Las farsas judiciales en Nicaragua
El régimen de Ortega y Murillo ha consumado el proceso estalinista que inició el año pasado contra decenas de presos políticos entre los que se hallan excandidatos a la presidencia, activistas humanitarios y periodistas. Luego de investigaciones tramposas y burdas farsas judiciales, basadas en cargos totalmente fabricados, ha declarado culpables a sus víctimas que encaran largas condenas carcelarias.
Sin compasión ha dejado caer sobre ellas el mallete de la injusticia aprovechando que el mundo se halla absorto en la guerra de Putin en Ucrania. Pero la barbarie del Kremlin, aunque sangrienta, no debería escamotearla que protagonizan otras tiranías como la de Daniel Ortega y su esposa y compañera de fechorías Rosario Murillo.
Los procesos de Managua representan un crimen contra la humanidad que ameritan una exhaustiva investigación, como la que han solicitado Amnistía Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ellos nunca se demostró la culpabilidad de los acusados cuyo único delito fue oponerse con ideas, críticas y acciones políticas no violentas a la deriva autoritaria del régimen.
Los escasos testigos no oficialistas han relatado cómo a los acusados se les privó de una auténtica representación legal. Algunos, como el exaspirante presidencial Félix Madariaga, conocieron a sus abogados el mismo día del juicio. Durante el proceso, se negó de forma sistemática la presentación de pruebas absolutorias.
A varios acusados se les achacaron delitos que ni siquiera figuran en el código penal de Nicaragua. Cuando quisieron defenderse, solo se les concedieron minutos para hacerlo, como fueron los casos de la periodista y excandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, y su hermano el exlegislador Pedro Joaquín Chamorro. Y en ningún momento se les permitió deliberar con sus representantes para trazar una verdadera defensa.
El atropello a más de 170 presos políticos en realidad comenzó mucho antes con su injusta detención y su permanencia en la cárcel en condiciones infrahumanas. Algunos han denunciado torturas físicas. Todos han sufrido tortura psicológica. A varios los han colocado en celdas aisladas solo por negarse a colaborar en las patrañas inquisitoriales de sus carceleros. Y por lo menos uno, Hugo Torres, murió tras las rejas de una enfermedad para la que no recibió tratamiento adecuado.
Torres fue uno de los jefes históricos de la lucha contra el somocismo, la tiranía nicaragüense que evidentemente inspira a la de Ortega y Murillo. Hasta el exgeneral Humberto Ortega, hermano de Daniel, lamentó su fallecimiento en una declaración pública en la que la calificó de “un doloroso desenlace de un compañero de luchas” y en la que instó a un “proceso de reconciliación nacional” que su hermano envilecido ha ignorado.
Como parte de su ofensiva despótica, la pareja Ortega-Murillo ha acallado a la prensa independiente y perseguido a entidades humanitarias en Nicaragua. Por eso, corresponde a organizaciones internacionales y a las democracias tomar el relevo en la defensa de la libertad y los derechos humanos de los nicaragüenses.
El pasado fin de semana más de cien escritores, actores, periodistas y otras personalidades suscribieron una carta abierta en la que instaron a Ortega a liberar a todos los presos políticos. En ella lamentaron la muerte en prisión de Torres y exigieron el cese de las torturas, la atención médica para los reos y las visitas de sus familiares. Entre los firmantes se hallan escritores como Elena Poniatowska, Rosa Montero, Héctor Abad y Paco Ignacio Tabíoll, cantantes como Miguel Ríos y directores de cine como Fernando Colomo.
Los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea han condenado oportunamente los atropellos que perpetra el régimen nicaragüense. Esa condena debería conducir a la creación de un mecanismo concreto para documentar esos abusos y defender mejor a sus víctimas. Es, precisamente, lo que acaban de solicitar una docena de organizaciones humanitarias al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El objetivo de ese importante mecanismo internacional sería “monitorear de cerca e informar” sobre los abusos de poder en Nicaragua, “realizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de derecho internacional” y contribuir a la rendición de cuenta por todos ellos.
La fiebre de poder y la impunidad han alimentado el despotismo de Ortega y de Murillo, llevándolos a niveles comparables a los que en su día exhibieran sus enemigos históricos, los Somoza. Una robusta defensa internacional de la libertad y los derechos humanos podría bajarle algunos grados a ese ardor autoritario y salvar vidas de víctimas inocentes.
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