Nueva regla de 'carga pública' recibe comentarios hasta el 10 de diciembre: ¿Por qué es importante opinar?

Hasta el próximo 10 de diciembre la Donald Trump a comienzos de octubre está abierta a comentarios del público. Las opiniones marcarán la diferencia y determinarán en última instancia si los inmigrantes que reciben ayudas del Estado están en peligro de perder visas o residencias si el gobierno determina que abusaron de estos beneficios.

Incluso podrían negar sus casos y perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Por esa razón activistas han insistido en que la gente opine.

“La nueva regla hará más complicada la determinación de ‘carga pública’”, advierte el National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración, NIF). “Los inmigrantes y sus hijos pueden abandonar o renunciar a la inscripción en programas de beneficios para los que son elegibles por temor a las consecuencias migratorias de utilizar la asistencia del gobierno, incluso si el programa de beneficios no tiene impacto en la determinación de ‘carga pública’”, agrega.

El gobierno de Trump defiende el nuevo reglamento. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dijo cuando anunció la norma que “bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”. La funcionaria agregó que los cambios propuestos "promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes".

Cuesta arriba

El NIF argumenta que el DHS busca cambiar el concepto “para rechazar a los inmigrantes que solicitan una visa de inmigrante (tarjeta verde), o una visa temporal si han accedido anteriormente o se considera que es probable que dependan de ciertas formas de asistencia pública en el futuro”.

La regla propuesta podría tener "un efecto escalofriante en las familias inmigrantes, que son elegibles para recibir asistencia y que contribuyen a Estados Unidos todos los días en el trabajo y en sus comunidades”, añade.

“Ampliaría drásticamente la definición de lo que significa ser una carga pública, lo que podría impedir que un inmigrante mantenga u obtenga un estatus legal de inmigración”, dice la Red Católica de Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration Network, CLINIC), una de las principales organizaciones de ayuda a los inmigrantes en el país.

La nueva norma de ‘carga pública’ establece que los agentes de la USCIS tomarán decisiones sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.

Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación financiera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.

La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.

Bajo el actual reglamento, el gobierno prohíbe beneficios a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicas si la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) determina que, probablemente, dependerían de la asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.

El gobierno de Trump propone agregar a la lista de cargas públicas “beneficios que apoyan a las familias con estatus de inmigración mixta y protegen la salud pública”, advierte CLINIC.

No todos serán afectados

Pero no todos los inmigrantes en proceso de legalizar sus permanencias o solicitar una visa se verán afectados por el nuevo reglamento. “Según la propuesta del gobierno, la determinación de inisibilidad a base de carga publica se le aplica a un gran número de personas buscando una visa de inmigrante o no-inmigrante”, dice Armando Olmedo, abogado de inmigración y co-autor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, una guía de Univision. “Sin embargo, la propuesta menciona varias exenciones importantes”, agregó.

De acuerdo con el borrador publicado el 10 de octubre en el Registro Federal, grupos de inmigrantes quedarán exentos de ser declarados carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde). Entre ellos los siguientes:

• Refugiados y asilados. Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política.
• Intérpretes de afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2006.
• Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
• Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
• Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
• Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
• Inmigrantes amparados por el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
• Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
• Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.´
• No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
• No-inmigramtes víctimas de crimenes que piden la visa U.
• Víctimas de abuso doméstico peticionarios del amparo bajo la Ley VAWA.
• Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

Comentario público

Tras la publicación de la propuesta en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), el gobierno abrió una ventana de 60 días para recibir comentarios públicos, un período que vence el 10 de diciembre.

Organizaciones nacionales de ayuda a inmigrantes reiteraron la importancia de emitir comentarios para que el gobierno, por ley, los considere e incluya en la redacción del reglamento final, que podría ser publicado en un par de semanas.

La propuesta del gobierno “aumentará la pobreza y la inseguridad de vivienda, reducirá los logros educativos y tendrá efectos negativos en empresas y organizaciones benéficas”, dijo Melissa Boteach, vicepresidenta principal del Poverty to Prosperity Program.

Tom Jawetz, vicepresidente de la organización Immigration Policy, dijo que, “la regla propuesta por el gobierno de Trump cambiaría radicalmente la cara de la futura inmigración a este país, otorgando a los agentes (federales de inmigración) una discreción sin precedentes para discriminar a las familias trabajadoras”.

“Más que cualquier otra política adoptada por el gobierno hasta la fecha, esta regla propuesta deja claro que, a pesar de toda la retórica de campaña, esta istración se opone a la inmigración y los inmigrantes. Punto”, indicó.

Las organizaciones reiteraron que, el uso del derecho a formular comentario público es una herramienta valiosa que el gobierno debe considerar, y urgieron a la población a ingresar a la página del Registro Federal y opinar sobre los cambios propuestos por el DHS.