¿Debe una ciudad pobre subir su salario mínimo a 15 dólares la hora?

Siguiendo los pasos de Seattle, San Francisco y Washington DC, Baltimore, en el estado de Maryland, recién aprobó una normativa que ampara el incremento de su salario mínimo hasta 15 dólares la hora. Pero existe una diferencia capital entre la llamada Charm City y las tres anteriores: esta ciudad no es tan sólida económicamente como las demás. Baltimore, de hecho, sería la ciudad más pobre en adscribirse al llamado Lucha por los $15, el movimiento nacional para exigir ese monto salarial. Y ese hecho, indistintamente, se ha usado tanto oponerse como para apoyar la legislación.

Actualmente, el salario mínimo en Maryland es de 8.75 dólares la hora, previsto para ser incrementado hasta 10.10 dólares en 2018. Sin embargo, el Concejo Municipal de la ciudad votó recién 11 contra 3 para aprobar una norma jurídica estableciendo que las empresas han de pagar un salario de 15 dólares la hora para 2022 (indexado a la inflación). Un proyecto de ley similar había fallado en obtener los votos necesarios en agosto de 2016, pero este contó con algunas excepciones particulares que satisficieron a los del Concejo, quienes anteriormente habían mostrado sus preocupaciones. Por ejemplo, los negocios con menos de 50 empleados tendrían hasta 2026 para ajustarse al nuevo límite. A su vez, los trabajadores menores de 21 años podrían recibir salarios más bajos.

La luz verde de parte de la alcaldesa Catherine Pugh, quien recientemente ha expresado su inquietud respecto de los potenciales impactos negativos, la traduciría en ley. De acuerdo con una declaración que su portavoz emitiera al Baltimore Sun, “la alcaldesa Pugh tomará su decisión basada en lo que cree que será de mayor interés público para los residentes de Baltimore”.

El Departamento de Finanzas de la alcaldía ha estimado que la legislación puede asestar un golpe de 115 millones de dólares a las finanzas de la urbe y costar cientos de empleos. Al mismo tiempo, sus opositores en la comunidad empresarial han sido enérgicos en sus críticas a la norma. Un reciente editorial de Sun también lanzó una advertencia contra esta, argumentando que, de implementar el aumento, la ciudad se convertirá en “un isla de mayores costos salariales en medio de barrios periféricos más prósperos y de bajo costo”. Baltimore, pese a muy contados signos económicos alentadores, no es Seattle o San Francisco, defiende el documento: su salario medio es de alrededor de la mitad y su pobreza representa casi el doble respecto a estas ciudades.

Y le va mucho peor en esos y otros indicadores económicos que a muchas de las áreas circundantes en Maryland. En otra página de opinión, por su parte, el economista Stephen Walters de la Universidad de Loyola, tildó la aprobación de la ley de una “imprudente medida robinhoodesca”. El crecimiento del empleo ha sido lento y los nuevos proyectos inmobiliarios han sido subsidiados por los impuestos, de modo que las finanzas de la ciudad no han visto grandes beneficios.

De acuerdo a Walters, este aumento del salario mínimo no hará más que empeorar las cosas. “La verdadera lección de Robin Hood es que cuando uno le roba a cada rico que pasa por el Bosque de Sherwood, a la larga ellos se darán cuenta y se mantendrán alejados; antes de percatarnos, no habrá más riqueza que ‘compartir’. En Baltimore estamos a punto de comprobar en carne propia esa lección, y no será la primera vez”, escribió el académico.

En un mensaje electrónico a CityLab, Walters añade que el daño económico de aprobar la legislación podría ser peor incluso al previsto. “Baltimore está en una posición competitiva singular, y temo que las ‘elasticidades’ normales que usamos para estimar las pérdidas de empleo a corto y largo plazos a partir de los aumentos del salario mínimo subvaloren enormemente los riesgos aquí”, sostiene.

En cambio, para quienes apoyan la nueva legislación, es justo porque la ciudad enfrenta inmensos desafíos económicos que necesita este espaldarazo salarial. El costo de vida en la ciudad es más alto que en muchas áreas alrededor. “Los residentes de Baltimore, debido a que tienen muy bajos ingresos, requieren, probablemente más que cualquier otro segmento poblacional, que les suban los salarios”, acota David Cooper, economista en el Instituto de Política Económica. Asimismo, quienes simpatizan con la ley creen que el incremento beneficiaría a unos 80,000 trabajadores, pero la mejoría de la actividad económica iría mucho más allá, pues los hogares de bajos ingresos suelen manifestar aquello que los economistas llaman una mayor propensión marginal al consumo: son altas las probabilidades de que salgan y gasten cada dólar adicional que reciben.

“En un lugar como Baltimore, donde la población no tiene forma de acceder a ingresos extras, reforzar los ingresos por la vía de los salarios pudiera ser beneficioso para la ciudad en general”, se convence Cooper, quien se declaró a favor de la legislación. “Puede traducirse en más negocios minoristas, en más empresas y supermercados queriendo abrir en barrios donde antes no habrían tenido una base confiable de consumidores”.

Cooper añade que las empresas y negocios no solo compiten entre sí por menores costes operativos, sino también por fuerza de trabajo. De acuerdo a él, si los restaurantes de Baltimore comienzan a pagar a sus empleados un competitivo salario de 15 dólares, es más probable que atraigan trabajadores de fuera de la ciudad y suban también los salarios en las áreas circundantes. Ese es uno de los efectos colaterales que muchos detractores pasan por alto, aduce.

Otro análisis proviene de Ben Smith, un especialista en política pública radicado en Baltimore, e identificado con la ley. Smith resume las debilidades del método usado por la ciudad para estimar esos 115 millones dólares de costos por incrementar el salario. “ La artimaña de los 115 millones de dólares es engañosa desde el principio, porque se refiere a un período de cuatro años de implementación de los salarios por hora, antes de que los 15 dólares sean finalmente alcanzados”, dijo Smith. “Una vez que este mínimo salarial se consiga, el costo anual estimado para la ciudad será de 44.8 millones de dólares… Uno de los problemas más evidentes respecto al anterior estimado del Departamento de Finanzas, sin embargo, es que solo calcula el impacto sobre la base del costo salarial aumentado para el gobierno de la ciudad, y los impuestos incrementados de los salarios más elevados de la urbe. Con apenas un poco de matemáticas se confirma cuán incorrecto es semejante cálculo”.

En sus propios cálculos, Smith no parte de asumir que la legislación llevará a pérdidas de empleos, citando estudios rigurosos que muestran que este no ha sido el caso. Por el contrario, un salario mínimo más alto puede favorecer una menor cantidad de despidos y una mayor productividad, ayudando a que las empresas compensen sus costos de fuerza de trabajo. En líneas más generales, la medida pudiera coadyuvar a interrumpir –si no a romper para siempre– los ciclos de mendicidad y de falta de vivienda, a que se den menos encontronazos con la policía, y, con suerte, a que los residentes de más bajos ingresos se conviertan en propietarios de casas. Lógicamente, todo esto conduciría a que la ciudad ahorrase por conceptos de atención médica, seguridad y orden público, y a introducir impuestos fiscales sobre las ventas y propiedades adicionales. Para explicar algunos de estos (especulativos) efectos económicos positivos, Smith estima que el impacto en términos de presupuesto de la legislación sería de solo 2.8 millones de dólares. E, incluso, si llegaran a ser mayores los costos, habría vías para mitigarlos.

“En un sentido más amplio, incluso si asumimos que los hechos alternativos del Departamento de Finanzas son correctos, 44.8 millones de dólares en déficit anual podrían fácilmente ser explicados si el gobierno de la ciudad simplemente frenara los costos presupuestarios originados por una mala istración”, escribe Smith. “Baltimore va en camino de gastar 43 millones de dólares en horas extras de la policía este año, y tiene cerca de 25 millones de dólares en exceso de costos relativos a proyectos de infraestructura desde 2012. Si empleáramos los próximos cinco años corrigiendo y reduciendo los costos por mala gestión, en lugar de oponernos, con uñas y dientes, a la implementación de salarios dignos, siendo apenas medianamente exitosos en estas dos áreas bastaría para cubrir el presunto déficit de 44.8 millones de dólares”.

Aun así, la esencia del problema sigue siendo ignorada: la investigación acerca de las consecuencias de los incrementos del salario mínimo se ha centrado en estados o ciudades con perfiles económicos muy diferentes del de Baltimore y a menudo con incrementos menos drásticos. Por otro lado, es cierto que a economías urbanas diferentes corresponden diferentes capacidades para compensar los costos de un programa así. ¿Existe alguna analogía cercana de ciudad en que tal incremento haya funcionado?

Una experiencia es la de Santa Fe, en Nuevo México, que, aunque imperfecta, puede dar ciertas pistas. A principios de los años 2000, tenía altos índices de pobreza, especialmente en niños y en hogares mantenidos por mujeres. En 2004 la ciudad aprobó una ley que incrementó el salario mínimo de entonces, en un 65%, durante el primer año, y luego en un adicional 10% anualmente, por el curso de dos años. También aplicó una exención de impuestos a los negocios pequeños, de forma similar a Baltimore. Sin embargo, un estudio realizado dos años después no halló efecto alguno en el empleo. Después otro reporte, en 2011, comparó la urbe con las ciudades en derredor y llegó a conclusiones similares. “En todo caso, el salario mínimo de Santa Fe impulsó el empleo en la ciudad”, escribieron los autores del segundo estudio.

Ahora bien, no se logró la panacea económica. “Una de las enseñanzas aprendidas es que el cielo no se vino abajo”, dijo en 2014 el alcalde Javier Gonzales al Washington Post. “Los pesimistas augurios nunca se confirmaron… Pero el salario de subsistencia tampoco es que sea remedio santo. No es ni una solución rápida ni algo que vaya a salvar el conjunto de la economía”.

Como la de cualquier otra ciudad, la salud económica de Baltimore es la suma total de la de sus trabajadores. Elevar el salario a quienes ocupan los estratos más bajos, para que así comience a aumentar la productividad, también tiene un valor implícito, incluso si implica un costo (si estuviera tan ligado como dicen a la productividad, el salario mínimo habría alcanzado 21.72 dólares la hora en 2012, según este análisis). Con todo, reducir la desigualdad y encauzar la economía de una ciudad son objetivos complejos, los cuales requerirán, en última instancia, un variado arsenal de soluciones.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.