmienda cubra los arrestos de ICE “y los tribunales de inmigración hagan lo que la policía y los tribunales locales hacen todos los días, en todo el país”, subraya Kagan.
La pregunta que formulan los abogados es si los tribunales fallarán en esa dirección. Y si lo hacen, preguntarse si la Corte de Inmigración, que antes de la pandemia tenía más de 1.2 millones de casos acumulados, tiene la suficiente capacidad de respuesta para cumplir con lo que estipula la Constitución.
La Corte de Inmigración tiene unos 480 jueces, de acuerdo con datos del sindicato de magistrados (NAIJ). Con un promedio de 700 casos anuales, fijado por el gobierno de Trump en 2018, en promedio cada caso demora cerca de 4 años en ser resuelto.
Será difícil, sino imposible entonces, cumplir con el plazo constitucional.
Un error abrió la puerta
Hasta antes de la detención de González, los ‘detainers’ eran cuestionados por la opinión pública, pero no tan severamente por los tribunales. “El fallo emitido por el de la corte de apelaciones del 9º Circuito conlleva muchas cuestiones de ley constitucional”, advierte Nelson Castillo, un doctor en la ley de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).
“En este caso se trata de un ciudadano estadounidense que erróneamente fue detenido por las autoridades de inmigración y fue procesado por información errónea colocada en una base de datos supuestamente por un oficial de la policía local y que, basado en esa información que supuestamente vio un oficial de ICE, tomó la determinación de detener a esta persona por mas de 48 horas”, agregó.
“Eso es crítico”, añade. “Si usted esta más de las 48 horas detenido en un lugar por las autoridades migratorias, las autoridades deben tener una razón, no pueden hacerlo discriminadamente”, acota.
Castillo dice, además, que el fallo “le está diciendo a ICE que si va a detener a una persona por más de 48 horas, habrá ese requisito de que debe ser presentado ante un juez independiente, no atado a ICE para que revise el caso conforme las evidencias y decida si puede mantener a esa persona retenida o sea puesta en libertad”.
Los abogados consultados por Univision Noticias no descartan que el caso escale a la Corte Suprema en los próximos meses.
“Es algo muy interesante y ojalá se acate esto a nivel federal”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas). “Así como en una agencia policíaca a las personas detenidas se les debe demostrar que existe causa probable y tienen derecho a una audiencia rápida, de la misma manera debe procederse con los inmigrantes”, apuntó.
Barrón dijo que en la corte de inmigración “las esperas son muy largas” y en muchos casos no se respetan los derechos constitucionales como ocurre en la ley criminal, donde incluso "los individuos tienen derecho a un abogado de oficio si no tienen cómo pagar uno”.
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