Tres familiares del expresidente Martinelli, vinculados en Panamá a los sobornos de Odebrecht

CIUDAD DE PANAMÁ, Panamá.- Tres familiares del expresidente Ricardo Martinelli se cuentan entre las primeras 17 personas requeridas por la fiscalía de Panamá por su vinculación en la megatrama de sobornos pagados en por la empresa Odebrecht, el gigante brasilero de la construcción.

Dos hijos de Martinelli, Ricardo y Luis Enrique, y su único hermano, Mario, habrían incurrido en “delitos contra el orden económico” de lavado de dinero y sobornos, según la información filtrada a medios locales, poco después de la fiscalía anunciara sin ofrecer nombres que había formulado cargos contra tres ex altos funcionarios, ocho empresarios panameños y cinco extranjeros, y un oficial de la banca privada local.

Ricardo y Luis Enrique fueron identificados por fiscales de Suiza como los beneficiarios finales de seis cuentas bancarias locales que recibieron depósitos por 22 millones de dólares de sociedades controladas por Odebrecht. Aún no se ha revelado qué papel jugó Mario Martinelli en el caso.

La fiscal a cargo del caso, Tania Sterling, pidió a la policía que ubicara a cada uno de los integrantes de la lista, que suma 17 personas, y que los condujera este miércoles a su despacho.

El hermano del expresidente ya tenía prohibición de salida del país, pues se le acusa de fraude y estafa en diferentes causas por sobrecostos en la compra de alimentos y de bolsas escolares para escuelas públicas a través de una oficina de la Presidencia de la República.

Mientras, los hijos de Martinelli vivían en Madrid, España, pero huyeron antes de que se emitieran órdenes de arresto en su contra, según confirmó una fuente familiarizada con la investigación a Univision Noticias. Ahora se cree que están en Miami, añadió la fuente.

En diciembre pasado, Odebrecht reconoció que pagó cerca de $788 millones en sobornos en doce países de América Latina, ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. De este monto, 59 millones de dólares fueron a parar a Panamá, para ganar contratos por $175 millones entre 2010 y 2014.

Además de los Martinelli, otras seis personas fueron requeridas por la fiscal Tania Sterling para responder por el escándalo de sobornos: el exconsejero presidencial Riccardo Francolini; el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; el exdirector del Seguro Social Guillermo Sáez Llorens; y las abogadas Ana Isabel Suárez, Evelyn Vargas y Nitzela Bonilla.

Francolini ya está detenido en una cárcel transitoria de la capital desde 2016 por otro caso de corrupción de la istración Martinelli.

La versión de la familia Martinelli

Los hermanos Martinelli aseguran que los movimientos en sus cuentas en Suiza están vinculados a sus actividades empresariales: que 5.6 millones de dólares ingresaron por la venta de locales en un centro comercial ubicado 10 kilómetros al norte de la Ciudad de Panamá, que comparten con otro de los imputados por el caso Odebrecht.

Los abogados de los Martinelli, que comparecieron a última hora de la tarde a la fiscalía, aseguraron que la fiscal del caso no les permitió acceder al expediente, y que desconocen dónde están sus clientes.

“Tenemos algún tiempo sin (tener) os con ellos”, dijo el jurista Cristóbal Arboleda.
Por su parte, el defensor de Mario Martinelli acusó al Ministerio Público de “persecución deshonesta”, porque no le avisó que sería indagado.

Más de U$9,000 millones en contratos en Panamá

En diez años, Odebrecht ha ganado poco más de 9,000 millones de dólares en licitaciones en Panamá. De ellos, unos 6,000 millones de ellos los concedió la istración de Ricardo Martinelli, de la cual se convirtió en la principal contratista.

Para algunos analistas, como el politólogo Richard Morales, Odebrecht debió haber pagado unos $3,000 millones en sobornos, una tercera parte de sus contratos. Lo dice basándose en la cantidad de dinero que la firma reconoció haber entregado en Panamá ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Odebrecht construyó la primera línea del Metro de Panamá –la obra insignia de Martinelli– por $2,100 millones; un barrio en el centro de la capital por $94 millones; y dos fases de una avenida costera que rodea el casco viejo panameño por casi $836 millones.

Aunque organizaciones de la sociedad civil cuestionaban desde 2014 la cantidad de contratos otorgados a Odebrecht, el gobierno de Juan Carlos Varela, que sucedió al de Martinelli, le concedió en dos años y medio otros $2,500 millones en obras.

Varela ha decidido mantener a Odebrecht al frente de las obras de la segunda línea del metro (por $1,880 millones) y de un barrio de 600 viviendas en la ciudad de Colón, en la entrada caribeña del Canal (por $600 millones). Pero pidió a la compañía desistir de licitar la construcción de un puente sobre el Canal ($1,000 millones) y de la tercera línea del metro ($2,000 millones).

"Cruzada contra la impunidad"

Una vez que estalló el escándalo, el gobierno de Varela ha sido señalado de impedir que las investigaciones contra Odebrecht avancen. El principal argumento ha sido que, mientras en Colombia, Perú y República Dominicana empezaron a conocerse los nombres de los sobornados por la constructora brasileña poco después de que ésta confesara en Nueva York, en Panamá no había pistas.

“Comprendo y entiendo la impaciencia del país por tener respuestas prontas. Sin embargo, en la persecución del delito hay tiempos. Tenemos que cumplir la ley y los términos, y formas como debe avanzar el proceso”, dijo la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell.

“La paciencia no se pide, se gana, y ella no ha sabido ganársela. Aquí lo que se han robado es dinero público y no debemos esperar a nadie para determinar los daños que se le ha hecho al país. El Ministerio Público está siendo controlado por el Consejo de Seguridad y por (el presidente Juan Carlos) Varela, y no podrá actuar como corresponde”, dijo el constitucionalista Miguel Antonio Bernal.

Él y otra decena de figuras notorias del país han formado una liga conocida como la Cruzada contra la Impunidad, que ha convocado a una marcha este miércoles en la que reclamarán que el escándalo de sobornos no concluya como el resto de las investigaciones por corrupción en la era Martinelli: trancados en la Corte Suprema de Justicia, y con sus principales acusados libres.

Odebrecht ya fue expulsado la semana pasada de la Cámara de Comercio de Panamá, el gremio empresarial más importante del país, y el gobierno de Juan Carlos Varela prometió que no le daría un contrato más de los ya otorgados por esta istración en los últimos dos años y medio.

Desde Miami, donde reside hace dos años a razón de investigaciones por corrupción en su contra, el expresidente Martinelli exhortó públicamente al contralor de Panamá a que dentro del abanico de investigación se contemple el proyecto urbano de Curundú, en el centro de la capital, que Odebrecht ganó por $94 millones, y que fue bandera de su entonces vicepresidente, el hoy mandatario Varela.

También pidió en un tuit revisar el sistema de riego Remigio Rojas –la primera obra de Odebrecht en Panamá, licitada en el gobierno de su antecesor, Martín Torrijos– y “chequear cuentas y transferencias a Hong Kong”.