Más de un millón de mujeres mayores de 65 años viven solas en España

María Sánchez tiene un mantra: “No quiere molestar”. A sus 80 años lo repite constantemente. María pasó de vivir con sus cinco hermanas a casarse, criar a tres hijos y finalmente a enviudar y vivir sola desde hace ocho años. No quiere ser una carga para su familia. Ella ilustra la tendencia demográfica en España, donde cada año se reduce el número de habitantes por hogar y donde crece el número de mujeres que viven solas, un total de 1,356,300 en 2015.

En 2015 uno de cada cuatro hogares españoles estuvo formado por una sola persona, según un estudio publicado recientemente por el INE (Instituto Nacional de Estadística). Este porcentaje, creciente en los últimos años, hunde sus raíces en fenómenos como el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. Un 40.6% de estos hogares corresponden a mayores de 65 años, y de ellos, un 72.9% están formados por mujeres, como es el caso de María.

En otras franjas de edad la relación entre hombres y mujeres que viven independientes es muy pareja, pero a partir de los 65 se dispara el número de mujeres. Mientras que en ellas la causa de esta circunstancia es la viudez (48.1%), en los hombres su estado civil suele ser la soltería (59.8%). El dato se desequilibra totalmente a partir de los 85 años, donde un 40.9% de las mujeres viven solas.

Para Gerardo Meil, catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, esta tendencia nace en gran parte del Estado del Bienestar, el que permite esta independencia. “Si antes la abuela viuda iba a vivir a casa de los hijos ahora, gracias al sistema de pensiones y a que las viviendas suelen ser en propiedad prefieren mantener la independencia todo el tiempo posible. Ahora las familias viven una relación entre generaciones basada en la intimidad a distancia”, explica.

“Mi hija viene a menudo a darme una vuelta, para ver cómo estoy”, explica María, que se mueve encorvada y por dificultad por una casa demasiado grande para ella. El sustento se lo trae a diario un servicio municipal de comida para mayores, un servicio en retroceso tras los años de crisis pero que se mantiene en Porzuna, su pueblo. En caso de emergencias, tiene un sistema telefónico especial que le facilita la Cruz Roja.

Uno de los problemas relacionado con esta realidad es que, muchas veces, es una responsabilidad exclusiva de las hijas mujeres. En el caso de María, es Trini Bellido, su hija, la principal cuidadora. Meil explica que es necesario un cambio de mentalidad para que se deje de asociar el cuidado de los mayores en exclusiva con las mujeres de la familia, pero es lo que María aprendió y lo que transmitió a la siguiente generación.

Su hija lo acepta con resignación. “A estas alturas no vamos a cambiar su forma de pensar”, afirma Bellido, aunque con el trabajo, el cuidado de los hijos y de su propio hogar, no le queda tiempo para sí misma. “Cuando las mujeres no trabajaban fuera de casa era más sencillo cuidar a los mayores, pero ahora es injusto que sean las mujeres las que lleven esa carga”, se lamenta.

“El principal desafío social es la ayuda a la dependencia y a los cuidadores”, expone el profesor Meil, “hay que pluralizar las formas de cuidado, hacerlas asequibles y fiables, algo que se ha relegado a causa de la crisis económica que no ha permitido desarrollar del todo la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 para garantizar la atención pública de personas mayores o con discapacidad”.

Las ayudas que recibe María, como tantas otras, parten del erario público y de organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, el servicio de comidas se financia en parte por el Ayuntamiento y en parte gracias a una cuota de la pensión de los propios s.

El problema es cómo hacer sostenibles estos servicios en una sociedad que cada vez envejece más y donde garantizar el mantenimiento de las pensiones y los servicios públicos es complicado. “O se suben los impuestos para garantizar la atención a mayores o comienza el crecimiento económico, sino será imposible aplicar la ley”, sentencia Meil.

En el mismo sentido se pronuncia Juan José Rubio, profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha. “La aprobación de la Ley de Dependencia fue un hito en el Estado del Bienestar, pero su financiación está en el aire y, aunque debería ser una prioridad, ha sufrido auténticos hachazos en los recortes”.

Aunque la Ley es estatal, la financiación corre por parte de las Comunidades Autónomas, que a su vez deben recibirla del Estado. Hasta un 90% del gasto de estos gobiernos regionales corresponde a gasto social, pues el Estado ha delegado las competencias pero no la financiación. La única salida, según Rubio, es que la economía vuelva a crecer, que aumenten las rentas, la producción y el empleo y, por fuerza “que cambie la relación entre cotizantes y no cotizantes, pues si sigue la economía paralizada habrá cada vez menos dinero para servicios sociales”. Para el catedrático el hecho de que los hogares donde se necesita asistencia sean cada vez más pequeños es otra pequeña traba para la aplicación de la Ley de Dependencia.

María de momento se apaña con su teléfono de emergencias y sus comidas. Su hija no descarta contratar en el futuro una interna para que ayude a su madre y le haga compañía. También insiste en que vaya al Centro de Día, donde trabajadores de los servicios sociales públicos realizan actividades para mantener activos a los mayores, pero a María no le gustan los viejos. “Si es que ahora vivimos mucho”, se lamenta, “y la vejez trae mucha soledad”.