El Salvador quiere parecerse a Guatemala en la lucha contra la corrupción

En un país maniatado en el combate a los delitos de cuello blanco, el allanamiento por enriquecimiento ilícito de oficinas de abogados y varias viviendas relacionadas con el expresidente Mauricio Funes, y la captura del exfiscal general de la República, Luis Martínez, acusado de favorecer a un prominente empresario, fueron interpretados como golpes sobre la mesa que han sorprendido a varios sectores de la sociedad salvadoreña en los últimos días.

El Salvador es una de las naciones más violentas del continente, pero que castiga con poca severidad los casos de corrupción (un exministro que pedía sobornos fue condenado a colaborar con trabajos en una iglesia).Políticamente, le resulta más cómodo tener a las pandillas como su foco principal de persecución de los delitos.

La sensación de pasividad de la Fiscalía salvadoreña para perseguir la corrupción provocó, incluso, que algunos ciudadanos promovieran la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad, similar a la que funciona en Guatemala, país vecino de El Salvador que ya juzgó delitos de lesa humanidad durante la guerra y que ahora mismo tiene en la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta Roxana Baldetti, por cobrar sobornos.

Por el contexto de investigaciones mediocres contra la corrupción, las acciones del nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, juramentado en el cargo hace menos de tres meses, han sorprendido a los salvadoreños porque afectan a personas con influencia empresarial y política.

El 17 de agosto, la Fiscalía allanó doce viviendas relacionadas con el expresidente Funes (2009-2014) y uno de sus principales amigos, el financista de su campaña y exmiembro de su gabinete de gobierno: Miguel Menéndez, conocido como Mecafé. Los fiscales investigan un posible enriquecimiento ilícito del expresidente Funes y un posible tráfico de influencias a favor de una empresa de Mecafé que brinda servicios de seguridad privada.

Andrés Amaya, el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, aseguró que tienen indicios de que Mecafé facilitó el traspaso de inmuebles que beneficiaron a familiares del expresidente Funes, sin que hasta el momento se conozca de dónde obtuvieron los fondos.

Funes es investigado civilmente por enriquecimiento ilícito, luego que la Corte Suprema de Justicia encontrara incongruencias en su declaración patrimonial cuando dejó el cargo. Con los allanamientos que iniciaron la semana pasada, la Fiscalía confirma una segunda investigación contra Funes por enriquecimiento ilícito y otros cuatro delitos relativos a la corrupción.

Este martes, el fiscal general, confirmó que durante los allanamientos encontraron dentro de una caja de seguridad un documento que consigna que el expresidente Funes prestó 700,000 dólares a Mecafé, su amigo y financista de campaña.

El presidente de El Salvador gana 5,181.72 dólares mensuales. En los cinco años que dura el período, el presidente salvadoreño recibe casi 311,000 dólares, unos salarios con los que no se puede justificar exclusivamente los 700,000 dólares del préstamo, según la Fiscalía salvadoreña. En los allanamientos, la Fiscalía también decomisó más de 100 armas de guerra que el exgobernante no declaró cuando dejó el cargo.

El fiscal Meléndez dijo que ordenó los allanamientos porque su oficina detectó que Funes está tramitando una petición de asilo político en Nicaragua y que algunos de sus familiares estaban realizando movimientos “extraños”.

El expresidente reconoció en sus redes sociales que está fuera del país, pero trabajando en una consultoría y consideró que la investigación en su contra es parte de una campaña política orquestada por la derecha y por los Estados Unidos: “No tengo inmuebles ni cuentas. No tengo nada que ver con inversiones de Mecafé. Esto no pasa de ser un show de la FGR (Fiscalía) para quedar bien con USA”, escribió en su cuenta de Twitter.

Funes fue el primer político de izquierda que ganó la presidencia de El Salvador con la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 2009. Su triunfo terminó con 20 años de gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el principal partido de derecha del país, cuestionado por abusar de los recursos del Estado. Uno de esos casos fue el desvío de 15 millones de dólares donados por Taiwán para víctimas de los terremotos 2001, pero que el expresidente Francisco Flores supuestamente desvió para la campaña política de su partido. Flores murió en enero de este año, días antes de enfrentar un juicio por corrupción.

La caída del exfiscal

Justo cuando los allanamientos contra Funes estaban por finalizar, la tarde del lunes 22 de agosto, la Fiscalía salvadoreña ordenó la captura del empresario Enrique Rais y del exfiscal general de la República, Luis Martínez.

A Martínez, la Fiscalía lo acusa de omitir investigaciones. El exfiscal general sabía que abogados de Rais y funcionarios judiciales fabricaron pruebas para beneficiarlo en una investigación abierta contra uno de sus exsocios. Los fiscales sugirieron a Martínez procesar a los involucrados, pero el exfuncionario archivó las investigaciones.

Rais es el propietario de Mides, una empresa que se dedica al tratamiento de la basura en El Salvador. También se dedica a la venta de combustible, a las inversiones inmobiliarias, a la pesca de camarón y al servicio de vuelos privados. Sus inversiones están documentadas en El Salvador, Panamá, Estados Unidos y Suiza.

Rais y Martínez son amigos. Cuando Martínez fungió como fiscal general, Rais le prestaba sus jets privados para viajes de vacaciones o de trabajo. Hace un mes, el Tribunal de Ética salvadoreño multó a Martínez porque, sin realizar ninguna investigación, archivó las denuncias contra Rais y consideró que los viajes eran una especie de pago por “vender justicia”.

Martínez no es el único político que ha utilizado los aviones de Rais. En esos jets también han viajado el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, y los últimos dos presidentes salvadoreños: Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Rais, Martínez y otros abogados y jueces implicados en la red de corrupción fueron presentados ante un juez de la capital la mañana de este viernes. Antes de comenzar la audiencia, los fiscales le informaron al exfiscal Martínez que será procesado por un segundo caso: la revelación de conversaciones obtenidas por medio de escuchas telefónicas.

Con los allanamientos a casas de Funes, las capturas del exfiscal Martínez y el empresario Rais, el fiscal Meléndez dijo que recibió presiones de personas que le sugerían que mejor se dedicara a investigar los homicidios y no la corrupción. “La corrupción no tiene ideología (…) Les quiero decir a las personas que nos quieren amedrentar que no lo hagan. No ocupen mecanismos para presionarme, para espiarme”, dijo.