Cajamarca, el pueblo colombiano que le dijo no a la minería
Cajamarca, un pequeño pueblo colombiano de 22,000 habitantes, eligió la conservación de sus fuentes hídricas y recursos forestales en lugar de la explotación de 26 millones de onzas de oro avaluadas en aproximadamente $60,000 millones.
El 97.7% de los habitantes de este pueblo, ubicado en la cordillera central a 230 kilómetros de Bogotá, rechazó en un referéndum (26 de marzo) la explotación de una de las minas de oro más grandes del planeta.
Desde 2007, cuando la minera sudafricana Anglo Gold Ashanti anunció su interés en explotar la mina, diversas organizaciones sociales y campesinas comenzaron a trabajar para frenar el proyecto. Su principal temor era la posible afectación de sus fuentes hídricas, especialmente el río Coello, y una fracción de 70 hectáreas correspondientes a reservas forestales.
La consulta popular, mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos colombianos pronunciarse sobre temas de interés colectivo, se convirtió en la principal herramienta jurídica contra los intereses de la empresa, en medio de un ambiente plagado de amenazas y tensiones políticas.
“Lo que pasó es importante porque se usó la Constitución para nivelar el tremendo desbalance de poder entre una minera y la comunidad de Cajamarca”, explicó Carlos Lozano, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente.
A lo largo de una década la empresa aseguró haber invertido cerca de $370 millones en este territorio, 19 de ellos en programas sociales, con la intención de recibir la aprobación de los campesinos. Los directivos de la minera mejoraron el hospital local, invirtieron en un nuevo estadio, compraron ambulancias e impulsaron otros proyectos sociales.
Renzo García, integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, explicó que ahora el consejo municipal debe “hacer un acuerdo para integrar el resultado de esa votación masiva, llevar a cabo un nuevo ordenamiento del territorio y blindarlo de actividades mineras. Se debe garantizar la vocación agropecuaria y también el potencial de turismo rural que tiene Cajamarca”.
No obstante, al día siguiente de la votación el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, dejó entrever que, pese a la voluntad popular, la multinacional aún puede seguir un procedimiento istrativo para obtener la licencia de explotación de oro en el lugar.
Helena Durán, abogada experta en derecho ambiental de la organización DeJusticia, cree que el gobierno está malinterpretando la ley colombiana pues la Corte Constitucional se ha manifestado al respecto y aclarado que las consultas populares son “vinculantes y obligatorias”. También recordó que un título minero no implica un derecho adquirido porque los “recursos no renovables como el oro siguen siendo del Estado”.
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