La Prensa, el principal diario de Nicaragua, es allanado en medio de un “apagón informativo”
En medio de una escalada represiva que ha instalado “un apagón informativo en Nicaragua”, en el que reina la autocensura por el temor a ser apresado, el gobierno de Rosario Murillo allanó el mediodía de este viernes La Prensa, el diario más longevo del país, y acusó a la dirección del rotativo de los supuestos delitos de “defraudación aduanera y lavado de dinero”. Este ha sido un golpe fulminante a los medios de comunicación independientes y ocurre a tres meses de unas elecciones generales sin condiciones de transparencia y competitividad.
Un contingente de tropas de la Dirección de Operaciones Especiales (DAJ) se tomaron el edificio de La Prensa el mismo día que el periódico suspendió su edición impresa a falta de papel por un embargo aduanero impuesto por el régimen sandinista, denunció este jueves la junta directiva de la principal publicación nicaragüense.
Esta no es la primera vez que la istración Ortega-Murillo impone un embargo aduanero al papel y la tinta de La Prensa, pero sí es la primera ocasión que su edición impresa —así como la del diario popular Hoy, de la misma casa editorial— deja de circular por falta de material. El anterior embargo duró más de 500 días, hasta el 6 de febrero de 2020, cuando el gobierno liberó varias toneladas de papel, tinta y demás insumos gracias a la intermediación del nuncio vaticano, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag.
El trámite para importar insumos fue relativamente normal hasta antes de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el Gobierno. Las revueltas fueron reprimidas con violencia. Los medios de comunicación se volvieron claves para documentar la represión y el Gobierno se enfiló contra las redacciones. Confiscaron los equipos del canal 100% Noticias y Confidencial. A los dos rotativos nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, les impuso un largo bloqueo aduanero. El Nuevo Diario no superó la falta de materia prima y en septiembre de 2019, tras 40 años de circulación, cerró definitivamente.
La actual acusación de defraudación aduanera contra el diario no tiene cabida a la luz del artículo el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que los medios de comunicación con “función social” —como La Prensa— están exonerados de “toda clase de impuestos”.
“Es parte de la misma ofensiva que están haciendo contra los medios (independientes)”, dijo Fabián Medina, jefe de información de La Prensa, al salir de las instalaciones. “No hay forma de trabajar, no tenemos internet”, agregó. La Policía clausuró y cortó el internet de la redacción, mientras desconectó los servidores internos del diario, impidiendo a sus reporteros publicar en su sitio web. Durante el allanamiento, la policía difundió un comunicado informando que el diario quedaba bajo resguardo.
“Nicaragua puede convertirse en el único país del hemisferio occidental que no tenga diarios impreso”, según una verificación que realizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Inclusive en los Estados fallidos como Siria, Somalia y Sudán del Sur hay diarios escritos. De manera que si desaparecen La Prensa y el diario Hoy (periódico popular de La Prensa) por el estrangulamiento de la dictadura, Nicaragua ostentaría el deshonroso récord de ser el único país en todo el mundo sin periódico de papel”, señala el organismo.
Grito de alarma
La embestida a La Prensa ocurre en medio de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aumentado las presiones, amenazas y hostigamientos contra los periodistas independientes en Nicaragua. Desde finales de mayo, casi a diario decenas de comunicadores han sido citados en el Ministerio Público por el caso de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y la mayoría de ellos ha sido amenazado con la Ley 1042 o Ley de Ciberdelitos, en entrevistas en las que los fiscales actúan de forma “hostil e inquisidora”, según denunciaron periodistas y defensores de derechos humanos que le han dado seguimiento a estos procesos. Esto ha provocado una nueva oleada de, al menos, 21 reporteros exiliados.
La mayoría de periodistas han salido de manera irregular de Nicaragua para evitar que las autoridades de Migración y Extranjería les decomisen sus pasaportes, como le sucedió a Julio López del programa radial Onda Local y otros opositores que han intentado salir por puestos fronterizos.
“Alertamos que persiste la preocupación de caer en un apagón informativo, lo cual agravaría, la ya difícil situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, indicó La Prensa en su último informe mensual de julio sobre violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, en el que recogen que la mayoría de medios digitales independientes han suprimido las firmas de los periodistas en sus artículos y 11 de ellos han sido forzados al exilio para resguardar sus vidas y continuar con su trabajo periodístico.
La medida contra La Prensa refuerza el apagón informativo provocado por la escalada represiva del régimen sandinista a través de la Fiscalía, que persigue a periodistas con la llamada Ley de Ciberdelitos y envía a la cárcel a los opositores que se atreven a dar declaraciones a los medios de comunicación independientes. Un ejemplo de lo que dice el informe de La Prensa fue la cancelación jurídica de 24 ONGs, principalmente organizaciones médicas que, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de la covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes.
A partir de junio, cuando los Ortega-Murillo decidieron liquidar el proceso electoral, 32 líderes opositores han sido arrestados, incluidos 7 precandidatos presidenciales. La pareja presidencial que busca perpetuarse en el poder correrá como partido único en los comicios programados para noviembre próximo.
