La política de separación de familias es cruel e innecesaria
La separación de familias ha sido tradicionalmente una consecuencia indeseable de la lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos. “An unintended consequence”, se dice en inglés. En la era moderna, las presidencias de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama trazaron políticas que a un tiempo procuraron aumentar las detenciones y deportaciones de indocumentados y evitar la división de familias inmigrantes en las que había menores de edad. Pero el gobierno del Presidente Trump es el primero que, deliberadamente, se propone separar a estas familias como método expreso para desalentar la inmigración ilegal. Se trata de una estrategia innecesariamente cruel que refleja el extremismo con que proceden Trump y los asesores que guían la política migratoria de su gobierno.
La orden de Trump de separar a familias inmigrantes cuando cruzan la frontera con México lo enfrentó con su propia secretaria de seguridad nacional, Kristjen Nielsen. Durante una reciente reunión del gabinete presidencial, Trump la insultó por su supuesta debilidad en el esfuerzo por detener el ingreso de indocumentados. Nielsen se ofendió y amagó con renunciar, según ha informado el diario The Washington Post. Pero no solo desistió de abandonar su cargo, sino que en la práctica ha alineado a su departamento con las duras exigencias antiinmigrantes del presidente y sus consejeros radicales, como Stephen Miller y John Kelly. Lo mismo está haciendo el Departamento de Justicia bajo la dirección de Jeff Sessions, enemigo de la inmigración legal e ilegal desde sus años en el Congreso.
A petición del Presidente Trump, Sessions ordenó detener y procesar como delincuentes a los padres de los menores indocumentados luego de que se separe a sus familias en la frontera. A partir de ahora, su departamento los considerará meros traficantes de niños. “Si traes de contrabando a un niño”, declaró el fiscal general, “entonces te vamos a procesar y a separar de ese niño como exige la ley”. El objetivo es buscar una larga condena carcelaria para los padres y de ese modo enviar el mensaje a migrantes potenciales de que ese sería el terrible destino que les aguardaría si intentan venir de manera ilegal a Estados Unidos con sus familiares. La medida es, a todas luces, gratuita e inhumana. Provocaría una prolongada separación de familias inmigrantes con los consabidos traumas para los padres y sobre todo para sus hijos menores. El gobierno de Obama deportó a dos millones 500,000 indocumentados sin recurrir a semejante bajeza. Y entre los que deportó había muchos niños que llegaron al país sin la compañía de adultos.
Gobiernos anteriores se vieron obligados a albergar a inmigrantes, inclusive menores de edad, en bases militares. Pero el de Trump es el primero que explora esta práctica con fruición. El presidente ha ordenado evaluar cuatro bases, tres en Texas y una en Arkansas, como posibles refugios para los niños que vengan sin adultos y para los que separe adrede de sus padres. Una vez más, su propósito es infundir miedo a familias que estén planeando ingresar clandestinamente a territorio estadounidense. Un precedente legal de 1985, Flores versus Reno, en teoría conmina al gobierno federal a otorgarles asesoría legal a los niños inmigrantes que han sido detenidos y a entregárselos a sus padres o guardianes cuando estos los reclamen. Pero no hay indicio de que el gobierno de Trump planee respetar ese mandato judicial. Por el contrario, cabe esperar que lo desafíe o que lo ignore.
Si alguien todavía duda de que el ensañamiento es un rasgo distintivo de la presidencia de Trump, solo tiene que reparar en su deliberada política de separación de familias inmigrantes y la forma en que la promueve. La Casa Blanca se la vende como pan caliente a los simpatizantes de Trump que resienten la inmigración. Y lo hace sin pudor. “Nos ocuparemos de los niños (inmigrantes)”, declaró el jefe del gabinete presidencial, John Kelly, a National Public Radio la semana pasada. Y agregó con displicencia: “los pondremos en adopción o lo que sea”. ¡O lo que sea! Y esto lo dice uno de los principales líderes del mismo gobierno que recientemente itió que les ha perdido el rastro a 1,500 niños inmigrantes a los que había confiado a la burocracia federal.
El gobierno en realidad dispone de suficientes recursos para aplicar las leyes de inmigración y frenar el ingreso de indocumentados. Sumar la separación deliberada de familias a su arsenal es un gratuito acto de crueldad que encima escamotea su responsabilidad de proteger a los niños inmigrantes quienes, por regla general, no son responsables de la forma en que los traen a Estados unidos.
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