Esta vieja regla constitucional puede poner en graves aprietos legales al presidente Trump
Esta semana los abogados del presidente Donald Trump no lograron detener la demanda presentada por los fiscales del estado de Maryland y el Distrito de Columbia que acusan al presidente de violar la Constitución al seguir haciendo negocios a través de sus empresas con representantes de gobiernos extranjeros.
El juez de distrito Peter Messitte determinó que el caso tiene méritos suficientes para seguir y que los demandantes podrán interrogar a empleados de la Organización Trump y solicitar los registros para determinar qué funcionarios extranjeros han contratado servicios específicamente en el Hotel Trump en Washington DC.
El argumento de los demandantes es que el presidente está violando la llamada Cláusula de Emolumentos, una antigua provisión constitucional que prohíbe a los funcionarios estadounidenses aceptar “emolumentos de reyes, príncipes o estados extranjeros” para evitar que sean económicamente manipulados.
En el caso de Trump, la situación es así: varios funcionarios de gobiernos extranjeros se han alojado en su hotel en la capital del país o han organizado banquetes allí, lo que según los demandantes es una violación clara de esa cláusula.
Que el juez Messitte haya determinado que hay méritos para que la demanda siga adelante, significa que potencialmente el presidente Trump podría estar en problemas legales en el futuro, por lo que tendría que decidir entre seguir siendo inquilino de la Casa Blanca o dedicarse de lleno a sus negocios hoteleros y de bienes raíces.
Es decir: o renuncia al cargo de presidente o renuncia a sus negocios, de los que sigue siendo su dueño con la única particularidad de que el día a día de su istración está en manos de sus dos hijos mayores.
Sin embargo, la cláusula de emolumentos puede ser aplicada dependiendo de la interpretación que el juez le dé en este caso.
Significado
Cuando la Constitución de EEUU fue escrita, la palabra emolumento era un término flexible que generalmente significaba "ganancia", "ventaja" o "beneficio". Ahora se aplica a los funcionarios públicos a los que se les prohíbe recibir "emolumentos", es decir, beneficios, ganancias o ventajas de gobiernos extranjeros.
Por ejemplo, en el hotel Trump de Washington DC la embajada de Kuwait y Filipinas han realizado banquetes. De la misma forma, líderes de Malasia y Rumania han estado alojados en sus habitaciones. Como ese hotel es propiedad del presidente Trump y si se aplica de manera restringida que estos funcionarios extranjeros le pagaron al hotel, la Organización Trump se benefició y por lo tanto el jefe de Estado.
Según dijo a la cadena CNN el profesor de leyes John Mikhail de la Universidad Georgetown, no importa que el presidente Trump se haya desentendido del día a día de las operaciones de su negocio hotelero e inmobiliario.
"A pesar de que el presidente Trump prometió apartarse de las operaciones cotidianas de sus negocios, se negó a ceder los intereses que tiene sobre la propiedad en esas compañías. Como resultado, continúa obteniendo ganancias, ventajas y beneficios de las transacciones comerciales con gobiernos extranjeros", dice claramente Mikhail.
El hecho de que el juez Messitte haya dado luz verde a la demanda es que está reconociendo que eso está ocurriendo y que por lo tanto, lo único que los fiscales tienen que demostrar legalmente es que Trump viola la cláusula.
"El peor escenario para el presidente Trump es que este caso lo forzará efectivamente a elegir entre continuar con la propiedad de sus negocios y su presidencia", dice categóricamente el profesor de leyes.
Los expertos también indican que solo se trata de la violación de la cláusula y de ninguna forma de algún tipo de soborno, algo que es difícil de comprobar, es decir, que un funcionario extranjero decide hacer negocios con sus hoteles o permitir construir uno de ellos en sus países a cambio de un beneficio político.
¿Juicio político?
Pero el hecho de que se viole la cláusula de emolumentos también puede llevarlo a ser enjuiciado políticamente a través de un impeachment, en el caso de que la correlación de fuerzas cambie en el Congreso tras las elecciones de mitad de periodo previstas para el próximo mes de noviembre.
"¿Dónde, por ejemplo, un presidente tiene una propiedad hotelera de primer nivel que genera millones de dólares al año en ganancias? ¿Qué tan probable es que no se deje influir, consciente o inconscientemente, en ninguna o en todas sus relaciones con gobiernos extranjeros o nacionales que podrían optar por gastar grandes sumas de dinero en la propiedad de ese hotel? ", se preguntó el juez Messitte al dar luz verde a la demanda.
Estas preguntas resumen brevemente el potencial conflicto de intereses de Trump entre su cargo como jefe de Estado y dueño de un emporio de hoteles y bienes raíces.
"¿Cómo, de hecho, podría probarse alguna vez, en un caso dado, que en realidad había sido influenciado por estos pagos?", agregó el magistrado. "Los autores de la cláusula (de emolumentos) lo hicieron simple. Prohibir los regalos por completo", concluyó el juez de manera categórica el pasado miércoles, con lo que empieza el juicio que él mismo presidirá.
El Departamento de Justicia, que representa el presidente, sostiene que el caso ha debido ser descartado, pero que en todo caso seguirá defendiendo a Trump "vigorosamente".
Aunque este proceso podría terminar en la Corte Suprema de Justicia, que ahora ideológicamente favorece a Trump, esto no significa que el máximo tribunal de justicia del país decida no tomar el caso y dejarlo al tribunal inmediato inferior.
"Tenemos derecho a conocer todos los pagos que el presidente recibió de un gobierno extranjero, de un gobierno estatal, sean cuales fueren los beneficios que recibió", dijo el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, quien encabeza la demanda contra Trump.
Pero, más allá de conocerse si hubo pagos, lo que está de fondo es el futuro de la rendición de cuentas de funcionarios públicos.
Lo que se decida a partir de esta demanda tendrá un impacto fundamental en el comportamiento ético de cualquiera que ejerce una función pública. Si Trump, que es el número uno en esa cadena, logra evadir legalmente este denunciado conflicto de intereses, entonces el efecto cascada que esto podría provocar es, según activistas y fiscalizadores del poder, un golpe terrible a la democracia estadounidense.
