¿Violó Trump la ley? La búsqueda del FBI en Mar-a-Lago plantea nuevas preguntas

Corría el año 2016, la candidata presidencial bajo investigación era Hillary Clinton y el director del FBI en ese momento, James Comey, expuso los factores que el Departamento de Justicia consideraba para decidir si acusar a alguien de mal manejo de registros clasificados.

Seis años después, ese tutorial resulta instructivo ya que otro candidato de esa elección, Donald Trump, está enredado en una investigación del FBI relacionada con documentos gubernamentales confidenciales. Se desconoce si una búsqueda del FBI en la residencia de Trump en Mar-a-Lago es un preludio de cargos penales.

La acción del lunes centra la atención en la maraña de estatutos que rigen el manejo de los registros gubernamentales, aunque el propio historial de discrecionalidad procesal del departamento (algunas investigaciones de alto perfil han terminado sin cargos o en acuerdos de culpabilidad por delitos menores) hace que sea difícil pronosticar lo que podría suceder esta vez.

“Estos son estatutos que históricamente no se han aplicado en toda su extensión”, dijo Stephen Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas. Pero, agregó, ese no es necesariamente un argumento para no hacerlo aquí si el Departamento de Justicia determina que se ha infringido la ley.

Mucho sigue siendo incierto sobre la búsqueda del lunes, incluido precisamente lo que estaba buscando el FBI (Trump dice que los agentes abrieron una caja fuerte) o por qué lo hizo.

Pero el Departamento de Justicia ya estaba investigando el descubrimiento de material clasificado en 15 cajas de registros de la Casa Blanca que la istración Nacional de Archivos y Registros recuperó de Mar-A-Lago a principios de este año.

No está claro si estamos ante un delito grave

Para obtener una orden de allanamiento, el Departamento de Justicia tendría que persuadir a un juez que cometió el delito de que el delito fue violado, aunque los funcionarios del estatuto creen que pueden haber sido cometidos y no está claro.

Múltiples leyes federales exigen la custodia de secretos gubernamentales. Un estatuto potencialmente relevante, por ejemplo, tipifica como delito eliminar información clasificada y retenerla en un lugar no autorizado. Otro establece que es ilegal manejar indebidamente, ya sea deliberadamente o por negligencia grave, información de defensa nacional, incluidos mapas, fotografías y documentos, o transmitirla a cualquier persona que no esté autorizada para recibirla.

Pero si el pasado es un precedente, el mero manejo indebido de información clasificada no siempre es suficiente para una condena por delito grave, o cualquier cargo.

“A menudo todo se reduce a si hay factores agravantes en estos casos”, dijo David Laufman, quien como jefe de la sección de contrainteligencia y control de exportaciones del Departamento de Justicia supervisó la investigación de Hillary Clinton.

Esos incluyen, dijo, cuánta información clasificada se manejó mal, hasta qué punto la persona sabía que estaba en posesión de información clasificada y qué tan sensible era el material y si su exposición ponía en riesgo la seguridad nacional de los EEUU.

El FBI dijo lo mismo en 2016 cuando cerró sin recomendar cargos una investigación sobre si Clinton manejó mal información clasificada a través de un servidor de correo electrónico privado en el que confiaba como secretaria de Estado.

En un discurso extraordinario de 13 minutos, Comey dijo que los agentes habían determinado que ella había enviado y recibido correos electrónicos que contenían información clasificada, pero que no había indicios de que tuviera la intención de infringir la ley. Dijo que ningún fiscal razonable habría presentado tal caso.

Para probar su punto, dijo que una revisión de casos anteriores del Departamento de Justicia estableció que cada acusación involucró una combinación de: un mal manejo intencional de registros clasificados; la gran exposición de materiales de una manera que sugería mala conducta deliberada, deslealtad a EEUU u obstrucción de la justicia.

Los archivos se extrajeron en seis horas de la Casa Blanca el mismo día de la juramentación de Biden

En otro caso notable, en 2015 se permitió que el exdirector de la CIA, David Petraeus, se declarara culpable de un cargo menor de extracción y retención no autorizadas de información clasificada, evitando la prisión porque itió haber compartido cuadernos que contenían secretos gubernamentales con su biógrafo. Esa resolución se produjo dos meses después de que el FBI allanara su casa y a pesar de que Petraeus itió que sabía que la información que estaba compartiendo era clasificada.

Queda por ver qué argumentos podría plantear Trump a medida que avanza la investigación. Su larga declaración en la que reveló la búsqueda no abordó la esencia de la investigación, sino que se quejó de que la acción del FBI fue una “armamento del sistema de justicia y un ataque de los demócratas radicales de izquierda”.

En teoría, podría tratar de argumentar eso como presidente hasta el 1 de enero. El 20 de enero de 2021, él era la autoridad de clasificación original y había desclasificado por su cuenta todo el material que podría haberse recuperado de Mar-a-Lago.

Pero, dijo el profesor de derecho Vladeck, sería un argumento "bastante sorprendente" de Trump afirmar como su defensa que había "desclasificado todas nuestras joyas de la corona" y, al hacerlo, itir efectivamente que era una "amenaza para nuestra seguridad nacional".

“El hecho de que tenga autoridad legal no significa... que cualquier cosa que haya decidido tomar de la Casa Blanca y guardar en Mar-a-Lago sea desclasificada”, dijo Laufman. “El proceso de desclasificación no existe. en la cabeza de Donald Trump. No es autoejecutable”.

También es posible que dijera que no estaba al tanto del contenido de las cajas mientras se empaquetaban. Su hijo Eric le dijo a Fox News que las cajas se encontraban entre los artículos que se sacaron de la Casa Blanca durante "seis horas" el día de la inauguración. Pero incluso si ese fuera el caso, aún tendría la obligación legal de devolverlo una vez que se enteró de la presencia de información clasificada.

Hay otros estatutos que podrían entrar en juego que no se refieren a información explícitamente clasificada. Una ley en particular tipifica como delito grave que alguien en posesión de registros gubernamentales los mutile, elimine o destruya deliberadamente.

Esa ley se castiga con hasta tres años de prisión y dice que cualquier persona condenada por ella está inhabilitada para ocupar un cargo en el futuro, aunque las calificaciones de quién puede postularse para presidente están establecidas por la Constitución.

En cualquier caso, quedan preguntas clave sin respuesta, incluso si el enfoque de la investigación está en "el acto de mantener todo este material en Mar-a-Lago" o en qué es realmente el material, dijo Vladeck.

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