Florida amplía la lista de químicos permitidos en su agua potable

A pesar de la oposición de los ambientalistas, la Comisión de Regulación Ambiental de Florida votó a favor de una nueva ley que permitirá un mayor número de productos químicos, algunos cancerígenos, en fuentes de aguas potables del estado.

Los cambios legislativos se aprobaron este martes con tres votos a favor y dos en contra, pero no entrarán en vigor hasta que la Agencia de Protección Ambiental federal de EEUU (EPA) la autorice bajo los requisitos de la Ley Federal de Agua Limpia.

La nueva ordenanza supondrá la regulación de 39 químicos que todavía no se regulan en el estado y revisará los estándares de 43 toxinas, de las cuales la mayoría son carcinógenas. Sin embargo, esta también avalará que los compuestos nombrados en su lista de químicos permitidos aumenten de 54 a 92, elevando así la cantidad de químicos que se toleran en los ríos, lagos y costas del estado.

Los funcionarios estatales que promueven el plan aseguran que este protegerá a más floridanos que los estándares existentes al regular nuevos productos químicos. Su propuesta está basada en un método estadístico apodado Monte Carlo que el Departamento de Protección Ambiental de Florida usó para modelar los efectos de estos químicos tóxicos en la vida acuática y en la salud humana.

También aseguran que esta es la primera vez que se cambia las normativas de las aguas superficiales de Florida en casi un cuarto de siglo. “No hemos actualizado estos parámetros desde 1992. Esto va a hacer más bien que mal”, aseguró Cari Roth, una abogada de Tallahassee y presidente de la Comisión.

Sin embargo, no todos parecen estar contentos ni convencidos del beneficio.

Grupos ambientalistas advierten que la nueva normativa permitirá a los contaminadores verter cantidades peligrosas de productos químicos en las aguas de Florida y también debilitará los estándares del estado, poniéndolos por debajo de los federales.

Ellos alertan que esta propuesta incrementaría los niveles aceptables de toxinas en las aguas de Florida y disminuiría las regulaciones que ya existen sobre 13 productos químicos.

Linda Young, la directora ejecutiva de la Red de Agua Limpia de la Florida, calificó la decisión como "más que un ultraje" en el diario Tallahasee Democrat.

"Esta es una negación al por mayor sobre el valor de nuestras vidas en Florida", argumentó Linda. "Nuestro gobernador -la persona que está llevando esto a cabo- está diciendo que vidas de los floridanos no importa. Lo que importa son las industrias, las corporaciones, y lo que crea dinero, aunque contaminen nuestras aguas".

Por su parte, la congresista y abogada Gwen Graham, D-Tallahassee emitió una declaración pública señalando que esta ley solo beneficiaba a las compañías de fracking que buscaban expandir sus beneficios econónicos en el norte del estado y dañaba la calidad del agua y la vida de los floridianos.

"El Departamento de Protección del Medio Ambiente debería estar trabajando para proteger nuestras aguas, no haciéndolo más fácil para que la contaminen. En la Florida, nuestros lagos, ríos, manantiales y aguas costeras no son sólo vitales para una ecología y economía sana, también son esenciales para nuestras vidas", agregó la política.

Algunos científicos no creen que el método empleado para fundamentar los cambios sea lo suficientemente preciso para justificar una ley.

El Comisionado de Miami Adam Gelber, un especialista que representa los intereses técnicos de la comisión se opuso a la regla ya que que no estaba seguro de que había la información suficiente para justificar la nueva normativa. Aún más, este cuestionó la decisión del estado de aumentar los niveles permitidos de benceno, un carcinógeno que causa leucemia. “Me temo que hay un defecto de muerte”, declaró Gelber. El plan incrementaría los límites de benceno serían casi el doble.

Después de la votación, varios de la delegación congresional de Florida enviaron una carta al jefe de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA), expresando sus preocupaciones y pidiéndole un período de comentarios públicos para que las autoridades federales estudiaran cuidadosamente como esta nueva ley afectaría a la salud humana al medio ambiente y a la economía del estado.