El “efecto Al Capone” y la 'bomba' de los impuestos en el caso contra Donald Trump

Desde antes de que se abriera un caso contra Donald Trump, Michael Cohen, quien fuera el eficaz abogado “reparador” del expresidente en sus tiempos de magnate inmobiliario y la primera parte de su carrera política, decía que su exjefe terminaría respondiendo ante la justicia por temas de impuestos y no por otros delitos que pueda haber cometido, algo similar a lo que le pasó al famoso gánster Al Capone.

“Al igual que el efecto Al Capone, no lo atraparán por asesinato, extorsión, crimen organizado. Lo atraparán por evasión de impuestos”, dijo Cohen en septiembre pasado en una entrevista con MSNBC y afirmó que había evidencia de actos fraudulentos cometidos por el expresidente en sus negocios.

Luego de que a principios de abril Trump se convirtiera en el primer presidente en los casi dos siglos y medio de historia de EEUU en ser procesado por la justicia, se han hecho innumerables análisis sobre la contundencia o no de los cargos presentados por el fiscal Alvin Bragg contra el exmandatario.

Trump ha estado lidiando con la justicia como acusado o como acusador a lo largo de su vida empresarial. Es famoso su estilo agresivo usando las cortes para dirimir temas de negocios. En su vida política ha mantenido la estrategia de demandar todo, desde el Congreso hasta a los fiscales cuando requieren documentos.

Actualmente, él es objeto de varias investigaciones que podrían terminar con cargos en su contra, una federal (la del asalto al Capitolio de enero de 2021) y una estatal (la supuesta intención de manipular resultados electorales en Georgia en 2020).

Trump es el único presidente que ha enfrentado dos juicios políticos y además en un solo periodo de gobierno: uno por intentar condicionar ayuda militar a Ucrania a cambio de favores que perjudicaran a Joe Biden, y otro por su responsabilidad en el ataque al Congreso. A ambos sobrevivió.

Una de las grandes ironías de la historia judicial estadounidense es que Capone, pese a haber sido un violento jefe mafioso del Chicago de principios del siglo XX responsable por matanzas, tráfico de drogas y personas, y por corromper funcionarios, terminó siendo juzgado en 1931 por evasión de impuestos.

Guardando las distancias con la situación de Trump, el ejemplo paralelo que plantea Cohen terminaría siendo una gran ironía.

Falsificación de registros empresariales y "otros delitos": la acusación contra Trump

En el documento de la acusación del gran jurado que fue presentado a la corte, se indica que Trump “falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar una conducta delictiva que ocultaba información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016".

El documento asegura que los delitos fueron cometidos "con la intención de defraudar y la intención de cometer otro delito y ayudó y ocultó la comisión de los mismos”.

Según la ley de Nueva York, la falsificación de registros comerciales generalmente es un delito menor. Pero los fiscales pueden escalar el cargo cuando creen que una persona falsificó registros comerciales para cometer otro delito u ocultar la comisión de un delito, que es lo que afirman que sucede en el caso de Trump.

En la acusación no se detalla cuál es el otro delito que Trump supuestamente trato de ocultar. Los documentos judiciales adjuntos indican que está relacionado con la campaña electoral de Trump en 2016 y sus esfuerzos por ocultar al público una supuesta relación extramarital con la actriz porno Stormy Daniels.

"Me sorprendió que no se acusara de ningún otro delito", dijo a Univision Noticias el abogado criminalista neoyorquino Roberto Osuna. "Cada uno de estos 34 cargos tiene la intención de ocultar otro crimen. Entonces, uno pensaría que lo acusarían de ese otro delito. Creo que será un gran problema, a menos que tengan pruebas de ello", añadió.

¿Qué puede tener en común el caso de Capone con el de Trump?

En líneas generales, existe la sensación de que no parecen ser tan contundentes los 34 cargos criminales por adulteración de registros empresariales para ocultar el pago que a través de Cohen hizo Trump a Daniels que hace la fiscalía.

Aunque no está especificado en el documento de la acusación, el fiscal Bragg explicó vagamente en una rueda de presa posterior a la imputación que su oficina está analizando varias teorías para reforzar la acusación de que el fraude contable del que acusa a Trump alcanza niveles de crimen (felony) y no simple falta (misdemenour).

Bragg acusa a Trump de falsificar registros comerciales para respaldar reclamos falsos ante el fisco de Nueva York.

“Los participantes también tomaron medidas que caracterizaron erróneamente, a efectos fiscales, la verdadera naturaleza de los pagos realizados para promover el ardid”, escribió el Sr. Bragg en la declaración de hechos que acompaña a la acusación.

Según ese documento, Trump le pagó a Cohen más de lo que este había pagado a Daniels para cubrir los impuestos en los que incurriría el abogado.

Esas supuestas declaraciones de impuestos falsificadas pueden sellar el caso en los previsibles desafíos legales que reciba.

“La referencia a las declaraciones de impuestos falsas puede salvar el caso de los desafíos legales que pueden surgir si los cargos por delitos graves se basan solo en las leyes electorales, federales y estatales”, dijo Ryan Goodman, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York.

¿Puede un fiscal estatal invocar delitos bajo leyes federales?

En la acusación presentada por Bragg también se indican presuntas violaciones de las leyes electorales federales y estatales. Y aunque se esperaba, es algo que genera dudas, incluso entre críticos de Trump, porque consideran que puede ser difícil estableces si pagar por el silencio de una amante es gasto de campaña o personal.

Mientras unos aseguran que el momento en el que se hizo el pago, a pocos días de las elecciones de noviembre de 2016, indica claramente que se trataba de atajar un escándalo que podía ser políticamente costoso, los abogados del expresidente han dado a entender que lo que se buscaba era evitar una vergüenza familiar.

En su rueda de prensa, Bragg citó la ley electoral de Nueva York que considera un delito menor conspirar para promover una candidatura por medios ilegales, aunque no explicó por qué esa ley se aplicaría a una elección presidencial, también asegura que se superó el tope federal en las contribuciones de campaña, aunque eso no es algo de su competencia.

En cualquier caso, Bragg entró en un terreno no bien definido: ¿puede un fiscal estatal invocar un delito federal para el que parece no tener jurisdicción?

La ley de Nueva York no dice nada de que para que el segundo delito deba ser algo estatal y no federal. Y esa es una teoría que con seguridad será desafiada por los abogados de Trump, hasta en la Corte Suprema, de ser necesario.