Nicaragua da asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes
MANAGUA, Nicaragua-. Nicaragua concedió asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), diez días después que la Fiscalía General de El Salvador comunicara que realiza una investigación en su contra por cinco delitos de corrupción. El Gobierno de Daniel Ortega informó la decisión a través de la resolución ministerial número 073-2016, publicada este martes en el diario oficial La Gaceta.
El asilo también cobija a la esposa de Funes, Ada Mitchell Guzmán Siguenza, y a sus tres hijos de 34, 24 y años y otro menor de edad, quienes también están salpicados por la trama de corrupción por la que el expresidente es investigado.
Funes aseguró este martes en su cuenta de Twitter que sólo decidió solicitar el asilo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense el 31 de agosto, tras constatar "la persecución política" que se inició en su contra.
No mentí sobre el asilo. Decidí tramitarlo el 31 de Agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra.
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) September 6, 2016
Una semana antes de hacer la solicitud ante el gobierno de Ortega, el expresidente había negado que su visita al país se debiera a ese motivo. En una respuesta en Twitter a Carlos Fernando Chamorro, director del periódico digital Confidencial, Funes afirmó que llegó al país a realizar “una consultoría”.
Chamorro relató que vio a Funes a mediados de agosto en un supermercado de Managua, donde era custodiado por escoltas de la Policía Nacional. Según el político salvadoreño, la escolta le fue proporcionada “por su condición de expresidente”. “Este periodista” -escribió Funes en la misma red social citando a Chamorro- “me preguntó qué hacía en Managua. A entrometidos no tengo por qué revelarles mi contrato de trabajo”, expresó sin brindar mayores detalles.
Su vida en Managua
“No mentí sobre el asilo”, reaccionó Funes este martes al conocerse la noticia en La Gaceta. “Tengo más de 3 meses de estar realizando una consultoría en Managua. El asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás”, insistió en Twitter.
Funes vive en Las Colinas, uno de los residenciales más exclusivos de la capital nicaragüense, donde la escolta policial se mantiene, de acuerdo a los vecinos de esa localidad.
El hombre que presidió El Salvador entre 2009 y 2014 bajo las siglas del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, peculado, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias durante su gestión.
Sin embargo, la resolución ministerial emitida por el gobierno de Ortega expone que concedieron el asilo porque Funes sostiene que está “en peligro su vida e integridad física la de su familia, por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos y su filiación política en la República de El Salvador”.
La Fiscalía General de El Salvador confirmó a Univision Noticias que las investigaciones contra Funes seguirán a pesar del asilo político. Al expresidente y a su esposa les incautaron bienes y allanaron propiedades, donde la Fiscalía encontró documentación “que refleja traspaso de dinero y de viviendas”.
“Analizamos la documentación incautada, hemos congelado cuentas bancarias y decomisados algunos bienes”, aseguró Salvador Martínez, director de comunicaciones de la Fiscalía salvadoreña, quien relató que el veinte de agosto además fueron decomisados dos camiones cargados con enseres personales de los Funes cuando se dirigían hacia Nicaragua.
Hijos involucrados
La Sala de Probidad de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña señala a Funes de no haber podido justificar transacciones personales cifradas en más de 600,000 dólares durante su periodo de gobierno.
Por su parte, uno de los hijos de Funes, Diego Roberto Funes Cañas, también enfrenta una demanda civil por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de ocho vehículos por un monto total de 118,600 dólares. El portavoz de la Fiscalía salvadoreña le dijo a Univision Noticias que en las redadas incautaron algunos vehículos y otros bienes.
“No se explica el origen de los fondos que permitieron esas inversiones”, concluyó la Sala de Probidad.
Funes ya estaba en Nicaragua cuando la Fiscalía inició una serie de allanamientos sorpresivos a las empresas de Miguel Menéndez, mejor conocido como "Mecafé", un empresario vinculado a una trama de cadena de favores y al otorgamiento de créditos a terceros través del estatal Banco Hipotecario, reseña el diario de investigación salvadoreño El Faro.
Uno de esos créditos favoreció a una empresa que más tarde montaría un Spa en un residencial de lujo en San Salvador. Quien estaba detrás de esa empresa era la esposa de Funes. Con los allanamientos a las pertenencias de la familia Funes, la Fiscalía informó que encontraron artefactos propios de un salón de belleza.
En un país azotado por la violencia de las maras, El Salvador emprende una especie de cruzada contra la corrupción con la investigación de Funes y su entorno familiar, así como la detención del exfiscal general de la República, Luis Martínez, acusado de favorecer a un prominente empresario.
Los procesos iniciados en El Salvador hicieron a algunos recordar los impulsados en Guatemala por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que destapó el caso La Línea, llevando a prisión al presidente Otro Pérez Molina y que sorprendieron a la región centroamericana , donde la corrupción no es castigada tradicionalmente con vehemencia.
El de Funes y su familia no es el primer caso de una figura prominente de la región investigado por la justicia que acaba en Nicaragua. En agosto, también fue visto en el país centroamericano el diputado y expresidente del Parlamento de Guatemala Luis Rabbé, quien es investigado por la CICIG por la supuesta creación de plazas fantasmas durante su gestión como legislador. Rabbé fue despojado de su inmunidad el pasado 18 de agosto, y este lunes la justicia guatemalteca giró una orden de captura en su contra.
Gonzalo Carrión, abogado y director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), considera que el gobierno de Ortega incumple la Convención Interamericana Contra La Corrupción de la que Nicaragua es parte por no cooperar con un Estado cuando un sujeto es investigado por corrupción: “Nicaragua no cumple el espíritu asumido en la Convención, ya que la relación de Estado a Estado debería prevalecer”, analizó.
“Nicaragua queda mal parada y le da el prestigio de ser un refugio de personas investigadas por corrupción”, sostuvo.
