Demócratas insisten en vieja estrategia legislativa para regularizar a dreamers, trabajadores agrícolas y portadores del TPS
Luego del estancamiento de las conversaciones bipartidistas en el 'paquete de reconciliación' sobre el presupuesto.
La iniciativa contempla un camino hacia la ciudadanía para unos 8 millones de extranjeros sin documentos de permanencia, entre Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.
El 18 de marzo la Cámara Baja aprobó, con respaldo de ambos partidos, dos proyectos de ley que legalizan la permanencia de unos 8 millones de indocumentados (dreamers, titulares de TPS y trabajadores del campo), quienes recibirán una residencia provisional condicionada por 10 años al término de los cuales podrán solicitar la codiciada Green Card o Tarjeta Verde.
Cinco años después serán elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Freno en el Senado
Cuatro meses después, las conversaciones a puertas cerradas en el Senado se detuvieron la semana pasada tras de la negativa republicada de otorgar votos al proyecto.
El senador Dick Durbin (Illinois), líder de la bancada demócrata en la Cámara Alta, criticó el fin de las discusiones y acusó a los republicanos de darle la espalda a millones de inmigrantes que llevan años esperando por una solución al problema de sus estadías.
Por medio de un comunicado, el legislador por Illinois dijo que condenaba “el descarado rechazo de los republicanos a la legislación” que ofrece un camino hacia la ciudadanía para millones de indocumentados, y pidió a sus colegas que reconsideren su posición buscando comprender las historias y contribuciones que los no ciudadanos hacen al país.
La última reforma migratoria fue aprobada por el Congreso en 1986 durante el gobierno de Ronald Reagan.
Se quedaron solos
Al no contar con votos suficientes en el pleno del Senado (la aprobación de leyes requiere de 60 y los demócratas solo tienen 50; el empate lo rompe la vicepresidenta Kamala Harris), los demócratas avanzan con la redacción de un proyecto que será enmendado a una iniciativa de ley sobre el presupuesto, el que formará parte del denominado ‘paquete de reconciliación’.
“Cuando un proyecto de ley o dos, como en este caso (los aprobados el 18 de marzo por la Cámara de Representantes) no se aprueban en el Senado porque no cuentan con el 60% de los votos del pleno, existe esta herramienta que permite aprobar leyes con mayoría simple, es decir 51 votos”, dice Joe García, un exrepresentante demócrata por Florida.
El mecanismo fue aprobado por el Congreso en 1974 para facilitar la aprobación de ciertas leyes, sobre todo relacionadas con el gasto, la deuda pública y los impuestos.
Los demócratas, al tener el control del Senado y de la Cámara Baja, tienen el poder para utilizarlo y avanzar en la aprobación de las dos iniciativas de ley que incluyen un camino a la ciudadanía para millones indocumentados que llevan tiempo en el país.
Las fuentes demócratas insisten en que se beneficiarán hasta 8 millones de inmigrantes. La cifra se obtiene tomando en cuenta la fecha de presencia física ininterrumpida del indocumentado en territorio estadounidense, además de carecer de antecedentes criminales, entre otros requisitos.
Por qué no quieren
Poco antes de la condena de Durbin al retiro de la oposición de la mesa de diálogo, el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur), durante un interrogatorio al secretario de Agricultura, Tom Vilsack, en una audiencia sobre el impacto de las políticas de inmigración de la istración Biden en el aumento de la inmigración ilegal en la frontera, reiteró que la legalización de los millones de indocumentados ocurriría solo si el gobierno pone fin a la entrada de indocumentados.
Graham, además, criticó la reversión de una serie de normas migratorias decretadas por el expresidente Donald Trump y defendió la polémica política de ‘tolerancia cero’, basada en la modificación arbitraria de reglamentos y protocolos sin la autorización del Congreso.
Las medidas lesionaron severamente el debido proceso migratorio, entre ellos para quienes buscan asilo, un recurso legal disponible autorizado por el legislativo desde 1980.
La postura de Graham es similar al discurso del expresidente Trump, quien desde que dejó la Casa Blanca en enero ataca la política migratoria de Biden afirmando, sin aportar evidencias, que la frontera “está totalmente fuera de control” y que los inmigrantes son criminales a quienes se les debe prohibir el ingreso.
Bajo la era Trump el gobierno estableció que los indocumentados eran criminales porque entraron al país sin autorización y, por tanto, no eran elegibles ni para el asilo, ni para cualquier otro beneficio migratorio disponible como esperar en libertad la resolución de sus casos. Bajo Biden esa atribución solo compete a los jueces de inmigración.
¿Titubeo de Biden?
El domingo, Biden se mantuvo firme sobre la necesidad de crear un camino hacia la ciudadanía para los dreamers, pero advirtió que "queda por ver" si eso será parte del presupuesto de $3.5 billones que se debate en el Senado.
Lo que no mencionó el mandatario fue que los demócratas, no solo incluirán a los dreamers en el paquete de reconciliación, sino también a beneficiarios del TPS y campesinos.
Mientras tanto, los demócratas avanzan en proyecto que instruirá al Comité Judicial de la Cámara Alta para que elabore un proyecto de ley de reforma migratoria y sea incluido en proyecto de presupuesto federal.
De los 8 millones de inmigrantes que los demócratas tienen en mira para incluirlos en un camino hacia la legalización y luego la ciudadanía, 3 millones corresponden a dreamers (indocumentados que llegaron al país antes de cumplir 16 años y permanecen desde el 1 de enero de 2021 o antes). Los otros cinco millones corresponden a trabajadores agrícolas y titulares de TPS.
“Aún están definiendo las fechas de permanencia, los grupos que serán incluidos y otros requisitos”, dijo la fuente demócrata.
Apoyo al plan
El lunes, un grupo integrado por 84 alcaldes de 28 Estados se unieron para pedirle a los líderes de la Casa Blanca y del Congreso avanzar en el ‘paquete de reconciliación’ presupuestario para aprobar un camino a la ciudadanía para millones de familias inmigrantes.
“El 2021 es el año para brindar ciudadanía a los soñadores, titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales y sus familias que dieron un paso al frente para apoyar al país durante la pandemia mientras contribuían a las economías locales”, se lee en una carta enviada por el grupo.
Los alcaldes citaron un reciente estudio del Center for American Progress y el UC Davis Global Migration Center, que coinciden en señalar que la legalización de dreamers, titulares de TPS y campesinos “impulsaría el Producto Interno Bruto (PIB) en un total acumulado de $1.5 billones en una década, creará más de 400,000 nuevos puestos de trabajo y aumenta los salarios de todos los trabajadores estadounidenses en $600”.
Los informes agregan que los indocumentados también contribuirían con un poder adquisitivo adicional de $149,000 millones cada año si fueran ciudadanos estadounidenses. “Este ingreso adicional podría resultar en $39,000 millones adicionales en impuestos combinados federales, de nómina, estatales y locales cada año”.
“Brindar un camino hacia la ciudadanía para estas personas y sus familias no solo reconoce los sacrificios que han hecho por todos los estadounidenses durante el año pasado, sino también el importante papel que continúan desempeñando en la recuperación económica de Estados Unidos y la competitividad global a largo plazo”, precisaron.
