Los incendios en California empeoraron la crisis de vivienda para los hispanos

Durante la noche del 8 de octubre, la ciudad de Santa Rosa, en California, quedó atapada entre dos incendios descontrolados. Hacia el sudeste, el incendio Nuns estaba ardiendo al oeste de la Carretera 12. Hacia el noreste, el incendio Tubbs estaban carbonizando las lomas que quedan justo fuera de Calistoga, y avanzando hacia el sudoeste. En Santa Rosa, este último incendio resultó ser el más devastador. El incendio Tubbs arrasó con la comunidad pudiente de Fountaingrove antes de saltarse la Carretera 101 y destruir a unas 1,500 casas en el barrio obrero —y densamente poblado— de Coffey Park.

Ya para el tiempo que ambos incendios fueron contenidos a fines de octubre, una avalancha de incendios alrededor del North Bay había cobrado las vidas de más de 40 personas y había destruido a 5,700 edificios.

Incluso antes de los incendios, los trabajadores de bajos sueldos y unos 28,000 trabajadores indocumentados luchaban por ganarse la vida en un área con un costo de vida excepcionalmente alto. Ahora la pregunta que ellos enfrentan no es cómo reconstruirán sus vidas sino si efectivamente podrán reconstruirlas en primer lugar.

La mañana después de que el fuego devastó a Coffey Park, se formó una cola de trabajadores fuera del Graton Day Labor Center (Centro Graton de Jornaleros), el cual queda al oeste de Santa Rosa. Los desastres “siempre crean nuevos jornaleros”, dijo Jesús Guzmán, director del centro. El Centro Graton es parte de una red nacional que incluye oficinas en la Ciudad de Nueva York y Nueva Orleans. Guzmán dijo que las sucursales de la red reportaron filas parecidas en los días después de los huracanes Sandy y Katrina.

Algunos de los que estaban buscando trabajo eran trabajadores agrícolas cuyos campos se habían quemado —el condado Sonoma es el productor de vinos más grande del país—, pero la principal actividad de empleo eran las industrias de turismo y servicios —ambas de crecimiento rápido— de la región. Las llamas consumieron un asilo para ancianos, un Kmart y hoteles de las marcas Best Western y Hilton, así como a muchos otros negocios de los que los trabajadores de bajos sueldos dependían para ganarse la vida como pudieran.

Entre los trabajadores afectados está la madre de Guzmán. Durante décadas ha limpiado casas y trabajó para clientes en barrios pudientes como Fountaingrove. Por lo menos dos de sus clientes perdieron sus casas en esa zona, dijo Guzmán. Uno ha decidido mudarse a otro lugar, pero el otro reconstruirá y ha prometido volver a contratar a la madre de Guzmán en cuanto se termine la nueva casa, lo cual podría tomar años.

El desempleo es sólo una parte del problema. “Hay empleos en el Condado de Sonoma, pero incluso 15 dólares por hora en la agricultura no será suficiente para pagar el alquiler aquí, y eso sólo se va a empeorar”, dijo Guzmán.

En parte eso se debe al hecho de que el mercado de viviendas es pésimo para los residentes de clase obrera, agregó. Hace poco Forbes nombró al Condado Sonoma como el lugar N°10 entre los lugares menos asequibles en donde vivir. Una persona ganándose un sueldo promedio en el condado tendría que gastar aproximadamente un 82% de dicho sueldo para poder vivir en una casa cuyo valor sea del precio medio de las casas en el condado. Para poder subsistir, muchas familias de bajos ingresos comparten viviendas, con hasta 20 personas viviendo en la misma casa, dijo Guzmán. El alquiler mensual medio en septiembre 2017 fue 2,366 dólares (según Zillow), una cifra que ha estado incrementando continuamente durante años.

Sólo aproximadamente un 2% del suministro de vivienda de Sonoma estaba disponible antes de que los incendios destruyeran miles de casas, dijo Raissa de la Rosa, gerente de desarrollo económico para la ciudad de Santa Rosa. Mucho del suministro de vivienda consiste en casas vacacionales y las casas que están disponibles quedan fuera del alcance económico de muchos residentes potenciales.

“La vivienda eran una prioridad antes pero ahora es una prioridad máxima”, dijo de la Rosa. Los incendios destruyeron a un 5%, aproximadamente, del suministro de vivienda de la ciudad que quedaba, desplazando a miles de personas. Según Guzmán, muchas personas “no tienen mucha esperanza de que encontrarán vivienda. Ya era suficientemente difícil encontrar algo en primer lugar”.

Incluso antes de que el incendio llegara a la ciudad, Santa Rosa estaba tratando de incentivar la vivienda más densa y diversa en el centro de la ciudad, dijo de la Rosa. El plan de acción de la ciudad en cuanto a la vivienda —el cual está listo— se centra en el desarrollo asequible. Pero entonces la ciudad perdió más vivienda de lo que se construyó el año pasado. En las semanas después del incendio, el alquiler mensual medio en el Condado Sonoma se disparó en un 35% para estar en 3,224 dólares, lo cual responde a la nueva demanda por parte de los residentes desplazados. Esto provocó que Santa Rosa impusiera límites en los aumentos de alquiler para combatir el abuso con los precios.

A mediados de octubre, Santa Rosa y el condado de Sonoma emitieron una serie de ordenanzas de emergencia que fueron diseñadas para acelerar el proceso de reconstrucción y proteger a las personas que fueron desplazadas. La nuevas políticas condonaron los cargos de trámites para las estructuras quemadas, suspendieron el arrendamiento de nuevas propiedades vacacionales (es decir, las que no habían sido alquiladas anteriormente), permitieron que la gente viviera en vivienda temporal como los tráileres y los vehículos recreativos, aflojaron las restricciones en las unidades secundarias y extendieron las reglas de ocupación para permitir que los trabajadores agrícolas estacionales pudieran quedarse en Sonoma todo el año.

De la Rosa dijo que la ciudad tenía más de 3,100 unidades en vías de desarrollo de algún tipo antes del incendio; ahora su oficina está evaluando los que puedan ser avanzados más rápidamente. Entre los que están en la vanguardia de los esfuerzos de reconstrucción está Rebuild North Bay, una asociación pública-privada que fue establecida por Darius Anderson, un cabildero influyente en Sacramento y un magnate de bienes raíces. James Lee Witt está actuando como el director ejecutivo de Rebuild North Bay. Witt es el antiguo director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Su empresa generalmente respetada fue el foco de una investigación de ocho meses realizada por la cadena noticiosa NBC News sobre las empresas involucradas en la especulación después del Huracán Katrina. En una rueda de prensa reciente, Witt dice que tiene la intención de colaborar cercanamente con los representantes locales para identificar necesidades y actuar rápidamente.

El desastre ya está provocando un debate sobre cómo se deben reconstruir ciertas áreas e incluso si algunas de estas se deben reconstruir en primer lugar. La recuperación presenta oportunidades para comenzar de nuevo en algunas áreas y abordar deficiencias de vivienda tomando en cuenta la equidad y la sustentabilidad. Sin embargo, a algunos les preocupa que una reconstrucción apurada favorezca a los promotores inmobiliarios de alto rango y a las bodegas de vino.

“Estamos sumamente conscientes del capitalismo del desastre y cómo esta comunidad podría ser explotada de manera en que unos pocos puedan ganar dinero”, dijo Annie Dobbs-Kramer del North Bay Organizing Project. Esta organización aboga por la inclusión de las personas de clase obrera en los planes de restauración, enfatizando la vivienda asequible y la protección de los inquilinos.

En Sonoma —en donde los alquileres superan a los sueldos de manera significativa— el control de los alquileres ha sido un tema divisivo. En 2016 el Concejo Municipal de Santa Rosa aprobó una ordenanza sobre el control de los alquileres que inmediatamente enojó a los propietarios. En junio 2017 un esfuerzo por recolectar firmas —el cual fue plagado por acusaciones de fraude— obligó a la ciudad a tener un referendo sobre el tema. Los oponentes del control de los alquileres —liderados por la Asociación Nacional de los Agentes de Bienes Raíces— se gastaron cinco veces más dinero en la campaña que los defensores de los derechos de vivienda. Batieron la marca en cuanto al gasto en campañas, según reportó el Press Democrat. Y la medida sobre el control de los alquileres fue derrotada por un margen de 781 votos.

Todavía es muy temprano para determinar el desenlace de los esfuerzos de recuperación o cuántas familias de bajos ingresos en Sonoma se quedarán en la zona. Mientras tanto, la región ha sido inundada de fondos para el auxilio ante catástrofes. Una coalición de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes —entre ellos el North Bay Organizing Project— ha inaugurado Undocufund, para recaudar fondos para los trabajadores indocumentados que no tengan el derecho de recibir ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y que enfrenten barreras procesales y de idioma para acceder ayuda.

Guzmán recuerda que, a medida que las llamas se acercaban a la ciudad, las autoridades se atrasaron en comunicar información prioritaria en español. Sin ninguna idea de lo que debería hacer, por instinto muchas familias hispanohablantes huyeron a la costa. Guzmán dice que se ha reunido con muchas familias que estaban durmiendo en sus autos en la orilla de la Carretera 1. El pueblo cercano de Bodega Bay había abierto dos albergues, agrega Guzmán, “pero la gente no sabía que existían”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.