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    Pena de muerte

    Por qué se cuestiona la constitucionalidad de la pena de muerte para violadores de niños en Florida

    El gobierno de Florida amplía de nuevo el alcance de la pena capital en el estado después de que en marzo promulgó una ley que elimina el requisito de unanimidad en el jurado para acordar sentencias de pena de muerte, pero esta vez se duda de la constitucionalidad de la medida.
    Publicado 8 May 2023 – 12:40 PM EDT | Actualizado 8 May 2023 – 12:40 PM EDT
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    Cuando el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que extiende la pena de muerte para las personas convictas de violación de menores, así no hayan matado a sus víctimas, sus partidarios marcaron la ocasión como un paso adelante para la protección de los niños en el estado.

    La firma de la nueva ley tuvo lugar el lunes en un evento al estilo de "campaña electoral" en la ciudad costera de Titusville al este de Orlando, donde DeSantis dijo que Florida representa seguridad para los niños, haciendo suyo el tema de “ley y orden” que Donald Trump ha usado con frecuencia en sus campañas previas.

    La inconstitucionalidad de la nueva ley de Florida

    La nueva ley marca la segunda ocasión en que DeSantis amplía el alcance de la pena capital en el estado, después de que en marzo promulgó una ley que elimina el requisito de unanimidad en el jurado para acordar sentencias de pena de muerte en Florida.

    Pero a diferencia del caso anterior el nuevo estatuto, que convierte la violación de un niño menor de 12 años de edad en Florida en crimen capital, contradice un precedente legal federal establecido por la Corte Suprema.

    En una decisión de 5 a 4 tomada en 2008, la Corte Suprema anuló una ley de Louisiana que permitía sentenciar a muerte a un violador de niños. La decisión Kennedy v. Louisiana prohibió además la ejecución de depredadores sexuales de niños a menos que también asesinaran a sus víctimas.

    En aquel momento, los opositores de la ley de Louisiana explicaron su posición diciendo que las víctimas de abuso sexual infantil estarían menos dispuestas a hablar si su agresor enfrentaba la posibilidad de ser ejecutado, que la ejecución del violador profundizaría en trauma de su victima y que los violadores de niños estarían más inclinados a matar a sus víctimas si supieran que enfrentan la pena capital por sus crímenes.

    A pesar del precedente, la nueva ley que fue aprobada de manera abrumadora por la legislatura de Florida con apoyo bipartidista

    El nuevo estatuto da a los fiscales de Florida la opción de buscar la pena de muerte si un adulto es declarado culpable de agresión sexual contra un niño menor de 12 años.

    Castigo final para delitos atroces

    Durante la ceremonia de promulgación del nuevo estatuto, DeSantis describió la decisión de la Corte Suprema como incorrecta y dijo que la nueva ley “establece una vía para poder impugnar ese precedente”.

    “En Florida, defendemos la protección de los niños”, dijo DeSantis. “Desafortunadamente, en nuestra sociedad, hay crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años”.

    “Los perpetradores de estos crímenes son a menudo delincuentes en serie”, agregó el gobernador. “Realmente creemos que parte de una sociedad justa es tener un castigo apropiado. Por lo que, si cometes un crimen que es realmente atroz, deberías recibir el castigo final”.

    DeSantis, quien se espera que compita con Trump y otros candidatos por la nominación presidencial en 2024, ha tratado de ganar prominencia nacional haciendo suyo el renovado empuje por la pena de muerte dentro de su partido, entre otros temas relacionados a las llamadas “guerras culturales” que animan a los sectores más extremos de la base republicana.

    De hecho, a nivel nacional líderes republicanos se manifiestan cada vez más a favor de la pena de muerte.

    Trump por ejemplo, aboga frecuentemente por la ejecución de traficantes de drogas, mientras que el gobernador republicano de Idaho, Brad Little , promulgó una ley que permite el uso de pelotones de fusilamiento cuando no se puedan conseguir los materiales necesarios para aplicar una inyección letal para una ejecución.

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