Qué implica el acuerdo presupuestario que aprobó el Congreso y qué significa para los dreamers
Aunque Congreso y Casa Blanca se ufanan de haber llegado a un acuerdo presupuestario que evitará que en los próximos dos años se vuelva a vivir la angustia de ver cómo el gobierno federal está a punto de quedarse sin fondos, lo que se aprobó la madrugada del viernes es otra medida temporal (la quinta desde septiembre) que permite que la istración pública siga en marcha por seis semanas más.
La diferencia, y la causa de la celebración en Washington, es que eso fue posible luego de que los líderes parlamentarios pactaran un acuerdo amplio para garantizar la financiación del gobierno a cambio de la expansión del gasto discrecional (el que asigna el Congreso fuera del presupuesto) en Defensa, como querían los republicanos, y programas sociales, como aspiraban los demócratas.
Contrario a lo que ha sido la tradición fiscal republicana, en el acuerdo autoriza un aumento del gasto público de unos 300,000 millones en los próximos dos años, suspendiendo de hecho los límites establecidos en 2013 con los llamados ‘secuestros’ que se produjeron cuando el Congreso no logró ponerse de acuerdo en cómo aumentar el techo de la deuda pública y simultáneamente reducir el déficit fiscal.
Ahora que el pacto empezó a cumplirse, los senadores pasarán a discutir temas migratorios y, particularmente el futuro de los dreamers, hijos de inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país siendo menores de edad.
Los demócratas en el Senado acordaron separar el tema migratorio del presupuestario a cambio de un compromiso para considerar la situación de los dreamers, aunque, como destacan los críticos del acuerdo, eso no significa que finalmente se vaya a producir una ley que los favorezca, ya que se trata de un debate parlamentario abierto que bien puede conducir a meses de negociaciones que no produzcan resultados.
En la Cámara de Representantes no se logró un compromiso similar, pese al maratónico discurso del miércoles con el que la líder de la minoría demócrata Nancy Pelosi busco forzarlo. La madrugada de este viernes, el presidente de la cámara Paul Ryan asomó la posibilidad de abrir ese debate próximamente.
A partir de ahora los congresistas podrán dedicarse al estudio y aprobación del presupuesto solicitado por la Casa Blanca de la manera cómo se supone que debe hacerse, sancionando asignaciones mensuales regulares para financiar al aparato estatal.
Qué contempla el acuerdo:
- Pentágono: recibirá 80,000 millones de dólares en el año fiscal 2018 (FY18, que vence en septiembre) y 85,000 adicionales en el 2019 (FY19)
- Programas sociales: la Seguridad Social, Medicare y otros programas de asistencia recibirán 63,000 millones de dólares en el FY18 y 68,000 adicionales en FY19.
- Ayuda para desastres: se destinarán casi 90,000 millones de dólares para un fondo de asistencia a las víctimas de desastres naturales de los últimos cuatro años, lo que beneficia principalmente a los afectados por la temporada de huracanes 2016 en Puerto Rico, Florida, Texas y las Islas Vírgenes, y para los afectados por sequías e incendios en California. El monto es casi el doble de lo que se consideraba en el Capitolio.
- CHIP: el programa de seguros de salud para niños, que ampara a unos 10 millones de menores de edad de familias pobres y que se había quedado sin dinero este año, contará con fondos suficientes hasta el 2028
- Límite de la deuda: queda suspendido, es decir sin límite preestablecido, hasta marzo de 2019, con lo que se evitarán las constantes negociaciones parlamentarias para aprobar su incremento. Algo que promete reducir el posible conflicto político en medio de la campaña para las elecciones parlamentarias de medio término que se realizarán en noviembre.
- Impuestos: el acuerdo revive una treintena de exenciones impositivas que habían expirado en 2016 y que no fueron consideradas en la Ley de reforma de Impuestos que se aprobó en diciembre pasado. Muchas de ellas tienen que ver con uso de energías renovables o más eficientes en residencias y automóviles. Otras exenciones están vinculadas con cuidados de salud, como la que elimina el financiamiento de terapias físicas a través de Medicare. Estas exenciones serán retroactivas, por lo que se estima que el paquete presupuestario termine costando hasta 500,000 millones de dólares en esos dos años.
