Cómo la salida del Acuerdo Flores le facilita a Trump construir sus "ciudades de carpas" para inmigrantes que piden asilo
La posibilidad de que un acuerdo judicial que protege a menores indocumentados de ser detenidos deje de estar vigente a partir de la semana entrante podría terminar no solo con el arresto de miles de inmigrantes, sino que además estos terminen encerrados indefinidamente en el marco de una nueva idea del presidente "ciudades carpas".
El jueves, durante un discurso y rueda de prensa en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, el presidente envío de miles de soldados del Ejército a la frontera.
Pero advirtió que, pese a estar haciendo “un muy buen trabajo considerando que las leyes son tan malas”, algunas “políticas llevan a la liberación de extranjeros ilegales en nuestras comunidades una vez que han sido detenidos”.
Aseguró que con el nuevo decreto que alistan sus asesores para la semana que viene, “ya no vamos a liberar. Vamos a detener no a liberar. Se quedarán con nosotros hasta que se lleve a cabo la audiencia de deportación o la audiencia de asilo”, precisó.
De qué se trata
Según Trump, las leyes que frenan e impiden la implementación de su dura política migratoria, cuyo objetivo es el freno total de la inmigración indocumentada y la deportación acelerada de extranjeros no autorizados en el país, fueron hechas por demócratas, un alegato sin fundamento.
Por una parte, el mandatario se refiere a la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés), que impide la deportación inmediata o acelerada de menores de países no fronterizos y exige que sean enviados a una corte de inmigración opara que un juez decida sus futuros en el país. La ley fue promulgada por el mandatario republicano George W. Bush.
Por otro lado, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 prohíbe la privación de libertad o encarcelamiento de niños (menores hasta los 18 años) en cárceles o centros federales. Fue respaldada por el Congreso 105, controlado por los republicanos.
“Tenemos millones de personas que, a lo largo de los años, han sido liberadas en la comunidad. (Y luego) Nunca aparecen para las citas, nunca vuelven. Nunca los vuelven a ver (…) Y sabemos mucho de dónde están, quiénes son. Y esas personas serán deportadas, deportadas directamente”, añadió.
El plan de Trump
El pasado 6 de septiembre la Casa Blanca anunció un plan para que el gobierno se salga del Acuerdo Judicial Flores bajo el argumento que “limita su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración y poner fin a la inmigración ilegal”.
“Las lagunas legales obstaculizan significativamente la capacidad para detener apropiadamente y eliminar rápidamente las unidades familiares que no tienen base legal para permanecer en el país", dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Kirstjen Nielsen, en un comunicado. "Esta regla aborda uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal”, agregó.
Un día después, DHS y el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) publicaron el nuevo reglamento en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), abriendo un período de comentario público por 60 días, que vence el 6 de noviembre. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) pidió al público en general que entre a la página digital del Registro Federal y dé su opinión sobre la propuesta.
El término del plazo para comentar deja abierta la puerta al gobierno para proceder a la salida unilateral del Acuerdo, coincidiendo con la emisión de la orden ejecutiva anunciada por Trump, decreto cuyo propósito es cambiar la política de asilo.
“Para que haya cambio en la política de asilo de asilo se requiere un cambio en la ley y eso solo lo puede hacer el Congreso”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Si el presidente lo hace, habrá demanda hasta que de alguna manera pueda resolverse este conflicto”, agrega.
Daños irreparables
Para el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano -CAP-), el reglamento sugerido por el gobierno de Trump “disolvería el Acuerdo Flores y permitiría a la istración la posibilidad de encarcelar indefinidamente a niños y familias”. Agrega que “no abordaron ni tuvieron en cuenta los daños a los niños, las familias o las personas LGBT, ni los altos costos que el gobierno soportaría bajo la regla propuesta”.
El CAP dijo en su opinión que “tampoco hay datos ni pruebas que sugieran que la regla propuesta disuadiría a los niños y las familias de buscar asilo en Estados Unidos, refutando un reclamo clave que sustenta la razón del gobierno para proponer el reglamento”.
“En el extremo más bajo”, previene el CAP, “la regla propuesta costará al DHS un poco más de $2,000 millones durante una década, a una tasa anualizada de $201 millones por año. Y en el extremo más alto, la regla propuesta le costará al DHS $12,900 millones durante una década, a una tasa anualizada de $1,300 millones. Estos costos superan con creces el umbral para que una regulación sea considerada económicamente significativa y una regla importante, lo que desencadena una revisión adicional que el DHS y el HHS no realizaron”.
Comentario público
Pero AILA reirera que, contrario a lo señalado por el gobierno, la cancelación del Acuerdo pondrá en riesgo a los menores “y que los niños inmigrantes son especialmente vulnerables y, por lo tanto, merecen protección y tratamiento especiales conforme a la ley”. Y añade: “Las regulaciones propuestas conducirían a la detención indefinida de niños y contravendrían directamente un principio central del Acuerdo Judicial Flores: que los niños inmigrantes deben ser liberados de la detención lo más "rápidamente" posible” y "sin demoras innecesarias".
Con la nueva regla propuesta por el gobierno de Trump, “los niños sean detenidos con sus padres durante todo el proceso de deportación, lo que podría significar que los niños estén detenidos durante meses o incluso años en centros de detención de inmigrantes”, dice AILA, una advertencia que mencionada por Trump e su discurso del jueves.
Añade que esta política “causará detenciones indefinidas de menores y mostrará los efectos traumáticos de la detención en los niños, y el daño considerable y duradero que tiene en su salud física y mental”.
“Permitir la detención indefinida de niños es inaceptable”, subraya AILA y pide al publico ingresar a la página del Registro Federalpara comentar la regla y forzar con ello al gobierno a reescribir y retirar el nuevo reglamento propuesto.
El plazo para emitir comentarios públicos vence el 6 de noviembre. Una vez cerrado el plazo, el gobierno debará considerarlos para redactar un reglamento final, algo que puede demorar varias semanas.
