Nueva oleada migratoria en la frontera pone a prueba política de Biden
Seis semanas después de llegar a la Casa Blanca con la promesa de revertir la política de tolerancia cero del gobierno anterior, el presidente Joe Biden se topa con un escenario imprevisto: el aumento de la inmigración indocumentada, sobre todo de menores no acompañados y la poca capacidad de respuesta (infraestructura y recursos) para atender la emergencia.
Mientras los centros de detención de inmigrantes a lo largo de la frontera se llenan y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alista otros que habían sido cerrados, los números de detenidos continúan aumentando.
Un reciente informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) revela que en enero de este año se llevaron a cabo 78,323 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, entre adultos solos, familias y UAC. En diciembre el número de arrestos alcanzó los 73,923.
El diario The New York Times reportó que número de niños migrantes bajo custodia a lo largo de la frontera “se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3,250”, de acuerdo con documentos de CBO a los que tuvo el periódico.
“Y muchos de ellos están detenidos en instalaciones similares a cárceles por más de los tres días (72 horas) permitidos por la ley”, agrega.
Plazos legales
La detención más allá de los plazos legales indicados en el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008 (sobre la prevención de tráfico humano) obedece a dos razones: el aumento en el número de menores no acompañados que se registra en la frontera y una infraestructura inadecuada para poder procesarlos de acuerdo con lo establecido por la ley.
Abogados consultados por Univision Noticias dicen que, a diferencia del gobierno anterior, la política migratoria de Biden apunta al restablecimiento del debido proceso, pero por ahora carece de una infraestructura como la que demanda la ley.
Tanto el Acuerdo Flores de 1997 como la Ley TVPRA establecen que la Patrulla Fronteriza puede tener en su poder hasta por un plazo de 72 horas (tres días) a inmigrantes detenidos en la frontera y entregarlos a la custodia, o bien de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS). El plazo máximo de detención en estas dependencias no debe ser mayor a 21 días y los inmigrantes, cumplidos estos plazos, continúan en libertad el desarrollo de sus casos en los tribunales de inmigración, donde un juez decidirá el futuro de sus permanencias en Estados Unidos.
El diario The New York Times dijo que tanto la falta de infraestructura como la pandemia del covid-19, han limitado la capacidad de respuesta del gobierno y el DHS se encuentra sobrepasado.
Problema persistente
“Se espera que las autoridades de inmigración anuncien esta semana que hubo cerca de 100,000 detenciones, incluidos encuentros en las entradas de puertos, en febrero, según personas familiarizadas con los últimos datos de la agencia”, dijo NYT.
Añade que otros 19,000 migrantes, incluidos adultos y niños, han sido capturados por agentes fronterizos desde el 1 de marzo en la frontera con México.
Las causas del aumento en el número de arrestos en la frontera obedecen, por una parte, a la reversión de políticas adoptadas por el gobierno de Donald Trump en los últimos cuatro años. Pero también a la falta de una preparación adecuada.
Moreno dice además que “el aumento de la inmigración en la frontera, los arrestos, las criticas por los tiempos de detención y la apresurada apertura de centros de detención para menores y familias, está asuntando a la ciudadanía estadounidense y se le puede revertir la buena idea que tuvo cuando llegó a la Casa Blanca”.
“Pienso que el presidente debería tomar una pausa y reinvertir la ingeniería de su plan de infraestructura para darle la atención que merecen los refugiados. Eso le daría un mejor respiro para que fluya el debido proceso”, indicó el activista.
En la frontera señalan que el aumento de inmigrantes es notorio en algunos puntos cercanos, como en Matamoros. “Se ve más movimiento, pero también se nota más la presencia del crimen organizado que controla los pasos y exigen el pago de cuotas, entre $500 y $700 por persona”, dice Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras.
“El muro frena, pero hay lugares por donde se puede pasar. Y es en esos puntos donde está el crimen organizado. Les cobran incluso a los que se atreven a pasar solos. A todos les cobran”, indicó.
La crisis
El aumento en el número de detenciones recuerda la crisis del año fiscal 2014, cuando más de 66,000 UAC fueron detenidos en la frontera y un número similar de unidades familiares, situación que copó los centros de detención disponibles en ese momento obligando al gobierno a liberar a la mayoría de los arrestados mientras continuaban sus procesos de deportación.
Las medidas tomadas por el gobierno federal a partir de ese entonces y la tolerancia cero de Trump entre enero de 2017 y enero de 2021 disminuyeron la entrada al país de indocumentados, pero generaron una nueva crisis en la frontera tras la implementación del Programa de protección del Migrante (MPP), que entre enero de 2019 y el 2020 regresó a México a más de 66,000 extranjeros a esperar la resolución de sus casos der asilo en Estados Unidos.
Además, de los cerca de 530,000 casos acumulados en las cortes de inmigración a finales de 2016, aumentaron a más de 1.3 millones en enero de 2021, situación que empeoró el sistema y obligó a los refugiados a armarse de valor para esperar un promedio 2.3 años por la resolución de sus casos de asilo en algunas de las zonas más peligrosas del mundo, como Tijuana.
Sin embargo, la disminución en el número de ingresos indocumentados no significó la desaparición de la crisis, sino el aumento de la capacidad de respuesta del gobierno para controlar la frontera.
Para Elizabeth Kennedy, una de las investigadoras principales de la Universidad de California que en 2013 advirtió el éxodo migratorio en Centroamérica al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), dijo a Univision Noticias que ocho años más tarde los problemas en Centroamérica “son más graves, indudablemente porque las tasas de varios delitos no han bajado. Han quedado parecidas y, aun más, han subido, por ejemplo, aquí en Honduras”.
Kennedy dijo además que, la solución de la crisis desatada en 2013 no se arreglará en cuatro años, porque los problemas que la generaron tienen décadas. “Si Estados Unidos o cualquier otro país quiere ayudar a cambiar la realidad de los países centroamericanos, tienen que estar pensando en el largo plazo, tienen que estar dedicando programas y proyectos para por lo menos 10 años, porque al menos eso es lo que va a tomar para hacer un cambio”, apuntó.
Liberaciones alarmantes
El sábado un grupo de alto nivel encabezado por el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, llegó la frontera sur para responder a denuncias de liberaciones masivas de inmigrantes en la frontera, muchos de ellos infectados por covid-19.
La Casa Blanca dijo la visita formo parte “del compromiso de la istración de restaurar el orden y la humanidad en nuestro sistema de inmigración” y que los funcionarios “hablaron sobre las necesidades de capacidad dada la cantidad de UAC que llegan a la frontera, los complejos desafíos para reconstruir nuestra infraestructura fronteriza destruida y el sistema de inmigración, así como las mejoras que deben realizarse para restaurar procedimientos seguros y eficientes para procesar, albergar y coloque menores con familiares o patrocinadores”.
“Los funcionarios que participaron en el viaje informarán al presidente”, indica una nota de prensa. Univision Noticias preguntó a la Casa Blanca cuándo será entregado el informe y qué tipo de recomendaciones hará el grupo, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
En cuanto a extranjeros liberados y que de acuerdo con medios estaban infectados con el virus del covid-19, la CBP dijo a Univision Noticias que “utiliza una combinación de personal médico contratado en el lugar y referencias a los sistemas de salud locales para brindar apoyo médico a las personas bajo custodia que requieren atención médica”.
Agregó que el personal de la agencia “realiza inspecciones iniciales para detectar síntomas o factores de riesgo asociados con covid-19 y consulta con el personal médico en el lugar, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) o los sistemas de salud locales, según corresponda”.
Dijo además que el personal médico en el lugar “puede proporcionar una evaluación básica y un tratamiento de apoyo”, pero que los casos sospechosos de covid-19 “se derivan a los sistemas de salud locales para las pruebas, el diagnóstico y el tratamiento adecuados”.
El Título 42
El CBP también indicó que la pandemia activó el Título 42 “para permitir que el DHS proteja de manera efectiva tanto la salud como la seguridad de los migrantes y nuestras comunidades de la propagación del civid-19”, medida que permite la deportación inmediata de extranjeros ante la amenaza de contagio y propagación de la enfermedad.
En cuanto al aumento en el número de detenidos en la frontera, la CBP explicó que el alza en los registros no viene de ahora, sino desde abril del 2020 y se debe a una combinación de factores “que incluyen la violencia, la inseguridad y la hambruna en los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Honduras y Guatemala)”.
Cuando la CBP se encuentra UAC, “se los transporta a una estación de la Patrulla Fronteriza u otra instalación de detención a corto plazo donde se los identifica y se someten a un examen de salud inicial”, precisó. “La CBP entrega los UAC a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)”, como lo establece el Acuerdo Judicial Flores de 1997.
La semana pasada, durante un discurso ante la Conferencia Conservadora de Acción Política (AC) en Orlando, (Florida), el expresidente Trump reapareció para dar un discurso en el que defendió su política migratoria y cuestionó la de Biden.
Trump no mencionó que su política dejó de lado unilateralmente el Acuerdo Judicial Flores y la Ley TVPRA de 2008, acciones que lo llevaron a enfrentar múltiples demandas en los tribunales de justicia. A pesar de ello, gobernadores republicanos, entre ellos Gregg Abbott, de Texas, siguen defendiendo sus argumentos y atacan la nueva política que trata de imponer Biden, basada en la recuperación del debido proceso migratorio aprobado por el Congreso.
