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    Asalto al Capitolio

    Un "inusual control" del Pentágono impidió a la Guardia Nacional repeler a tiempo el asalto al Capitolio

    El comandante general de la Guardia Nacional de Washington DC, general William Walker, explicó a un comité del Senado que llegaron "en menos de 20 minutos" al Capitolio para reponer el orden, aunque la autorización de los superiores tomó casi 3 horas y media.
    3 Mar 2021 – 01:01 PM EST
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    Casi tres horas y media le tomó a la Guardia Nacional responder al pedido de asistencia urgente que el 6 de enero le hizo la Policía del Capitolio Donald Trump insatisfecha por el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Y todo por "controles inusuales" impuestos por el Pentágono.

    “A la 1:49 pm recibí una frenética llamada del entonces jefe de la Policía del Capitolio de EEUU, Steven Sund, en la que me informó que el perímetro de seguridad del Capitolio había sido roto por manifestantes hostiles”, indicó en su declaración inicial el comandante general de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia (Washington DC), general William Walker.

    “El jefe Sund, su voz afectada por la emoción, indicó que había una grave emergencia en la colina del Capitolio y requería la asistencia inmediata de tantos guardias como pudiera yo aportar”, indicó Walker, el militar de mayor rango involucrado en la respuesta a la emergencia de aquel 6 de enero que testifica ante los investigadores del Congreso.

    Sin embargo, como reconoció Walker, esa asistencia tomaría casi 3 horas y media en llegar al lugar de la emergencia, luego de que el liderazgo del Ejército fuera alertado y que este aprobara el despliegue militar que finalmente logró la recuperación del edificio.

    Aunque en su declaración inicial, Walker destacó que tomó menos de 20 minutos en llegar al Capitolio, con seguridad los senadores estuvieron más interesados en saber por qué le tomó a los militares tanto tiempo en responder a la emergencia, a lo que Walker respondió que se debió a restricciones impuestas por el Pentágono que describió como “inusuales”.

    Walker afirmó que esos controles no existían durante el verano cuando la Guardia Nacional fue activada para controlar las protestas contra la discriminación tras la muerte de George Floyd.

    De no haber existido esos controles, el jefe e la Guardia Nacional de Washington estima que habría podido enviar unos 150 soldados poco después de la solicitud de Sund.

    “Yo creo que ese número podría haber hecho una diferencia (…) Podríamos haber ayudado a extender el perímetro y ayudado a repeler a la turba”, explicó Walker.

    Los principales responsables de la seguridad del edificio el día del ataque también han testificado que estaban “frustrados” con la lenta respuesta del Departamento de Defensa.

    En la audiencia junto a Walker estaba el subsecretario de Defensa Nacional y Seguridad Global, Robert Salesses, quien explicó que los mayores controles y la tardanza en la aprobación por parte de la cadena de mando se motivaron por la polémica desatada tras la manera cómo los militares actuaron en protestas antirracismo del año pasado, incluyendo el desalojo de la plaza Lafayette frente a la Casa Blanca.

    Salesses explicó que el entonces secretario de Defensa interino llamó a la Guardia Nacional a las 3 pm, pero no autorizó el cambio de misión a los efectivos que ya estaban activos y en el terreno hasta las 4:32 pm y que pasó media hora más para que las tropas fueran informadas del cambio.

    “Creo es eso es un problema”, fue la parca respuesta de Salesses cuando un senador pregunto cómo había sido posible esos retrasos.

    Pero el punto no pudo ser investigado en mayor profundidad porque en la audiencia no estaba ninguno de los que tomaron las decisiones en el Pentágono aquel día. Salesses no jugó ningún papel en la respuesta del 6 de enero, pese a lo cual fue el asignado por el Departamento de Defensa para testificar.

    La "hora perdida"

    La semana pasada, durante la primera audiencia sobre la investigación ante el Comité de Seguridad Nacional, surgió una diferencia en la cronología de cómo fueron los eventos y la solicitud de ayuda hecha al Pentágono entre Sund, el jefe de la Policía Metropolitana de Washington DC, Robert Contee, y los exjefes de seguridad de ambas cámaras del Congreso ( sargent in arms), Paul Irving, de Representantes, y Micheal Stenger, del Senado.

    Los dos jefes de seguridad del Capitolio presentaron versiones disímiles sobre las comunicaciones que se produjeron ese día para tratar de responder al ataque los seguidores de Trump.

    El martes testificó ante el comité el director del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés) Christopher Wray, quien catalogó como "terrorismo doméstico" al asalto y aseguró que había sido una acción coordinada en la que los protagonistas fueron milicias de derecha y grupos supremacistas blancos.

    El funcionario advirtió que "no fue un hecho aislado", ya que el terrorismo doméstico "ha hecho metástasis" en todo el país. "Yo llevo alertando sobre el terrorismo doméstico desde mi primera comparecencia en el Congreso", afirmó Wray, quien está en el cargo desde mayo de 2017.

    Wray explicó a los senadores que la oficina del FBI en Norflok, Virginia, elaboró un informe el 5 de enero en el que advertía sobre la posibilidad de violencia en el Capitolio al día siguiente, pero señaló que se trataba de información "en bruto y sin corroborar".

    La semana pasada los líderes de seguridad del Capitolio aseguran que no vieron ese reporte del FBI que advertía sobre los preparativos de grupos extremistas de viajar a Washington para oponerse violentamente a la certificación del triunfo de Biden. Sund dijo al comité que el reporte había llegado a las oficinas, pero que él no lo había visto.

    La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó la creación de una comisión al estilo de la que investigó los atentados del 11 de septiembre de 2001. La conformación de la comisión todavía está siendo negociada entre republicanos y demócratas.

    Mientras tanto, el Departamento de Justicia sigue con sus investigaciones y ya más de 200 personas han sido presentadas ante tribunales acusadas de cargos que van desde presencia ilegal en un edificio público hasta desórdenes violentos y porte ilegal de armas.

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