Mayoría de inmigrantes que pierden casos de asilo no tiene representación legal
A pesar de los programas creados por el gobierno en el último año para asistir a inmigrantes que buscan asilo, la mayoría de los extranjeros que perdieron sus casos no contaban con representación legal, un problema que, en vez de desaparecer, persiste.
Según los últimos registros caso por caso hasta finales de 2021 de la Corte de Inmigración (EOIR), entre mayo y diciembre se habían asignado más de 72,000 casos relacionados con familias solicitantes de asilo bajo una nueva iniciativa diseñada por el gobierno de Joe Biden conocida como “Dedicated Docket (DD)”.
De ellos, 1,557 peticionarios recibieron una orden de deportación tras perder sus casos y solo 75 (equivalente al 4.7%) tenían representación legal, revela un reciente informe del Centro de Información y de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.
A la fecha se han completado el 12% de los casos de la nueva iniciativa según los registros judiciales. El programa tiene como objetivo concluir los procesos en un plazo no mayor a 300 días y de esa manera ayudar a descongestionar la EOIR, que tiene acumulados casi 1.5 millones de expedientes.
El programa
A finales de mayo los secretarios de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, y de Justicia (DOJ), Merrick Garland, anunciaron la implementación de la iniciativa DD para acelerar los procesos de asilo de familias que llegan entre puertos de entrada de la frontera con México en busca de asilo en Estados Unidos.
“Este nuevo proceso debería reducir significativamente la cantidad de tiempo que tardan los migrantes en resolver sus casos y, al mismo tiempo, brindar audiencias justas para las familias que buscan asilo en la frontera”, indicaron ambos funcionarios.
Hasta ese momento las familias que llegaban a la frontera en busca de asilo (y eran clasificadas como Unidades Familiares) estaban siendo expulsadas aceleradamente a México bajo el coronavirus, una medida adoptada en el 2020 por el entonces gobierno de Donald Trump.
Tras asumir el control de la Casa Blanca, en enero, Biden eliminó gran parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ en la frontera, entre ella el Programa de protección del Migrante (MPP), pero mantuvo vigente el Título 42.
Sin embargo, el diciembre el gobierno volvió a reinstalar el MPP tras la orden de un juez federal de Texas en respuesta a una demanda entablada por los estados de Texas y Missouiri, ambos gobernados por republicanos.
Otros datos del informe
El estudio del TRAC revela además que, si bien, por lo general, el 90% de los solicitantes de asilo que no están sujetos a un cronograma acelerado estuvieron representados en los casos de asilo decididos durante este período, siete meses después de iniciado el programa “sólo el 15.5% de los que están en el DD ahora están representados”.
En cuando a las nacionalidades de las familias cuyos casos están siendo procesadas bajo el DD, ciudadanos de Brasil, Ecuador y Honduras “representan la mitad de los itidos hasta ahora”.
El informe también revela que si algún país aceptara las expulsiones bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, activado en 2020 por la pandemia, “la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) elegirá la deportación en lugar de permitir que la persona ingrese a Estados Unidos a través de la iniciativa DD”.
Fallos del programa
El reporte también muestra fallos en el programa. “Una consecuencia imprevista del DD ha sido que el gobierno no se ha mantenido al día con el papeleo necesario”, denuncia el TRAC.
También indica que “uno de cada diez casos hasta ahora ha sido desestimado porque el tribunal carecía de jurisdicción”, esto debido a que “la presentación real de la Notificación de comparecencia (NTA) no había llegado al Tribunal cuando se programó la primera audiencia”.
“Para istrar adecuadamente esta iniciativa y brindar informes precisos y oportunos al público, se debe llevar a cabo un seguimiento confiable de todas las familias asignadas a este programa. Esto no ha ocurrido”, puntualiza el TRAC.
En julio de 2019, seis meses después de la primera implementación del MPP, el TRAC advirtió que solo 1.2% de los inmigrantes bajo el cuestionado programa cuyos casos fueron resueltos, habían tenido a un abogado. Y que, de un total de 12,997 casos pendientes, 1.3% había conseguido a ese momento la ayuda de un abogado.
