Estas son las 5 posibles leyes para dreamers y la cantidad de beneficiarios que apoyarían
Luego de que el presidente Donald Trump decidiera revertir las protecciones contra la deportación creadas por Obama, los legisladores están trabajando para crear una nueva vía legal hacia la ciudadanía los inmigrantes indocumentados que vinieron a Estados Unidos siendo niños. Los políticos han hablado de redefinir y reintroducir la Ley DREAM de 2001, antes de que la legislación sobre inmigración vigente sea desmantelada por completo.
Un nuevo informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) examina las cinco diferentes propuestas legislativas actualmente en tramitación, las cuales abordarían la situación jurídica de los dreamers. Cada propuesta se desglosa por su amplitud de cobertura: cuántos serían elegibles para la legalización; cuántos podrían eventualmente obtener el estatus de residente permanente condicional; y cuántos podrían entonces, finalmente, obtener tarjetas verdes.
(MPI / Madison McVeigh)
La rápida aprobación de una de estas leyes de inmigración es fundamental, porque muchos de sus beneficiados enfrentan la amenaza de la deportación. Para marzo, el Congreso se ha comprometido a eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una protección legal para los menores indocumentados implementada por el presidente Obama a través de una orden ejecutiva en 2012. Si cumple esa promesa, las aproximadamente 690,000 personas actualmente inscritas en el programa quedarían vulnerables.
Aunque la propuesta de una Ley DREAM existía mucho antes de DACA, hay una superposición importante entre los grupos que protegen. Para ser elegible para DACA, las personas deben demostrar que fueron traídos a Estados Unidos antes de los 16 años de edad. Si se les concede DACA, reciben autorización para trabajar e inmunidad temporal de la deportación, pero no una vía clara hacia un estatus legal. Estas nuevas versiones de la Ley DREAM propuesta también están vinculadas a estrictos criterios etarios de elegibilidad, pero a aquellos que sí resulten beneficiados, les ofrecen un futuro que podría incluir la ciudadanía legal.
Este otoño, la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer se reunieron con el presidente Trump durante una cena con comida china y llegaron a lo que parecía un acuerdo para la aprobación de la Ley DREAM. Días más tarde, el presidente revocó su apoyo. Ahora, a los activistas de inmigración les preocupa que la nueva legislación se empaquete con lo que han llamado " píldoras envenenadas" (la introducción de regulaciones fronterizas, por ejemplo) o le pongan fin al proyecto de ley en su totalidad. El informe del MPI esboza los requisitos legales (envenenados o no) con cada uno de los proyectos y cuantifica el número de dreamers que podrían encontrar un camino hacia la legalidad, en caso de que se aprueben dichos proyectos.
He aquí una guía útil de sus conclusiones sobre las cinco diferentes propuestas de leyes semejantes a DREAM.
Lo que quieren los demócratas
Introducida por el representante demócrata Luis Gutiérrez (de Illinois) y copatrocinada por 112 representantes (principalmente demócratas), la American Hope es la propuesta con los criterios más amplios e incluyentes. Más de 3.5 millones de personas alcanzan el umbral mínimo para acogerse a la ley Hope y esos 3.5 millones tienen una vía hacia la residencia legal.
Para solicitarla, el beneficiado debe haber venido siendo menor a Estados Unidos antes de los 18 años de edad y haber vivido aquí continuamente desde el 31 de diciembre de 2016. Tras ocho años de estatus condicional, puede automáticamente solicitar una tarjeta verde o ‘green card’. No propone ningún requisito educativo, ningún requisito de servicio militar y ningún examen médico. Y aquellos que previamente resultaron beneficiados por DACA pueden utilizar esos años en el programa para que se cuenten como parte del total de ocho años.
Las otras cuatro propuestas aceptarían también a más de dos millones de personas en la primera ronda, pero ese número se reduciría de forma más significativa durante la segunda y tercera rondas. "Algunas [propuestas] son más estrictas y serían más difíciles de cumplir, incluso aunque las personas califiquen porque cumplen los requisitos mínimos", dice Jeanne Batalova, principal autora del informe.
Lo que quieren los republicanos
Introducida por tres senadores republicanos (Thom Tillis de Carolina del Norte; James Lankford de Oklahoma; y Orrin Hatch, de Utah), la Ley SUCCEED es el plan legislativo con las normas más estrictas y el alcance más reducido. Aunque más de dos millones de personas son elegibles para la legalización (quienes eran menores de 16 años en el momento de su llegada y que han vivido en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2012), sólo 1.25 millones podrían eventualmente adquirir una tarjeta verde.
Para solicitar la residencia permanente legal, uno debe haberse graduado de una institución de educación superior o asistido a una escuela luego de la secundaria (como un college) durante al menos 8 semestres, servido en el ejército durante tres años o haber sido empleado de manera continua durante cuatro años, todo en los primeros cinco años de estatus condicional.
La ley SUCCEED también intentaría poner fin a la migración en cadena, el proceso mediante el cual los residentes permanentes legales pueden patrocinar a sus cónyuges e hijos en un proceso de solicitud de una tarjeta verde. "La Ley SUCCEED exigiría que los beneficiarios esperen hasta que sean ciudadanos para poder patrocinar a un cónyuge o hijo", dice la portavoz del MPI Michelle Mittelstadt en un correo electrónico. Éste es un proceso que podría tardar hasta 15 años: en virtud de la Ley SUCCEED, los beneficiarios tendrían que pasar 10 años en un estatus condicional antes de ser elegibles para tarjetas verdes y, luego, esperar de tres a cinco años más antes de solicitar la ciudadanía.
"Sin embargo, en realidad, el número de afectados probablemente sería pequeño", dice Mittelstadt. "Dado que, para legalizarse, los inmigrantes bajo la ley SUCCEED tienen que, por definición, haber estado en Estados Unidos desde antes de los 16 años de edad, es probable que muy pocos hayan tenido los cónyuges o hijos antes de venir aquí".
Fuera de los requisitos individuales de ingreso, SUCCEED también incluye disposiciones fronterizas y de aplicación de la ley.
Todas las demás propuestas
MPI / Madison McVeigh
Las otras tres propuestas —la Ley Dream, la Ley Recognizing America’s Children, y la Ley Border Security and Deferred Action Recipient Relief— se ubican en el terreno de la continuidad media.
Está la Ley DREAM de 2017, la última versión de la propuesta bipartidista de 2001 presentada por primera vez por el republicano Hatch y el senador demócrata Dick Durbin. Esta vez, el copatrocinador republicano de Durbin es Lindsey Graham. La Ley DREAM actualizada de 2017 podría ofrecerles a 1.7 millones de personas una vía hacia la ciudadanía, imponiendo un límite de edad de 18 años y menores requisitos educativos o de servicio militar. Es una desviación importante de la versión más reciente de la Ley DREAM, que fue aprobada en la cámara en 2010 y resultó obstruida en el senado. Esa Ley DREAM tenía una edad límite de 16 años. Esta actualización de 2017 proporciona también una tercera vía hacia la plena ciudadanía legal, permitiéndoles solicitarla a aquéllos que trabajan por lo menos tres años seguidos. "Para aquellos que puedan solicitar u obtener residencia legal, ésa es una diferencia para 1.7 millones en comparación con los 395,000 bajo la Ley DREAM de 2010", dice Ariel Ruiz Soto, coautor del informe.
Las otras dos propuestas son patrocinadas por los republicanos, con poco apoyo demócrata. Las leyes Recognizing America’s Children (o Ley RAC) y la Border Security and Deferred Action Recipient Relief sólo difieren ligeramente en sus requisitos legales. Ambas requieren una fecha de llegada después del 1 de enero de 2012 y ambas cubren a 1,399,000 personas (sólo 150,000 más que la austera Ley SUCCEED).
Para solicitar la residencia permanente condicional, las cinco leyes exigen que los solicitantes carezcan de antecedentes penales y tengan ‘buena moral’, pero ninguna tiene un umbral de edad mínima para solicitar la residencia permanente condicional. Sólo la Ley de Seguridad Fronteriza tiene un límite de edad máximo (menos de 31 años al 15 de junio de 2012).
Independientemente de la versión de la legislación que prevalezca (si llega a aprobarse alguna), sus efectos serán más notables en las áreas urbanas, donde suelen asentarse los inmigrantes indocumentados. Dado que la población de Dreamers coincide en gran medida con la población beneficiaria de DACA, analizar dónde viven los beneficiarios de DACA es un buen indicador para determinar el impacto de una legislación semejante. En septiembre, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos publicaron cifras aproximadas de beneficiarios activos de DACA en cada ciudad: la zona de Los Ángeles tenía 89,900; la Ciudad de Nueva York, 47,200; Dallas/Fort Worth, 36,700; y Houston, 35,800. Las ciudades de Texas y California son, a nivel estatal, las más beneficiadas, pues ambas tuvieron más de 100,000 personas con DACA activas residiendo en todo el estado.
Los políticos de ambos partidos contribuyeron a estos proyectos, pero la relativa severidad o indulgencia se relaciona de forma relativamente clara con las líneas partidistas. En cuanto a cuál propuesta tiene las mejores probabilidades de recibir apoyo de ambos partidos —la Ley HOPE, con su extensa cobertura; o la Ley SUCCEED, con sus limitaciones integradas— Batalova dice que nadie sabe a ciencia cierta.
"Es probablemente más fácil leer la borra del café en este momento que predecir cuál de estas legislaciones avanzará", dice ella. "Ahora que está establecida la fecha del 5 de marzo para que el programa termine, hay mucha más presión política para que el Congreso actúe".
El Congreso tiene muchas prioridades contrarias, desde una inminente ley tributaria hasta la de cuidado de la salud, y tener cinco leyes de inmigración ligeramente diferentes sobre la mesa significa que el tema de la inmigración enfrenta una fuerte competencia por la prioridad política. Esto podría dar lugar a demoras en el traslado de las leyes desde los comités hacia el pleno del senado, pero, dice Batalova, también podría "forzar coaliciones que de lo contrario no habrían existido".
"También dependerá de si Trump cumple una de sus declaraciones", añade. "La de que, si el Congreso no hace nada, él podría extender el programa más allá del 5 de marzo de 2018". Sin embargo, sin una clara indicación del plan del presidente, Batalova sospecha que uno de los cinco proyectos de leyes independientes, o una combinación de ellos, se discutirán durante este invierno. Porque es también ese momento cuando el congreso decidirá las legislaciones sobre las grandes partidas presupuestarias, dice ella, "el 8 de diciembre podría ser la fecha fijada perfecta".
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.
