Piden al gobernador no firme proyecto que "privatiza" La Parguera

SAN JUAN, Puerto Rico.- La aprobación del Proyecto del Senado 1621, que pretende legitimar la permanencia de casas de veraneo construidas ilegalmente a la orilla de La Parguera, en Lajas ha desatado grandes polémicas.

El proyecto aprobado en la Legislatura, aun no llega a manos del gobernador para que le estampe su firma y ya son decenas las peticiones que le imploran al primer mandatario a que no lo convierta en ley.

Para el científico ambientalista, Luis Jorge Rivera, “es un disparate que el propio gobierno de Puerto Rico, por parte de la legislatura, esté promoviendo y creando un falso sentido de seguridad al permitir que esas estructuras continúen allí”.

Rivera incluso hizo un llamado sobre la peligrosidad de mantener esas estructuras en la zona, una que puede ser fuertemente afectada en caso de un fenómeno natural.

Por su parte, Miguel “Chan” Dávila, presidente de la Federación de Pescadores de Puerto Rico, denunció como “un atropello el intento para encaminar la privatización de las playas del país” mediante el Proyecto del Senado 1621, y solicitó al gobernador Alejandro García Padilla que vete la privatización de La Parguera.

A su entender, la medida busca permitir la permanencia de casas de veraneo construidas ilegalmente en el litoral costero de La Parguera, en el municipio de Lajas.

La Federación de Pescadores de Puerto Rico agrupa a numerosas organizaciones de pescadores a lo largo de todas las costas de la Isla.

“Los pescadores no vamos a permitir que personas con aparentes intenciones de beneficiar a unos pocos nos quiten un recurso natural que es indispensable para nuestras familias. Como pequeños y medianos comerciantes, que dependemos del al mar y de la salud de los ecosistemas costeros, rechazamos cualquier pretensión de robarnos los recursos naturales”, afirmó.

Dávila, quién también se ha distinguido como presidente de la Asociación de Pescadores de Maternillo y Mansión del Sapo, en Fajardo, insistió en que “nuestro reclamo es de justicia, no de envidia, como algunos han tenido el atrevimiento de decir. Quieren convertir a nuestra isla en una sin costas, o al menos una cuyas costas solamente puedan disfrutar y beneficiar a unos pocos”.

Por su parte, la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, urgió al gobernador Alejandro García Padilla a no convertir en ley el proyecto aprobado por la Legislatura que concedería derechos de superficie a los titulares de estructuras ubicadas en la zona marítimo terrestre de La Parguera por un término de 40 años.

“Cada una de esas casas se construyó en violación a la ley. En el mismo Proyecto del Senado 1621 se reconoce que son aprovechamientos que no se conforman a la legislación y normativa vigente en Puerto Rico, a los que hay que 'integrar legalmente'. No hay justicia cuando se premia la ilegalidad concediendo a los que han violado la ley lo que no es del gobierno para entregar”, expresó la senadora.

Añadió que “la zona marítimo terrestre no es del Senado, de la Cámara ni del gobernador, es del pueblo de Puerto Rico. Su usurpación por personas cercanas a quienes ostentan el poder político, ha indignado justamente al país. Hago un llamado al gobernador para que actúe con sensatez y honestidad y no firme un proyecto que sólo ha servido para demostrar que a los ojos del liderato PPD y PNP se vale regalarle a los amigos lo que no les pertenece a ellos”.

Igualmente, contratistas se han pronunciado en contra de la medida. “Como miembro de la industria de la construcción, siento que es mi deber exigir la aplicación de las leyes a todos por igual, y no la creación de leyes de excepción a mecanismos que ya existen. Quien interese una concesión la debe solicitar por el mecanismo existente. Si no se otorga, es porque no procede. Si se otorga, procede y que se disfrute”, señaló el ingeniero Fernando Sumaza Díaz

Agregó que “no se puede crear legislación de excepción sobre excepción a nuestro sistema para acomodar a casos individuales. La regla debe ser la regla”.

Añadió que “tal y como en el pasado se ha alertado sobre la necesidad de atender el problema de lotificación simple en la isla, consistente en la construcción sin cumplir con los procesos de planificación y permisos gubernamentales, los de nuestra industria no podemos quedarnos silentes ante lo que se pretende hacer con este proyecto de ley, que es incentivar que se fomente y legalice con esta práctica, ahora en la Parguera”.

Sumaza Díaz, quién a su vez representa la firma de desarrollo Buko Development, Inc., señaló que esta última lleva una cruzada de 10 años para que se eliminen las casas de veraneo construidas y que se han apropiado ilegalmente de la zona marítimo terrestre a las orillas de la playa Buyé, en Cabo Rojo.

“Hemos dedicado recursos económicos y legales sustanciales de nuestra empresa en procesos ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y los tribunales para sanear la zona marítimo terrestre de la playa Buyé. Para que se cumpla con el estado de derecho actual. Con la ley vigente”, añadió.

A su entender, “todos en Puerto Rico, y particularmente los que intentamos impulsar un desarrollo sostenible, tenemos el deber de dar el ejemplo con el cumplimiento de las leyes y los reglamentos”, sentenció.