Cómo las universidades están protegiendo a sus dreamers

Hace unas cuantas semanas, policías arrestaron a más de 30 profesores del área de Boston en Harvard Square, quienes obstruyeron la Avenida Massachusetts para protestar el anuncio de la istración Trump de que le pondrá fin al programa Deferred Action for Childhood Arrivals (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA por sus siglas en inglés). DACA permite a los jóvenes indocumentados que fueron traídos a EEUU de menores de edad a vivir, trabajar y estudiar en el país legalmente.

Kirsten Weld —profesora adjunta de Historia en la Universidad Harvard— organizó la manifestación y estaba entre los que fueron arrestados. “Quisimos enviar un mensaje a nuestros estudiantes de que vamos a luchar por ellos”, dice. “También quisimos demostrar las acciones que los educadores pueden tomar, ya que no vamos a solucionar a este problema mediante la firma de peticiones”.

Los arrestos de Weld y sus homólogos son indicativos de la indignación que muchas universidades están expresando tras el anuncio. Aproximadamente 10,000 del total de 800,000 dreamers (como se les llaman a los beneficiarios de DACA) se gradúan de las universidades cada año y los maestros y el personal de éstas también se benefician del programa.

Un día después de la manifestación en Harvard, la Universidad de California —la cual tiene aproximadamente 4,000 beneficiarios de DACA en su sistema de 10 campus— anunció una demanda entablada contra la istración Trump. “Los dreamers enfrentan expulsión del único país al que pueden llamar ‘hogar’, basado en nada más que un capricho ejecutivo irracional”, declara la demanda.

La demanda hace eco de otra que fue entablada hace unas semanas por los fiscales generales de 15 estados y de Washington DC. Esa demanda buscar frenar los esfuerzos de la istración en rescindir DACA. El estado de California —junto con Maryland, Maine y Minnesota— entabló una demanda parecida el 11 de septiembre.

Meng So —director del Programa de Estudiantes Indocumentados de la Universidad de California en Berkeley, el primero de su tipo en el país— dice que la demanda es un guante lanzado en la lucha por la justicia y la dignidad humana. “Es una invitación a todas las universidades a lo largo del país a unirse a nosotros en ganar esta batalla”, dice. Aunque está por verse si otros campus se unirán a la Universidad de California en su lucha legal, la demanda lleva a otro nivel la resistencia de universidades a las deportaciones de estudiantes indocumentados.

Mientras que algunas instituciones —tal como la Universidad Wesleyan y Reed College— se autodesignaron como ‘campus santuarios’ el año pasado —prometiendo que no ayudarían a las autoridades federales en la deportación de sus estudiantes, por lo menos sin una orden judicial—, por lo general los funcionarios universitarios reconocen que, al fin y al cabo, sus campus tienen que cumplir con la ley migratoria. “[Ser un campus santuario] realmente no significa mucho”, dijo Tim Cresswell —decano de la facultad y vicepresidente de asuntos académicos en Trinity College— en una entrevista con The Atlantic en 2016. “Los de la comunidad abogan por el [estatus de campus santuario] debido a un deseo de mantener seguros a los estudiantes y al personal, pero no estamos seguros si tiene relevancia legal”, dice So.

Desde que se inauguró el programa para indocumentados en Berkeley en 2012, este ha servido como modelo en cuanto a cómo las universidades pueden ofrecer servicios a sus estudiantes indocumentados, incluso si dichos servicios no llegan a ofrecer protección legal.

Primero, el decano So recomienda que las universidades ofrezcan apoyo legal gratis a sus estudiantes indocumentados. Tras el anuncio sobre DACA, instituciones que incluyen la Universidad de Georgetown, la Universidad de San Diego y la Universidad de Iowa han empezado a proveer o están aumentando este servicio.

En cuanto los estudiantes indocumentados busquen obtener el asesoramiento legal, el decano So dice que aproximadamente un 30% de las veces descubren que tienen derecho a unas soluciones más permanentes, entre ellas visas otorgadas a las víctimas de crimen o del tráfico humano. Y, después del anuncio de Trump, las universidades están buscando inscribir a sus estudiantes en un último período de dos años en DACA. Las personas cuyos estatus se vencen entre ahora y el 5 de marzo de 2018 tienen derecho a inscribirse y la fecha para hacerlo es el 5 de octubre. Weld dice que la Universidad Harvard están investigando cómo puede ayudar a sus estudiantes a pagar la cuota de 495 dólares para entregar la solicitud.

Sin DACA, les será mucho más difícil a los estudiantes indocumentados financiar sus estudios universitarios. Por ejemplo, los beneficiarios no podrán ingresar a programas de empleo académico a medio tiempo en sus universidades respectivas. Con tales recursos bajo amenaza, So dice que está tratando de convertir a los programas de empleo académico en becas de investigación tipo servicio público o en subvenciones de participación comunitaria para los estudiantes afectados para que puedan mantener su estabilidad financiera.

Las universidades también están incrementando su oferta de servicios para la salud mental. “Las conversaciones familiares durante la cena se han convertido en conversaciones sobre planes de contingencia en caso de la deportación”, dice So. “Nuestros estudiantes deben estar perdiendo sueño sobre la escuela, no sobre si serán deportados el día siguiente”. Hace dos años, Berkeley contrató a un consejero para trabajar específicamente con los estudiantes indocumentados y ahora otros campus están tomando cartas en el asunto.

Por ejemplo, en la Universidad de Nuevo México, Armando Bustamante —especialista en programas estudiantiles— está comenzando sesiones de terapia en grupo para estudiantes indocumentados y está luchando por cubrir los costos de sesiones individuales. Drew Faust —presidente de la Universidad Harvard— anunció una línea directa de 24 horas para los indocumentados en Harvard y un grupo de apoyo con reuniones semanales que sería istrado por el centro de salud mental de la universidad.

Estos servicios están experimentando una demanda increíble. So dice que hace poco su oficina tuvo un incremento de un 350% en estudiantes buscando apoyo de salud mental y el sitio sobre estos servicios recibió 108,000 vistas de página en un solo día: 72 veces la cantidad de tráfico que normalmente recibe.

Weld nota que mientras que la decisión de Trump afecta primordialmente a los beneficiarios de DACA, es dañina para todos los de una comunidad universitaria. “El gobierno federal está hablando de entrar a nuestras aulas y dormitorios para sacar por la fuerza a nuestros estudiantes y personal”, dice. “Esto asegura que las universidades no puedan ser lugares de seguridad y santuario y eso es inaceptable para todos. Los educadores y las instituciones tienen que ponerse a la altura [de la situación]”.

Alastair Boone contribuyó reportaje a esta nota.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.