Cómo lucharán por la marihuana las ciudades de EEUU

El estado de la legalidad de la marihuana en EEUU es un caos. Se trata de un enredo gordo de reglas contradictorias, con estados, ciudades y el gobierno federal creando y tratando de aplicar leyes por sus respectivas partes.

Algunos estados han legalizado a la marihuana explícitamente para el uso medicinal, mientras que otros la han legalizado tanto para fines médicos como recreativos. Dado que muchas jurisdicciones pueden aseverar que tienen la última palabra en cuanto a la forma en que se legisla la marihuana en un área dada, puede ser difícil de entender en dónde se trazan las líneas legislativas con respecto a esto.

Durante los últimos años, los estados han tenido algo de poder dada una política de Obama –dirigida a los fiscales federales– que protegió a los estados que ya habían legalizado la marihuana para fines recreativos o médicos. Pero el 4 de enero, el Fiscal General Jeff Sessions pretende cambiar las cosas al declarar que el Departamento de Justicia revocaría esa directiva… pero más allá de eso, ofreció poca orientación al respecto. En un memorando que anunció el cambio, Sessions dijo que las leyes federales “reflejan la determinación del Congreso que la marihuana es una droga peligrosa y que la actividad con marihuana es un crimen serio”.

Ahora las autoridades y los que están en el negocio de marihuana potencialmente están enfrentando nuevos riesgos de acciones legales. Pero algunas ciudades y dueños de dispensarios están preparados para asegurar que no se esfumen sus planes para la legalización.

No es la primera vez que los pioneros del movimiento de la marihuana legal han enfrentado esta amenaza. En los años iniciales de la istración Obama, muchos dispensarios grandes confrontaron acciones legales agresivas de parte del gobierno federal, las cuales incluyeron condenas de prisión de hasta 10 años en Colorado. Estas medidas severas se apaciguaron a medida que Eric Holder —Fiscal General en aquel entonces— suavizó la política federal en cuanto a la aplicación de leyes contra la marihuana. Pero antes de ese aplacamiento, algunos dispensarios sobrevivieron ataques federales, en parte, debido al respaldo de ciudades que lucharon en contra de estas. Y los indicios iniciales son que tales ciudades están listas para luchar de nuevo.

En 2012 Steve DeAngelo —fundador del Harborside Health Center, un dispensario de marihuana— se enfrentó a Melinda Haag (en aquel entonces Fiscal Estadounidense) en una acción civil de decomiso cuyo fin era cerrar al centro. En aquel momento California ya había legalizado la marihuana medicinal. Pero aun así el gobierno federal inició operaciones para incautar el dispensario de DeAngelo —el cual estaba situado en Oakland y que generalmente era considerado el más grande del país— dado que aseveró que había violado las leyes federales sobre drogas.

Después de batallas legales largas y caras —más la intervención de las ciudades— con el tiempo se desestimaron los casos en contra de Harborside y varios otros dispensarios de California.

En el caso de DeAngelo, la ciudad de Oakland demandó al gobierno federal (un caso que fue desestimado) al aseverar que la clausura del centro daría por resultado una crisis de seguridad y salud pública.

En una declaración emitida poco después de que la ciudad entabló su demanda, Barbara Parker —abogada de la Ciudad de Oakland— dijo que la demanda trataba de “proteger los derechos de los pacientes médicos legítimos. Estoy profundamente consternada que el gobierno federal trataría de negar estos derechos y de privar a miles de californianos gravemente enfermos del a medicina segura, asequible y efectiva”.

En Berkeley, cuando Haag dirigió sus acciones legales contra Berkeley Patients Group —otro dispensario de marihuana médica— la ciudad se unió al caso civil como una parte interesada.

En ambas ocasiones, con el tiempo el gobierno federal desestimó los casos y permitió que los dispensarios se mantuvieran abiertos. El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre el razonamiento detrás de las desestimaciones. Pero DeAngelo está convencido de que el gobierno federal desistió “en gran parte debido al apoyo que recibimos de nuestros gobiernos municipales”.

Pete Holmes —abogado de la ciudad de Seattle— dijo que también enfrentó riesgos de litigio federal cuando el estado de Washington legalizó a la marihuana por primera vez en 2012. En aquel momento, la istración Obama todavía no había emitido la política (llamada el memorando Cole) que desalentaba a algunos procesamientos con respecto a la marihuana. El riesgo del procesamiento federal era parecido a lo que es ahora, pero con una diferencia prominente: Holmes dijo que sabía que la istración Obama no quería tener esa lucha.

“Cuando diseñamos la I-502 —nuestra iniciativa que legalizó el uso por adultos de [la marihuana]— tuvimos este mismo debate, con personas diciendo ‘¿Cómo puedes hacer esto en vista de la regulación federal?’”, dijo Holmes. Cuando se emitió el memorando Cole un año después de que la I-502 fue aprobada por una votación, Seattle ya pudo respirar tranquila. Pero ahora esa salvaguardia ya no está y Holmes no puede estar seguro de cómo debería ser el camino futuro.

“Simplemente decir que vas a rescindir el memorando y nada más nos obliga a un juego de adivinanzas, lo cual es de todos formas el modus operandi para esta istración caótica”, dice. “La respuesta razonable es ‘averigüemos lo que piensan hacer’. Y hasta la fecha, no tenemos más información aparte de que ya no se puede depender en el memorando Cole. Esto va a empeorar a nuestra capacidad de mantener a la seguridad pública dentro de nuestras propias ciudades y estados”. Aunque Holmes dice que ha estado sosteniendo conversaciones con el fiscal federal estadounidense que supervisa a Seattle y al distrito del oeste del estado de Washington, “hay un fiscal federal estadounidense diferente en el distrito del este: dos fiscales diferentes que podrían tomar enfoques distintos en cuanto a la ley federal sobre las sustancias controladas”.

Sin embargo, Holmes y sus colegas están listos para luchar si es necesario. Dice que la decisión de Trump de rescindir el memorando Cole incumple con la 10ª Enmienda, la cual les da a los estados cualesquiera poderes no expresamente otorgados al gobierno federal por la Constitución estadounidense. Esto incluye la salud pública, la cual históricamente le ha tocado al gobierno local en lugar del federal, argumenta. “Las ciudades y los estados tienen derechos bajo la 10ª Enmienda”, dijo Holmes, haciendo eco de un argumento sobre los derechos de los estados que con frecuencia exponen los conservadores. “Al decir que se va a entrar a un estado, que el gobierno federal está entrando adonde la autoridad soberana se ha ejercitado para legalizar la marihuana del uso adulto, y van a primar (…) el ejercicio de autoridad de ese estado”.

En una declaración, Jenny Durkan —alcaldesa de Seattle— se opuso al anuncio de Sessions. “Hablemos claro”, dijo Durkan. “Nuestro Departamento Policial de Seattle no participará en ninguna acción de cumplimiento de ley que esté relacionado con los negocios legales o con la posesión personal de pequeñas cantidades de marihuana por los adultos. “Respecto a Seattle, los organismos de aplicación de leyes federales no encontrarán un socio para aplicar el retroceso de estas provisiones”.

Por lo general, los fiscales han sido reacios a tomar una postura definitiva sobre el asunto. In Massachusetts —donde la marihuana fue legalizada el año pasado— el fiscal Andrew Lelling dijo en una declaración que él no podía “proveer garantías de que ciertas categorías de participantes en el comercio de marihuana a nivel estatal serán inmunes al procesamiento federal”.

Mientras tanto, Bob Troyer —fiscal para Colorado— emitió una declaración que indicó que seguirá respetando la postura existente de Colorado sobre procesar casos de marihuana (una postura que hasta ahora ha permitido que los dispensarios en el estado existan sin mucha incidencia que digamos).

Incluso si fiscales como Lelling quisieran procesar agresivamente a los casos de marihuana, la renuencia de las autoridades locales de ayudar con los procesamientos federales haría que tales procesamientos sean considerablemente más difíciles de llevar a cabo. La istración Federal para el Control de Drogas tiene una cantidad limitada de agentes y frecuentemente dependen de las autoridades de las ciudades y de los estados para ayudar con esos esfuerzos.

Por lo tanto, de manera parecida a la que algunos estados han estado lidiando con la inmigración y el movimiento de las ciudades santuario, DeAngelo sugiere que las ciudades y los estados aprueben leyes que les prohíban a los órganos policiales locales de cooperar con las agencias federales a dirigirse hacia los negocios legales de cannabis que tengan licencias. “Si las ciudades y los estados se niegan a hacer que sus agencias estén disponibles, es básicamente imposible para las autoridades federales [realizar procesamientos]”, dijo. Al no ser, desde luego, que reciban financiamiento adicional del Congreso.

El financiamiento para procesar casos de violaciones de la ley sobre marihuana constituye otra pieza importante del rompecabezas en cuanto a cannabis. La Ley Rohrabacher-Farr fue aprobada en 2014 y esencialmente impidió que el Departamento de Justicia usara dinero para procesar personas por vender marihuana médica en estados en donde ésta haya sido declarado legal. Cada año se renueva la ley y Sessions ha estado tratando de convencer al Congreso que se oponga a la renovación de esta ley, una medida que indiscutiblemente le daría más fuerza a su revocación del memorando Cole. DeAngelo quiere que los ciudadanos alienten a sus congresistas a no sólo renovar la ley, sino que también los alienten a aprobar una ley parecida que proteja el uso de la marihuana recreativa.

El memorando Cole nunca fue una salvaguardia invulnerable; los fiscales siempre tuvieron la capacidad de dirigirse hacia los dispensarios y todavía se están arrestando a personas por cargos relacionados con la marihuana en estados en donde su uso es legal. Pero el memorando era una medida de protección, una señita para los estados de que mayormente se les dejaría en paz.

Sin embargo, la evaluación de DeAngelo de la situación dista mucho de ser grave. “Según mi punto de vista, la respuesta breve es que no es un asunto importante”, dijo. Lo que [rescindir el memorando Cole] hace es sólo afirmar un derecho existente que los Fiscales Estadounidenses ya tienen de dirigirse hacia cualesquiera violadores de la ley federal sobre cannabis. Pero creo que cualquier fiscal viviendo en un estado legalizado sabe lo que sabe cualquiera en ese estado: la legalización ha mejorado la salud pública y ha dejado libres a los órganos policiales para que puedan centrarse en verdaderos crímenes. Dado la elección entre gastar dinero designado para la aplicación de leyes en opioides o en cannabis, resulta difícil imaginar cualquier Fiscal Estadounidense razonable optando por dirigirse hacia el cannabis”.

Pero mientras que la epidemia opiácea es un peligro claro y presente —STAT News pronosticó que 50,000 estadounidenses podrían morir a causa de los opioides durante la próxima década— Sessions ha dejado claro en el pasado que la marihuana es su enemiga. Y dejó claro que no se ha olvidado de esto con su anuncio del 4 de enero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com