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Corte Suprema

La Fiscalía de Nueva York puede acceder a declaraciones de impuestos de Donald Trump, pero el Congreso debe esperar

Mientras la Corte Suprema dio el visto bueno para que un fiscal de Nueva York acceda a las declaraciones de impuestos de Donald Trump, los comités del Congreso deberán seguir peleando el caso ya que regresa a instancias inferiores.
9 Jul 2020 – 10:16 AM EDT
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La Donald Trump que solicitan un fiscal de Nueva York y tres comités del Congreso. Las decisiones pueden interpretarse como una derrota y una victoria (por ahora parcial) para el mandatario.

En el primer caso, Trump vs. Vance, la Corte Suprema determinó que Trump debe entregar sus registros financieros, incluyendo sus declaraciones de impuestos, a un fiscal de Nueva York para adelantar investigaciones sobre negocios del mandatario de su época de empresario inmobiliario.

En el segundo, conocido como Trump vs. Mazars, en el que comités del Congreso también pedían acceder a los registros financieros del presidente de sus tiempos de empresario inmobiliario, la Corte anuló decisiones de tribunales inferiores y envió el caso a reconsideración, porque juzga que no se tomó en consideración el delicado tema de la separación de poderes.

En ambos casos, los votos fueron 7 a favor y 2 en contra. Los cuatro magistrados liberales junto con tres conservadores, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los dos jueces nombrados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, votaron con la mayoría. Clarence Thomas y Samuel Alito (ambos conservadores) disintieron en los dos fallos.

Primer caso: Trump pierde contra Vance

En el caso del Distrito Sur de la Fiscalía de Nueva York, el fiscal Cyrus Vance está investigando si la Organización Trump falsificó los registros comerciales para ocultar pagos clandestinos a cambio del silencio de dos mujeres, entre ellas la actriz de cine porno Stormy Daniels. Ambas alegan haber tenido aventuras con Trump, algo que el presidente niega. En ese caso, los documentos permanecerían fuera del alcance del público porque las leyes indican que las deliberaciones de los grandes jurados deben permanecer confidenciales.

La decisión indica que "… sucesivos presidentes desde Monroe hasta Clinton han aceptado la decisión de Marshall de que el presidente está sujeto a una citación y han acordado testificar de manera uniforme cuando se les llama en un proceso penal”.


"En 1974, la pregunta de si obligar a la divulgación de las comunicaciones oficiales sobre la objeción del presidente llegó a un punto crítico cuando el Fiscal Especial de Watergate obtuvo una citación duces tecum que ordenaba al presidente Nixon que produjera, entre otras cosas, grabaciones en cinta de las reuniones de la Oficina Oval. Este tribunal rechazó el reclamo de Nixon de un privilegio absoluto de confidencialidad para todas las comunicaciones presidenciales", añade.

El presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, emitió la opinión de la Corte. " En nuestro sistema judicial, 'el público tiene derecho a la evidencia de todos los hombres'… Desde los primeros días de la República, 'cada hombre' ha incluido al presidente de Estados Unidos. Comenzando con Jefferson y continuando a través de Clinton, los presidentes han testificado uniformemente o producido documentos en procesos penales cuando los tribunales federales lo solicitan", señala Roberts en el documento.

El presidente reaccionó con furia en Twitter y lanzó acusaciones a diestra y siniestra aunque fue poco específico sobre el caso de la Corte Suprema. Acusó de supuesta corrupción a la "istración anterior" diciendo sin pruebas que "espiaron" su campaña y que ese fue el "mayor crimen político y escándalo en la historia de EEUU", que además la investigación de Robert Mueller fue un "farsa". Y que, "a pesar de esto", él ha hecho "más que cualquier otro presidente en la historia en los primeros 3 años y medio".

El fiscal Cyrus Vance, por su parte, emitió un comunicado tras conocerse la decisión: "Esta es una tremenda victoria para el sistema de justicia de nuestra nación y su principio fundamental de que nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la ley. Nuestra investigación, que se retrasó casi un año por esta demanda, se reanudará, guiada como siempre por la solemne obligación del gran jurado de cumplir con la ley y los hechos, donde sea que conduzcan".

Caso dos: Contra el Congreso

La Corte Suprema en el fallo de este jueves señala que las "sentencias de los Tribunales de Apelaciones para el Circuito de DC y el Segundo Circuito quedan anuladas, y los casos se remiten a procedimientos posteriores consistentes con esta opinión". Envía el caso a cortes inferiores porque esas cortes -dice el fallo- "no tuvieron en cuenta adecuadamente las preocupaciones especiales con relación a la separación de poderes".

En este caso, son tres comités de la Cámara Baja que investigan diferentes aspectos de posibles delitos por parte del presidente.

El comité de Supervisión y Reformas de la Cámara de Representantes tiene abierta una investigación sobre un pago realizado a la actriz de cine para adultos a cambio de su silencio sobre un supuesto amorío con el mandatario en 2006 y otra acerca de si Trump infló el valor de sus activos en sus declaraciones de impuestos con el fin de obtener préstamos.

Además, otros dos Comités, el de Inteligencia y el de Servicios Financieros, también han pedido que se le entreguen las declaraciones de impuestos del presidente y de sus compañías. Los demócratas consideran que, durante sus años como empresario, Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos. También sospechan que puede haber algún caso de conflicto de interés con las labores presidenciales.

Los abogados de la Cámara Baja sostienen que el Congreso tiene la autoridad necesaria para exigir los registros, tanto para supervisarlos como para determinar si se necesitan nuevas leyes de ética presidencial y de divulgación de información financiera. Pero la Casa Blanca se negó a colaborar afirmando que se trata de "acoso político" y que la Cámara de Representantes no necesita esa información para desarrollar su labor legislativa.

La opinión fue escrita otra vez por Roberts y rechaza la posición de Trump de que el Congreso debe mostrar una necesidad "demostrablemente crítica" cuando le pide infromación financiera al presidente: "Las investigaciones legislativas pueden involucrar al presidente en los casos apropiados; como se señaló, las responsabilidades del Congreso se extienden a 'todos los asuntos del gobierno'. Debido a que el enfoque del presidente no toma en cuenta adecuadamente estos importantes intereses del Congreso, no lo adoptamos”.

Pero Roberts también rechaza la postura de la Cámara Baja: "Tendríamos que ser 'ciegos' para no ver lo que '[todos] otros pueden ver y entender': que las citaciones no representan un esfuerzo legislativo corriente sino un choque entre ramas del gobierno rivales.... De cualquier manera, una demanda puede apuntar a hostigar al presidente... Nadie puede decir que la controversia aquí es menos significativa para la relación entre las ramas simplemente porque involucra documentos personales".

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