Decenas de militares presos: la otra cara de la persecución política de Maduro

Yliangel Urbina Velásquez escucha en todos lados que los militares "no hacen nada", que son "una vergüenza nacional", pero ella lo niega. "Se lo he dicho a mis amigos: ustedes ignoran la cantidad de oficiales que están presos por no apoyar este gobierno", responde con dolor. Ella sí lo sabe porque los ve todos los sábados cuando visita a su hermano, el comandante del Ejército Carlos Urbina Velásquez, recluido desde el año pasado en la cárcel militar de Ramo Verde junto a decenas de uniformados acusados de conspirar contra Nicolás Maduro.

Maduro profundizó la persecución política en los cuarteles en 2018. Cifras extraoficiales señalan que más de 180 de la Fuerza Armada fueron aprehendidos y enfrentan cargos por traición a la patria, falta al decoro militar, motín e instigación a la rebelión, entre otros delitos. Con menos exposición pública que los dirigentes partidistas encerrados en las cárceles del régimen chavista, los oficiales también sufren abusos y atropellos.

Urbina Velásquez, de 40 años, fue capturado en la sede del Ministerio de Defensa en Caracas el 14 de mayo de 2018. Tras una semana incomunicado, en franca violación a las leyes venezolanas, su hermana Yliangel pudo verlo por primera vez. “Lo encontré con las manos hinchadas, moreteadas y con las marcas de las esposas. Cuando lo abracé, me advirtió que le dolía el cuerpo por los golpes”, recuerda. Allí supo que el agua que le había llevado durante esos días a la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) para que se hidratara, sus carceleros se la echaban encima.

Este comandante del Ejército ha sido implicado por las autoridades en la llamada “Operación Armagedón”, una de las tantas conspiraciones denunciadas por Maduro en los últimos meses. La familia de Urbina Velásquez asegura que el oficial pidió la baja hace un par de años y se la negaron. “Él se define como un militar de carrera, se quejaba porque dentro de la institución ocurrían muchas irregularidades contrarias a lo que aprendió en la Academia Militar y afirmaba que nadie le cambiaría sus ideales”, detalla su hermana.

Aunque la Constitución venezolana establece que la Fuerza Armada no puede tener “militancia política” ni estar al servicio “de persona o parcialidad política alguna”, la cúpula militar se declara abiertamente “chavista” y se ha convertido en el principal sostén del régimen de Maduro, calificado “ilegítimo” y “fraudulento” por unos 60 países que ahora reconocen a Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, como presidente interino.

Guaidó se juramentó mandatario encargado el 23 de enero, pero en la práctica no ha podido ejercer las funciones del Ejecutivo que siguen en manos de Maduro. Aplicando el principio del palo y la zanahoria, el gobierno de Estados Unidos amenaza con más sanciones a los militares que impidan la transición, mientras el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía que favorecería a los oficiales que faciliten la instalación del gobierno de transición.

Impermeable a cualquier llamado, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha expresado que está dispuesto a sacrificar su propia vida para garantizar la continuidad de Maduro en el Palacio de Miraflores.

Sin embargo, esa unidad monolítica da señales de desgaste. El 21 de enero, 27 integrantes de la Guardia Nacional protagonizaron una sublevación que fue rápidamente sofocada y dio pie a una ola de protestas populares violentamente reprimidas. Igualmente, el general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de Inteligencia del difunto Hugo Chávez, respaldó a Guaidó y desde este sábado, tras el fracasado intento de hacer ingresar un cargamento de ayuda humanitaria al país, más de 500 militares han cruzado la frontera hacia Colombia y Brasil para desconocer a Maduro y asumir como su comandante en jefe al líder opositor.

“Los oficiales que están recluidos en Ramo Verde sienten mucha rabia y tristeza, pero ahora también tienen fe en que esto pronto se va a acabar. Los he escuchado decir que ya tienen las maletas listas, que ya van a salir, los veo muy esperanzados”, relata la hermana del comandante Urbina Velásquez, quien este fin de semana no pudo recibir la visita de su hija de 13 años porque le impusieron un castigo de aislamiento.

Mano dura

Quizás alguien aún pueda considerar “debatible” la imparcialidad de la justicia ordinaria de Venezuela, pese a las pruebas que demuestran su manipulación por parte del chavismo. No obstante, en el caso de la justicia militar no hay duda. Sus jueces y fiscales están subordinados y deben obediencia a su comandante en jefe, según las normas venezolanas.

“Los tribunales militares son un brazo ejecutor del Partido Socialista Unido de Venezuela, itiendo detenciones arbitrarias, acusaciones sin elementos de convicción, negando el derecho al debido proceso y vulnerando los plazos fijados en la ley para desarrollar audiencias y juicios”, comenta el abogado Héctor Herrádez Vielmes, oficial retirado y defensor de militares presos.

Herrádez Vielmes detalla que uniformados han llegado a quitarse la ropa frente a los jueces para mostrar las huellas dejadas en su piel por las torturas y ni así sus reclamos han sido tomados en cuenta. “Presentamos denuncias de abusos para que sean investigadas y no nos escuchan. Los encarcelan por chismes, por un mensaje de texto al teléfono, pero en ningún caso han probado la existencia de una rebelión”, apunta el experto legal, que ha tenido que esperar meses para una acción tan elemental como revisar un expediente.

Desde la cúspide de su carrera, el capitán de corbeta Carlos Macsotay Rauseo se desplomó literalmente hasta el subsuelo. El comandante del batallón de operaciones especiales de la Armada Venezolana fue capturado el 17 de mayo de 2018 en la sede del Ministerio de Defensa y terminó encerrado en los sótanos del Dgcim, donde lo esposaron a una silla y lo maltrataron para que confesara su supuesta participación en un complot contra Maduro.

“Mi hermano mide 1.86 metros y pesa unos 110 kilos, entonces, lo agarraron entre cuatro hombres, lo golpearon e intentaron ahogarlo con una capucha que le tapaba la cabeza. Eso ocurrió en la primera semana de su detención”, describe María Alejandra Macsotay Rauseo, quien en su condición de abogada asumió la defensa de su hermano.

Macsotay Rauseo, de 42 años, cayó preso junto con ocho compañeros y pasó 37 días incomunicado. Durante ese lapso solo podían llevarle una garrafa de cinco litros de agua que debía alcanzarle para toda una semana. En su primera comparecencia ante el tribunal, los oficiales manifestaron haber sido torturados. La jueza contestó que no podía registrar ese tipo de denuncias y editó en el expediente el testimonio de los militares, que posteriormente fueron obligados a firmar otra versión de los hechos.

Hacinado en un sótano de la Dgcim con escasa ventilación e iluminación, haciendo sus necesidades en una bolsa de plástico, soportó cinco meses sin ver la luz del Sol. Luego, por orden judicial fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, donde mejoraron las condiciones de reclusión aunque comparte una celda con 12 personas.

La acusación contra Macsotay Rauseo se basa en la presunta filtración de un “testigo protegido” que habría desertado a Perú. María Alejandra Macsotay asevera que su hermano exhibe una hoja profesional impecable. Hijo de oficial retirado, siempre ascendió entre los primeros cinco lugares de su promoción y destacó en Argentina en el curso avanzado de Infantería de Marina.

Con 20 años en el poder, el chavismo ha ideologizado y purgado a la Fuerza Armada contando con la intervención de los servicios de inteligencia de Cuba, según denuncia la oposición, Estados Unidos y reportes de organizaciones no gubernamentales expertas en temas de seguridad y defensa. El gobierno de Maduro demanda a los uniformados que expresen su adhesión al socialismo en las redes sociales y se inscriban en el “carnet de la patria”, documento que en la práctica es utilizado para el control político de la militancia chavista.

“La opinión pública desconoce estos hechos por la censura, pero aquí han encarcelado a decenas de integrantes de todos los componentes de la Fuerza Armada. No es justo meter a todos los militares en el mismo saco, hay muchos institucionales, pero dar un paso al frente pone en riesgo tu carrera y tu familia. Aunque no tenga pruebas contra ellos, el gobierno los detiene por una sola razón: les cobran el hecho de no ser chavistas”, concluye la abogada Macsotay Rauseo.