Merrick Garland nombra un fiscal especial en la investigación a Hunter Biden

El fiscal general Merrick Garlan anunció este viernes que designó un fiscal especial en el caso contra Hunter Biden, ampliando así la investigación al hijo del presidente antes de las elecciones de 2024.

Garland dijo que nombraría a David Weiss, el fiscal federal en Delaware que ha estado investigando los tratos financieros y comerciales del hijo del presidente, como fiscal especial.

Justo cuando se anunció su nombramiento, Weiss notificó a un juez federal en Delaware que las conversaciones sobre un acuerdo de culpabilidad en el caso de Hunter Biden estaban en un “punto muerto”.

Garland señaló las “circunstancias extraordinarias” del asunto cuando hizo el anuncio en el Departamento de Justicia. Dijo que Weiss pidió ser designado para el puesto y le dijo que “a su juicio, su investigación ha llegado a una etapa en la que debe continuar su trabajo como fiscal especial”.

“Al considerar su solicitud, así como las circunstancias extraordinarias relacionadas con este asunto, he concluido que es de interés público nombrarlo como fiscal”, dijo Garland.

La medida es un desarrollo trascendental del típicamente cauteloso Garland y se produce en medio de un par de amplias investigaciones del Departamento de Justicia sobre Donald Trump, el expresidente y principal rival del presidente Joe Biden en las elecciones del próximo año.

También se produce cuando los republicanos de la Cámara de Representantes están montando su propia investigación sobre los tratos comerciales de Hunter Biden.

El mes pasado, el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden por evasión de impuestos colapsó después de que la jueza del Tribunal de Distrito de EEUU, Maryellen Noreika, quien fue nombrada por el presidente Donald Trump, planteó múltiples preocupaciones sobre los detalles.

La jueza Noreika no dio su visto bueno al acuerdo y pidió a ambas partes que hicieran modificaciones para resolver sus preocupaciones legales sobre varios aspectos del mismo.

“No puedo aceptar el acuerdo de culpabilidad hoy”, dijo Noreika, y dirigiéndose a Biden, le dijo: "Sé que quería dejar esto resuelto. Lo siento, pero necesito más información. Necesitamos hacer esto bien".

Como consecuencia, el hijo del presidente Biden se declaró inocente de los cargos de evasión de impuestos, lo que abre las puertas a un posible juicio, algo que justamente buscaba evitar el acuerdo.

¿Qué contenía el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden?

El acuerdo al que habían llegado Hunter Biden y la fiscalía, que lo acusa de delitos impositivos y tenencia ilegal de armas, buscaba poner fin a la investigación federal contra el hijo del presidente, seguida muy de cerca e instigada por los republicanos.

Ya de por sí era un acuerdo histórico, pues se trata del hijo de un presidente en funciones declarándose culpable de delitos federales. Pero con lo que ambas partes no contaban es que la jueza iba a poner trabas para su aplicación.

Hunter Biden, de 53 años, iba a declararse culpable de dos delitos fiscales menores por no pagar adecuadamente sus impuestos en 2017 y 2018, cuando recibió más de $1.5 millones cada año. La fiscalía acordó por su parte recomendar una sentencia de libertad condicional.

En el mismo acuerdo se pretendía resolver también un delito federal de armas de fuego, pues Hunter Biden tuvo una en 2018, a pesar de sus problemas de adicciones, por lo que le acusaron de mentir en el formulario oficial que rellenó para adquirir el arma, alegando que no usaba drogas. En este caso, la fiscalía propuso no procesarlo mientras no tenga un arma y no use drogas ilegales durante al menos dos años, bajo un llamado programa de desviación.

Aquel día, cuando Biden y su equipo entraron a la sala, saludaron con sonrisas a los fiscales. Nadie esperaba que, tras tres largas horas de una ajetreada audiencia, el acuerdo fuera a quedar en el aire.

Las dudas de la jueza sobre el acuerdo

La jueza Noreika mostró dudas sobre el acuerdo desde el principio, y lo que se esperaba que fuera un proceso rápido de aceptación de los términos, terminó en un plazo de 30 días para insertar cambios de ambos partes y precisar la estructura del acuerdo, tras incisivos cuestionamientos legales que incluso debilitaron el propio acuerdo en sí.

Noreika cuestionó, por ejemplo, que el acuerdo incluyera lo del delito de arma de fuego y preguntó, dada la forma en que estaba escrito, si también implicaba que Hunter Biden se libraría de acusaciones por otros posibles delitos, derivados de las investigaciones relacionadas con su trabajo en empresas extranjeras. La respuesta fue que no, lo cual hizo que el abogado de Hunter Biden se pusiera de pie indignado y dijera que el acuerdo quedaba entonces "nulo y sin efecto", mostrando desavenencias internas entre ambas partes, a pesar de los largos meses de negociaciones.

La jueza preguntó a los fiscales si había un precedente para tal nivel de inmunidad en acuerdos de este tipo y también le respondieron que no, por lo que mostró dudas y pidió un receso de 10 minutos. Al final, el abogado de Biden aceptó la interpretación más estrecha en el arreglo para su defendido.

La magistrada también cuestionó que el llamado acuerdo de desviación la incluyera a ella como posible mediadora en caso de que Hunter Biden incumpliera sus términos, a lo que el abogado de Biden respondió que buscan un árbitro neutral, como ella, para manejar cualquier posible disputa, dada la gran politización del caso.

Finalmente, tras muchas preguntas, Noreika detuvo el acuerdo y fijó un plazo de 30 días a ambas partes para que hagan las pertinentes modificaciones y correcciones en el lenguaje legal que esclarezcan sus dudas en este caso.

En todo caso, si aceptara el acuerdo, la jueza también tendrá la última palabra sobre qué sentencia recibirá Hunter Biden, a pesar de que los propios fiscales habían recomendado la libertad condicional. "No pudo predecir hoy si esa es una sentencia apropiada o no", dijo Noreika.

La politización del caso y las maniobras republicanas

Este suceso avivó los empeños de los republicanos en capitalizar los problemas legales y personales del hijo del presidente, intentando demostrar que ha tenido un trato preferencial o que se ha beneficiado de las influencias de su padre.

El presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes Jason Smith tomó el inusual paso de presentar documentos ante la corte pidiendo a la jueza que tuviera en cuenta los testimonios de denunciantes del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus iniciales en inglés) que aseguraron al comité que el hijo del presidente había recibido un trato "preferencial".

Por su parte, Ted Kittila, abogado del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano, compartió con la jueza Noreika la información sobre los impuestos de Hunter Biden como parte de un esfuerzo por intervenir en el caso, aunque es poco probable que esos testimonios escuchados en el Congreso puedan ser incorporados a la decisión de la jueza, ya que no fueron escuchados en la corte y, por tanto, carecen de peso probatorio.

En los acuerdos entre partes de un juicio, los jueces normalmente lo que evalúan es si la negociación está en el interés de la justicia y si no representa un daño excesivo para alguno de los involucrados.

Pero las maniobras republicanas para inculpar a Biden no han hecho más que acentuarse a medida que se intensifican también los problemas legales de Donald Trump, que sigue siendo el candidato favorito del partido de cara a las elecciones de 2024.

Independientemente del rumbo que tome el caso de Hunter Biden en la corte, está claro que los republicanos de la Cámara de Representantes seguirán buscando e investigando sobre los negocios y finanzas del hijo del presidente en el extranjero.